El empresario Kamel Nacif Borge, El Rey de la Mezclilla, contra quien pesa una orden de aprehensión por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, fue localizado en el Líbano, por lo que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciaron los trámites para solicitar su extradición a México, informaron funcionarios del gobierno federal.
En abril de 2019, la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, ordenó la aprehensión del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, El Gober Precioso, y de Kamel Nacif por el citado delito, informó Milenio.
El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, participó en un debate con el investigador Edgardo Buscaglia, en el programa de radio que conduce Carmen Aristegui, donde se refirió al caso Lydia Cacho.
Sin revelar el nombre, Gertz Manero aseguró que uno de los involucrados en el caso de la periodista escapó a Líbano.
“En el asunto de Lydia Cacho, cuando nosotros llegamos, ese era un asunto que era muy doloroso y que volvimos a retomar porque se había perdido, y logramos obtener, señor, las órdenes de aprehensión que nadie había podido obtener, y una vez que las obtuvimos, a uno de los delincuentes ya lo tenemos en la cárcel, el otro huyó a Líbano donde tenemos un proceso de extradición”, señaló el fiscal.
De acuerdo con funcionarios federales, dicha persona es Kamel Nacif, El Rey de la Mezclilla.
En 2005, Lydia Cacho fue detenida por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, derivado de las acusaciones presentadas por Kamel Nacif, a causa de la publicación del libro, “Los Demonios del Edén”, en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad.
En su momento se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Mario Marín, en las que este último manifestó su apoyo al empresario para imponerle un correctivo a la periodista.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación, donde se creó una Comisión Investigadora, pero el Pleno se abstuvo de señalar al gobernador Mario Marín como responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista, debido a que no se demostró la existencia de una falta grave a sus derechos, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que concluyó el asunto.
Sin embargo, el ministro Juan N. Silva Meza, encargado de la comisión, defendió el dictamen presentado y declaró: “Tengo la convicción plena de que, en un estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.
