Ciudad Juárez.– Cuando el gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva el 20 de enero de 2025 para que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, entre otras dependencias, designaran a ciertos cárteles del narcotráfico como Organizaciones Terroristas Extranjeras, y a partir de ahí se emitieran regulaciones y acciones para actuar en su contra, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió el serio riesgo que esto representaba para la economía mexicana, adelantando la gravedad de la situación.
Para el IMEF, este señalamiento de las autoridades estadunidenses también genera una legítima preocupación en torno al atractivo de México como destino de inversión, ya que la falta de una supervisión financiera sólida y autónoma puede exponer a las instituciones que operan en el país al riesgo de sanciones por parte de EU e incrementar la percepción de incertidumbre y vulnerabilidad jurídica para los inversionistas.
Este entorno puede disuadir la llegada de capital a México, encarecer el costo del financiamiento y debilitar la competitividad del país, advirtió el organismo.
Para los ejecutivos de finanzas del país, urge blindar a la economía mexicana frente a estos riesgos, situación que exige construir una arquitectura institucional más robusta, con capacidades fortalecidas de supervisión y cumplimiento que garanticen certeza, transparencia y apego a la legalidad.
Contar con controles eficaces en el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y detectar riesgos es fundamental para garantizar la integridad, estabilidad y confianza en las instituciones financieras establecidas en México, se destacó en el documento de los ejecutivos de finanzas.
De acuerdo con el IMEF, las autoridades mexicanas deben actuar frente a riesgos en el sistema financiero a través de mecanismos propios de supervisión y de prevención proactiva, no reactiva.
Por ello, este organismo de la iniciativa privada destacó la necesidad y urgencia de que el gobierno mexicano y el Congreso de la Unión fortalezcan la normatividad en el sector financiero, en tanto que exhorta a las empresas mexicanas a ejercer de manera urgente un compliance (conjunto de procedimientos, políticas y prácticas que una empresa o institución implementa para asegurar el cumplimiento de las leyes), tanto de sus operaciones futuras como pasadas, y a realizar las acciones conducentes para contener impactos negativos en su operación.
