Estancada durante años, la investigación del caso Ayotzinapa avanza de la mano de la actual Fiscalía, que en apenas dos años ha encontrado restos de dos de los 43 normalistas desaparecidos y se ha ganado el respeto de sus familias, muy criticas con la administración anterior.
Este martes, los investigadores han anunciado el hallazgo de restos óseos de Jhosivani Guerrero. El laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, ha confirmado su identidad. Los nuevos fragmentos de hueso aparecieron en el mismo paraje donde la fiscalía encontró restos de Christian Rodríguez el año pasado, la barranca de La Carnicería. Desde 2014, las autoridades han identificado restos de tres estudiantes, detalla El País.
Ignorada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), La Carnicería aparece así como epicentro de las pesquisas, no tanto por los datos que pueda aportar a partir de ahora, sino porque ilustra el espíritu de una nueva narrativa, apenas enunciada por precaución.
Fuentes cercanas a la investigación apuntan que lo más “lógico” es que los muchachos fueran separados durante el ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, en el Estado de Guerrero. Una vez separados, el grupo agresor, conformado por delincuentes de la red criminal Guerreros Unidos y agentes de diferentes cuerpos de seguridad, habría llevado a los muchachos a diferentes lugares en vez de a uno solo, el basurero del municipio vecino de Cocula, base de la versión que dieron las autoridades durante los años de Peña Nieto.
Otro asunto que ha cobrado relevancia con el paso de los años es la multiplicidad de cuerpos de seguridad implicados en el ataque. No fueron solo las policías de Iguala y Cocula las que se coordinaron con Guerreros Unidos, como apuntó al principio la administración Peña Nieto.
Otras corporaciones estuvieron implicadas directamente en el ataque y desaparición de los estudiantes, caso de la policía de Huitzuco. Otras evitaron actuar, sabiendo que los normalistas corrían peligro, caso de la Policía Federal. Y luego está el Ejército, cuyo papel sigue siendo borroso.
Militares patrullaron las calles antes, durante y después del ataque y nunca auxiliaron a los muchachos. Algunos estudiantes denunciaron incluso que militares les amedrentaron después del primer ataque, cuando se refugiaban en un hospital.
De naturaleza opaca, la Secretaría de la Defensa se ha resistido a colaborar con los investigadores estos años. Su relación ha sido complicada y apenas en los últimos tres meses les ha abierto la puerta a sus archivos.
Según fuentes cercanas a la investigación consultadas en el último mes, la intervención aquí del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha sido esencial para que el Ejército cediera. Los investigadores han tenido acceso a documentos de los batallones de Iguala y Teloloapan, así como a los archivos de la zona y la región militar. Los documentos hallados allí podrían ayudar a esclarecer su papel en la noche del ataque y los días posteriores.
El motivo de la agresión sigue siendo un misterio. El Gobierno anterior sugirió que el grupo atacante había confundido a los normalistas con una banda enemiga, incluso que parte de los normalistas eran parte de esa banda.
A lo largo de los años han aparecido otras hipótesis. La más extendida apunta que los estudiantes trataron de llevarse autobuses de línea que Guerreros Unidos usaban para transportar heroína a Estados Unidos.
La toma de autobuses es típica de los estudiantes normalistas, que usan los vehículos para acudir a marchas y reuniones. En 2014, los estudiantes de Ayotzinapa fueron a Iguala a llevarse autobuses para después trasladarse a Ciudad de México, con motivo de los actos conmemorativos de la matanza de Tlatelolco de 1968.
