Ciudad de México- El líder de las mayorías en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que ya prepara el proyecto de una reforma electoral profunda, que establezca racionalidad en el uso de los recursos públicos para organizar los comicios y someta a los órganos electorales al principio de legalidad.
Destacó que una vez que concluya el proceso electoral del próximo 6 de junio, será inevitable someter al principio de legalidad a los órganos electorales, al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales y los tribunales locales en materia electoral.
Estoy preparando la iniciativa que pronto presentaré para poder establecer, entre otras cosas, una racionalidad en el uso de recursos públicos, porque para este proceso se van a erogar más de 40 mil millones de pesos.
Además, dijo, se tiene que dar paso a la urna electrónica, a mecanismos modernos para poder ejercer el derecho del voto y que éste sea respetado.
Asentó que uno de los temas delicados que se repite en todas partes es el de los funcionarios públicos que abusan de su función y acuden a actos proselitistas a ofrecer, a cambio del voto, beneficios, a pesar de que el fraude electoral es un delito grave.
Monreal Ávila advirtió que el uso de programas públicos, tarjetas o entrega despensas, constituyen un delito federal grave que no alcanza fianza para los funcionarios que lo cometan.
Dijo que la persecución y la sanción de dichas conductas es de vital importancia para lograr una justicia completa, pues en ciertos casos no basta que el Tribunal Electoral declare que se ha cometido alguna irregularidad, sino que se tiene que sancionar penalmente al responsable.
El líder de la mayoría legislativa en el Senado reiteró que otro de los temas a revisar es el impacto de las redes sociales, con bots y campañas sucias, en el desarrollo de la contienda electoral, toda vez que se pagan cantidades millonarias en pautas, que se salen del control del órgano de vigilancia.
Pero también se requiere regular la propaganda gubernamental y que las sanciones que impone el INE se rijan por los estándares constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, sobre todo cuando la consecuencia es la privación del derecho humano a ser votado.
La justicia electoral, asentó, tiene que ser proporcional, sin que haya impunidad. Por eso este es el tema que se debe revisar, pues es necesario mayor precisión para que el órgano electoral no incurra en abusos y se evite que suplante al Poder Legislativo.
“Nuestra democracia, nuestros órganos electorales son los más caros del mundo, y ahora después de la cancelación de 49 registros a Morena, un gran porcentaje de ciudadanos cree que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son contraparte, no son árbitros ni están actuando con imparcialidad, certeza y objetividad”, señaló
Se trató, reiteró, de sanciones desproporcionadas, excesivas e irracionales, que demuestran que el INE y el TEPJF “están actuando con parcialidad, con incertidumbre y con una gran subjetividad”.
Con información de El Sol de México.
