Es una de las consecuencias más dolorosas del machismo, de la misoginia que hay en México: la orfandad en la que yacen miles de niños y adolescentes que fueron mutilados de sus madres a causa de los feminicidios, perpetrados mayoritariamente por los esposos, novios o parejas de esas mujeres.
Nada más en lo que va del sexenio, de diciembre de 2018 hasta marzo de 2021, el gobierno federal censó a 4 mil 966 menores de edad en orfandad por los asesinatos de sus mamás, de acuerdo con El Universal, que proceden de las fiscalías de los estados y han sido recabados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) que concentró las cifras en el documento La violencia contra las mujeres en México, donde enumeró las estadísticas bajo el título: “Niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio”.
Sumados los datos provisionales de abril, recogidos por el reportero en las entidades (106 niños y adolescentes más), la cifra ha llegado a 5 mil 72 huérfanos.
Esta violencia tiene un ritmo depredador, incontenible, que destroza familias: implica un promedio mensual de 177 casos de orfandad por feminicidio entre diciembre de 2018 y marzo de 2021, al menos cinco niños huérfanos al día (5.9). Es decir, que en México casi seis niños pierden a sus madres cada jornada, porque fueron víctimas de feminicidios.
En este sexenio se han perpetrado 2 mil 222 feminicidios en el país (cifras hasta marzo, que son los datos disponibles más recientes en el Sistema Nacional de Seguridad Pública), lo que ha dejado un promedio de dos huérfanos (2.2) por cada caso de violencia letal contra la mujer.
De acuerdo con lo que indagó este diario, con el censo que está concluyendo, el gobierno federal pretende realizar un padrón de huérfanos para auxiliarlos con terapias y becas estudiantiles. También tiene la intención de ayudar con recursos económicos a quienes se hacen cargo de ellos, que por lo general son abuelos y tías.
Igualmente se quieren identificar casos conflictivos, porque se han detectado huérfanos que han quedado en manos de feminicidas que no han sido procesados, o que viven en casa de familiares de los asesinos, por lo general abuelos, y ahí son maltratados, estigmatizados, culpabilizados de que sus padres estén presos.
Se piensa instaurar un protocolo para que en las fiscalías estatales se sigan censando a los huérfanos: se trataría de que, en cuanto haya un caso de feminicidio, de inmediato las fiscalías indaguen si tienen hijos, sus edades, y avisen al DIF local para que proceda a auxiliarlos y a sus familiares, además de verificar si hay ambientes hostiles en los hogares para los menores.
Algunos estados, como Oaxaca y Coahuila ya tienen programas de apoyo de este tipo.
El gobierno también busca que los menores reciban trato sicológico, probablemente en universidades, para que puedan transitar sus duelos y para que crezcan en normalidad, a fin de que los varones no repitan patrones de violencia, o para impedir que las niñas tengan comportamientos sumisos ante hombres violentos.
Pero más allá de las cifras y de las políticas públicas, o de la ausencia de éstas, están las historias de dolor que padecen niños y adolescentes, y también quienes los cuidan, lo que muchas veces implica largos periodos de terapia. Son historias desgarradoras, muchas de las cuales ocurrieron antes de que iniciara el periodo del actual gobierno, lo que pone a esas víctimas en una mayor indefensión, porque podrían quedar fuera de programas de ayuda, ya que el censo federal sólo incluye, hasta ahora, a personas afectadas durante este sexenio.
La abuela y los huérfanos
Esta es la historia de Margarita, de 63 años, abuela con dos nietos víctimas de feminicidio: “El 31 de diciembre de 2016 mi vida cambió de manera radical, completamente. Fue un giro de 180 grados. Nosotros ya nos dedicábamos nada más a nosotros dos, mi esposo y yo. A veces teníamos visita de los nietos, pero fuera de eso, nuestra vida era ver películas, descansar. Ya planeábamos una casa de descanso donde nos atendieran y no tener que dedicarnos a atendernos. Nuestra vida era tranquila.
“Yo me dedicaba a leer, a tejer, a pasear acá en Acapulco. Cuando mataron a mi hija, volvimos a empezar: no es lo mismo vivir solos retirados que de pronto tener a un niño de 12 años y a una niña de casi tres que necesitaba muchísima atención. Para nosotros es una bendición tener a estos niños, pero sí es mucho trabajo para quienes ya vivían solos descansando de la vida, y ahora están como papás de niños”, narra Margarita Alanís, cuya hija Campira Camorlinga, de 31, fue asesinada en la Ciudad de México por Jorge Humberto Martínez, un sujeto apodado El Matanovias.
También hubo cambios y trastornos económicos para la abuela, una mujer que fue secretaria en el Colegio de Bachilleres y que ya tenía tiempo jubilada, lo mismo que su esposo, maestro de escuelas particulares y profesor en Bachilleres, donde impartía clases de filosofía.
“Las despensas para comer se duplicaron. La pensión de mi esposo es de 3 mil 500 pesos al mes, porque estamos pagando esta casa, y la mía es de mil 800, porque pago seguros médicos. Tenemos, de pensiones 5 mil 300 pesos. Tenemos un departamento en la Ciudad de México que nos daba 6 mil pesos de renta, y esos nos ayudaba mucho, pero con la crisis de la pandemia desde octubre no me dan la renta, o me dan pagos a cuentagotas”, cuenta la mujer, quien tuvo que reinventarse emocionalmente para volver a funcionar como madre de dos niños, porque no es lo mismo gozarlos como nietos que educarlos como hijos, dice.
Margarita entendió que sus nietos-hijos eran víctimas indirectas de un feminicidio y que el Estado tenía la obligación de protegerlos, aunque ellos todavía no quedan registrados en el censo de la Conavim.
“Un año después de que mataron a mi hija me enteré que teníamos derechos”. Finalmente la abuela luchó para que la ayudaran, aunque el feminicidio hubiera ocurrido dos años antes de que iniciara el actual gobierno, y en la Ciudad de México le dieron la beca Leona Vicario, que representa 932 pesos al mes por cada niño, mil 864 por ambos. Con esos y sus pensiones viven los cuatro: 7 mil 164 pesos de ingresos fijos de donde pagan escuelas, ropa y alimentación.
