Ciudad de México.- La Fiscalía General informó la tarde del domingo en un comunicado que abrió una investigación penal “por los posibles delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones áreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria y lo que resulte".
La extraña respuesta a la captura de un narcotraficante por el que se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares se basa en un artículo del código penal federal mexicano que establece penas de hasta 40 años de cárcel por traición a la patria.
El artículo incluye las definiciones tradicionales de traición —atacar a México en nombre de una potencia extranjera o servir a un ejército extranjero—, pero también establece que comete traición “quien prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador considera una afrenta cualquier intervención estadunidense. De hecho el lunes cuestionó la política del país vecino de detener a los líderes de los cárteles de la droga. ”¿Por qué no cambian esa política?”, describió todo el asunto como un posible complot de algunos sectores estadunidenses para desprestigiarlo vinculando a su organización con los capos de la droga.
Durante su habitual conferencia de prensa el mandatario recomendó a la Fiscalía mexicana que solicite al gobierno estadunidense que informe sobre el paradero y nacionalidad del piloto que trasladó a Zambada y Guzmán López y expresó su respaldo a la decisión la Fiscalía de asumir la investigación del proceso de detención de los dos capos.
López Obrador reconoció el trato respetuoso del embajador estadunidense en México, Ken Salazar, quien el viernes declaró que Guzmán López entregó a Zambada en una operación en la que el gobierno de EU no había participado, pero manifestó dudas sobre sus afirmaciones y dijo que en esos casos “intervienen muchos intereses”.
