A pesar de que la interrupción legal del embarazo conquista progresivamente más territorios, en ocho estados persiguen a más personas por el delito de abortar que a hombres por haber cometido feminicidio. Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México encabezan esta lista.
De acuerdo con Milenio, basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en el Estado de México abrieron 165 carpetas de investigación por aborto frente a 157 indagaciones de feminicidio. Le sigue Nuevo León, con 128 versus 71, y Ciudad de México, donde pese a que la interrupción del embarazo es legal hasta las 12.6 semanas de gestación, se iniciaron 112 procesos por aborto frente a 71 por feminicidio.
A nivel nacional, entre enero de 2020 y el primer mes de este año, se abrieron mil 41 investigaciones por feminicidio y 766 por aborto. La diferencia es de apenas 26.4 por ciento. No obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en septiembre de 2021 inconstitucional criminalizar a las mujeres que interrumpen el embarazo, el personal médico y otros ciudadanos siguen denunciando a las personas que optan por esta alternativa.
Los defensores de derechos humanos consideran que es preocupante que aún se siga condenando a las mujeres por esta circunstancia, sobre todo porque en México se cometen más de 10 feminicidios diariamente. A la fecha, 22 estados se encuentran en alerta de violencia de género.
Melissa Ayala García, coordinadora de Documentación y Litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguró que la persecución del delito de aborto “es un reflejo muy importante de ciertas prioridades por parte de los estados, en donde resulta mucho más sencillo criminalizar a una mujer, que realmente capacitar y hacer cambios estructurales para evitar que siga ocurriendo este fenómeno del feminicidio”.
Otros estados que iniciaron más investigaciones por aborto que por feminicidio fueron Tamaulipas, con 46 abortos versus cinco feminicidios; Querétaro, 39 frente a nueve; Baja California, 38 versus 20; Aguscalientes, 16 frente a 11, y Baja California Sur, 14 versus ocho.
El Sesnsp agrupa al aborto con otros delitos que atentan contra la vida y la integridad, aun en las seis entidades donde es legal por voluntad elegida, y no desagrega los datos de los imputados por sexo, por lo que es complejo identificar cuántas mujeres y hombres han sido denunciados por abortar.
En las entidades que permiten la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, podría tratarse de una persona que tomó la decisión al vencer el plazo legal; sin embargo, José Luis Gutiérrez Román, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), señaló que al menos esta organización no tiene registro de un solo caso así, por el contrario, detalló, es común brindar acompañamiento a las mujeres que por un accidente perdieron el producto de la concepción.
Dependiendo del estado, las mujeres tienen más o menos derechos para decidir sobre su cuerpo, pero de ello también se desprenden las situaciones por las que una mujer puede ser perseguida.
Tanto en Nuevo León, que ocupó el tercer lugar a nivel nacional en feminicidios durante 2020, como en el Edomex, que ocupó el segundo lugar en feminicidio el año pasado, la interrupción del embarazo se penaliza desde la primera semana de gestación, lo que ocasiona que en muchos casos las personas interrumpan el embarazo desde la clandestinidad, lo cual eleva la posibilidad de que presenten emergencias obstétricas.
Y como el aborto no es un delito que se sigue de oficio, sino que alguien debe denunciarlo, las mujeres frecuentemente son señaladas por el personal de salud, que primero se niega a brindar la atención médica, coincidieron ambos expertos.
“En muchas ocasiones las y los médicos del personal de salud, aun cuando existe ya toda una normatividad que determina cómo se debe realizar este procedimiento, este servicio médico, no lo realiza”, explicó la vocera de GIRE.
Gutiérrez Román añadió que hay casos en los que la mujer no se da cuenta que estaba embarazada hasta que ocurre la emergencia obstétrica, por lo que también se les llega a acusar de homicidio en razón de parentesco e incluso infanticidio, aun cuando no sea por elección sino accidental.
“Por el hecho de no haberse cuidado o no haber ido mensualmente a su clínica, ellas también son prácticamente acusadas por homicidio, alegando el deber de cuidado que ellas deberían de tener y el instinto materno; es decir, estas cuestiones de género que siempre se les quieren imponer a las mujeres”.
El experto detalló que estas circunstancias ocasionan que el proceso se lleve a cabo sin ninguna perspectiva de género, “que no les importe por lo que las mujeres pueden estar pasando en contexto de su salud sexual y reproductiva”.
Por lo anterior, Ayala García consideró que la criminalización es injusta “porque estamos hablando de un derecho que las mujeres deben de tener”.
