Ciudad de México.- Con la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, al menos cuatro de las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, serían abordadas en el Congreso de la Unión una vez instalada la 66 Legislatura a partir del próximo 1 de septiembre, según detalló el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco.
Entre las propuestas que han sido postergadas y serían retomadas por los legisladores se encuentran las reformas Electoral y Judicial, así como la eliminación de organismos autónomos y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
¿En qué consisten estas reformas?
Reforma al Poder Judicial
Los cambios propuestos por López Obrador contemplan una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, pueda garantizar eficiencia, austeridad y transparencia en el máximo tribunal. Además, propone la elección popular de ministros, magistrados y jueces; la sustitución del Consejo de Judicatura Federal y nuevas reglas procesales.
Dentro de los cambios, se propone bajar el número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes; reducir el periodo de su encargo de 15 a 12 años; eliminar las dos salas, así la corte sólo sesionará en Pleno y sus sesiones deberán ser públicas.
También se propone eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras. En tanto que sus remuneraciones deberán ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.
En cuanto a la elección de ministros, magistrados y jueces, se establece que en 2025, se realizará una elección extraordinaria para renovar todos estos puestos del Poder Judicial.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir del 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo (Presidente) propondrá hasta 10 candidaturas; el Poder Legislativo (Diputados y Senadores) presentará cinco perfiles por cada cámara, por mayoría calificada; el Poder Judicial postulará hasta 10 prospectos a través del Pleno de la SCJN, por mayoría de seis votos.
Para los mil 633 magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión).
Otro de los cambios importantes sería la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, que en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, se propone que esté integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años, propuestos por los Poderes de la Unión. Dicho organismo, podrá recibir denuncias de cualquier persona o autoridad, e investigar a ministros, magistrados y jueces, así como personal judicial por actos contrarios a la ley, corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, entre otros.
Por otro lado, el Órgano de Administración Judicial estaría integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años por los Poderes de la Unión: el Ejecutivo nombrará uno; el Senado, otro; y la SCJN a tres. Éstas personas serán los responsables de las funciones administrativas de la carrera judicial y control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.
Asimismo, se proponen nuevas reglas procesales, entre las que destaca Justicia Expedita, marcando como plazo máximo, 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un 1 año para asuntos penales.
Se proponen también eliminar las suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Además, los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
En cuanto a los fideicomisos del Poder Judicial, la reforma contempla que una vez que se concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Reforma Electoral
Dentro de los cambios que ha propuesto el Presidente de la República y que serán valorados por los legisladores se encuentra el reducir a la mitad el financiamiento ordinaria y de campaña a los partidos políticos, así como eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas, con lo que el Gobierno Federal pretende generar ahorros superiores a los 32 mil millones de pesos entre 2025 y 2030.
También, la reforma contempla la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual, sustituiría al actual Instituto Nacional Electoral (INE) y absorberá las funciones de los 32 OPLEs. Asimismo, reducirá el número de consejeros electorales de 11 a 9 integrantes y el periodo de sus cargos pasará de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección.
Además, se proponer fortalecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dicho organismo absorberá las funciones de los 32 Tribunales Electorales Locales del País y reducirá el periodo de los magistrados electorales de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección.
La reforma propone además, eliminar 200 diputados y 64 senadores plurinominales. El Congreso tendrá 300 diputados y 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa en los distritos o estados que representen.
Los Congresos Locales, tampoco tendrían diputados plurinominales, eliminándose así un total de 459 legisladores locales. Las entidades con menos de 1 millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán incrementarse en uno por cada 500 mil habitantes hasta un máximo de 45.
Se reducirá el número de regidores y concejales, dejando una Sindicatura por Ayuntamiento y hasta nueve regidores y concejales, en función al número de habitantes del municipio o alcaldía.
La propuesta del Presidente incluye además promover las consultas populares y la revocación de mandato, reduciendo del 40 al 30 por ciento el porcentaje de participación requerido para que sean vinculantes, es decir, el equivalente a 30 millones de votos. Además, las consultas se realizarán el mismo día de las elecciones ordinarias (cada 3 años en consultas populares, y cada elección intermedia en revocación de mandato)
Asimismo se permitiría que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser consultado. En tanto que también se avalaría el registro de nuevos partidos políticos cada tres años y no cada seis como sucede actualmente.
Eliminación de organismos autónomos
De acuerdo con Gobierno Federal, existen órganos constitucionales autónomos con funciones que antes recaían en las secretarías de Estado, mismas que ya existían o que formaban parte de la administración pública federal.
Para resolver esa duplicidad, la propuesta plantea la desaparición de los siguientes órganos autónomos o reguladores: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
También se dispone que las funciones regresen a las dependencias donde correspondan; igualmente, desaparecer 17 organismos descentralizados y desconcentrados para que formen parte de las dependencias hoy responsables.
Se establece que dicha eliminación se realice conforme a los derechos de las y los trabajadores y que el ahorro que resulte de la desaparición de los organismos mencionados también forme parte del fondo para pensiones.
Traspaso de la Guardia Nacional
La reforma plantea integrara la Guardia Nacional con personal militar y que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También que ejecute la estrategia de seguridad pública y se conduzca con doctrina policial.
Otro de los cambios es que se sujete al fueron común y federal y que sea el Senado quien ratifique los grados superiores. Mientras que en el materia de seguridad social, se propone que los elementos tengan los mismos beneficios que militares y marinos.
Otro aspecto de alta relevancia dentro de la iniciativa es la modificación al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Luego de las declaraciones de los grupos parlamentarios de Morena, realizados la tarde de jueves, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum señaló que el destino de las reformas no estaba definido y llamó abrirse al diálogo para procesarlas.
