Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su preocupación por la propuesta de reforma judicial que se discutirá en la Cámara de Diputados, advirtiendo que la elección de jueces por voto popular podría comprometer la democracia mexicana y afectar la integración económica de Norteamérica.
En un comunicado, Salazar señaló que el proceso de selección directa de jueces podría debilitar el Poder Judicial y facilitar la interferencia política en sus decisiones. "La elección directa de jueces representa un riesgo no solo para la democracia en México, sino también para la estabilidad económica en la región bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)", afirmó.
El diplomático también cuestionó la efectividad de esta reforma para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial, uno de los principales argumentos presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Elegir jueces a través del voto popular no resolverá la corrupción judicial ni fortalecerá al Poder Judicial. Al contrario, podría politizar el proceso y debilitar los esfuerzos de integración económica de América del Norte", advirtió.
Salazar destacó la importancia de garantizar que los jueces sean altamente calificados y tengan una carrera judicial sólida, señalando que la reforma, tal como está planteada, podría eliminar esos requisitos esenciales. Además, subrayó que cualquier reforma judicial debe tener como objetivo principal el fortalecimiento del Poder Judicial, sin dejar espacio para la corrupción política.
El embajador también advirtió que la reforma podría complicar la lucha contra los cárteles, ya que los jueces elegidos por voto popular podrían carecer de la experiencia necesaria para enfrentar el crimen organizado. "Esto podría facilitar que cárteles y otros actores malintencionados se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas", enfatizó.
Finalmente, Salazar instó a que el debate en torno a la reforma permita modificaciones que garanticen su aplicación efectiva, asegurando que el marco jurídico mantenga la certidumbre necesaria para atraer inversiones y fortalecer la justicia en México.
