La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que detectó presuntas irregularidades por más de 544 mil millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Lo anterior, luego de que la dependencia realizó 2 mil 500 auditorías, las cuales derivaron en la emisión de 10 mil observaciones y el inicio de más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas.
Al presentar su informe de labores, la titular de la Secretaría, Irma Eréndira Sándoval, detalló que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación y Salud, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En el informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirmó la funcionaria, de acuerdo con un comunicado.
Entre los casos ejemplares de corrupción detectados, dijo, está el desvío del trazado de una carretera en Puerto Vallarta-Manzanillo para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico; así como el sobrecosto de mil 442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz.
Otro ejemplo, fue el "desfalco" en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.
Refirió que, en otros casos, como el del aeropuerto que se construía en Texcoco, la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos, que incluyen más de 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6 mil millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.
Con auditorías a la operación regional, la Función Pública fiscalizó, además, ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación, y que en 2018 alcanzaron 236 mil 430 millones de pesos destinados a 53 programas en total.
