Ciudad Juárez.– La pérdida de 40 vidas fue el resultado del siniestro que se apoderó de la estación migratoria la noche del 27 de marzo de 2023, instalaciones que estaban a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) que, a casi un año de lo ocurrido, mantiene la deuda con las familias de las víctimas y sobrevivientes, ya que aún no se cumple con la reparación integral del daño.
Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), explicó que, en conjunto con la Fundación para la Justicia el Estado Democrático de Derecho, el Instituto para las Mujeres en la Migración y Asylum Access, cuentan con la representación de ocho sobrevivientes y nueve víctimas fallecidas en incendio, entre los que se encuentran personas originarias de El Salvador y de Honduras.
“Hasta el momento, a casi un año del incendio, no tenemos acceso a justicia, ni para las víctimas fallecidas, ni para las víctimas lesionadas. No hay todavía una reparación integral del daño, todavía no hay una sentencia sobre las personas imputadas por los diversos delitos que se cometieron dentro de ese centro de detención”, denunció Navarrete.
Entre las principales dudas que las familias continúan planteando a las organizaciones que fungen como acompañantes en el proceso jurídico y legal se encuentran el poder saber cómo, cuándo y cuánto recibirán por la reparación integral del daño.
“El Instituto Nacional de Migración de manera dolosa ha hecho públicas algunas cantidades de reparación para las familias de los fallecidos, esto ha generado incertidumbre en el resto de las familias afectadas”, precisó la activista en pro de los Derechos Humanos.
El 13 de agosto de 2023 el INM emitió un comunicado en el que daba a conocer que desde el mes de mayo del mismo año se solicitó una partida presupuestal “especial” para la reparación del daño, siendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la que determinaría el monto por el que se llevará a cabo la indemnización respectiva.
El documento daba a conocer que el 10 de julio, la CEAV autorizó 3.5 millones de pesos para cada una de las víctimas fallecidas, lo que equivale a 140 millones de pesos. Al tiempo, el INM reveló que recibió la validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el pago respectivo.
Siete meses después, las organizaciones que brindan acompañamiento, asesoría jurídica y atención humanitaria, reclaman por no ver aplicada la medida anunciada por la dependencia adscrita a la Secretaría de Gobernación de México.
