Quito.- La embajada de México en Quito ha dado protección a otros tres políticos opositores ecuatorianos que aún no tienen procesos ni acusaciones, después de una huelga nacional durante la que grupos de encapuchados atacaron e incendiaron la Contraloría, entidad que investiga la corrupción durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa.
En un breve comunicado, la cancillería mexicana dijo que recibió en sus instalaciones “para brindarles protección y resguardo, a las siguientes personas: Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional; Soledad Buendía, asambleísta nacional; Carlos Viteri, asambleísta nacional, así como a sus cónyuges”.
Añadió que “nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política” y que reafirma su postura de no intervención y su deseo de una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador”.
El canciller ecuatoriano, José Valencia, dijo tras una reunión de la Organización de Estados Americanos en Washington que México ha reiterado siempre que al “obrar en el sentido que están obrando únicamente están atendiendo a disposiciones de su propia legislación y ellos han reiterado también la permanente amistad que México tiene con el Ecuador”.
El 12 de octubre se notificó el ingreso a la embajada de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, aduciendo que las fuerzas del orden le estaban haciendo un seguimiento extrajudicial.
Además es buscado por la policía el exasambleísta Virgilio Hernández, que junto a quienes se refugiaron en la embajada mexicana son muy cercanos a Correa.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro repudió el martes las acciones judiciales en contra de dirigentes políticos y activistas, afirmando que se trata de una "estrategia de criminalización de la disidencia, judicialización de la política y violación de los derechos humanos" después de las protestas.
En torno a los violentos acontecimientos ocurridos el fin de semana, especialmente en esta ciudad, fue detenida el 14 de octubre Paola Pabón, prefecta (gobernadora) de Pichincha, cuya capital es Quito, para investigaciones preliminares que condujeron al presidente de la corte provincial, Julio Arrieta, a disponer prisión preventiva para ella, citando artículos penales en torno a desestabilizar el estado.
El ex vicepresidente Jorge Glas, varios ministros y otros altos funcionarios están detenidos o procesados por acusaciones de millonarios actos de corrupción con fondos públicos y el ataque a la Contraloría.
