Ciudad Juárez.- Tras más de seis horas de audiencia, el juez de Control de primera instancia, Apolinar Juárez Castro, vinculó a proceso a José Luis A. C. y a Facundo M. R., propietario y encargado del crematorio Plenitud, lugar donde hace más de una semana se localizaron 383 cuerpos que, en lugar de ser cremados, fueron ocultados, apilados y hacinados en el establecimiento.
En la audiencia de vinculación a proceso también se estableció un plazo de seis meses para aportar más datos a la investigación complementaria.
Este plazo está justificado, ya que el procesamiento, identificación y disposición de 383 cadáveres tomará considerablemente de este tiempo, expresó el juez Juárez.
Tanto al propietario como al encargado del crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas de Chapultepec, se les acusó de los delitos contra las normas de inhumación y exhumación y contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, establecidos en el Artículo 202 del Código Penal del Estado:
Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de treinta a noventa días multa, a quien:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales...Asimismo, se les señala por el Artículo 462 de la Ley General de Salud, que establece de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:
I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos...Una de las consideraciones que el juez expuso para determinar la vinculación fue que, a pesar de que el crematorio Plenitud operaba con permisos correspondientes (uno de ellos vencido, el de la Dirección de Ecología del municipio), estos permitían la disposición de cuerpos, que según la ley debe realizarse en un plazo máximo de 48 horas tras la muerte, pero no autorizaban la conservación ilícita ni el ocultamiento de cuerpos apilados y sin el mínimo cumplimiento de normas sanitarias.
En la audiencia también se hizo referencia al trato inadecuado e indigno de los cadáveres, así como al riesgo a la salud pública que implica el ocultamiento de los cuerpos durante al menos un año, según la estimación de peritos expertos en el tema.
