Ciudad Juárez.- Ante un auditorio repleto de socios y consejeros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra) en Juárez, un magistrado y una juez federales expusieron sus puntos de vista respecto a la reforma judicial de la que ayer se inició su discusión en la Cámara de Diputados e incluso ya avanzó de comisiones hacia el pleno.
David César Aranda González, magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y a Claudia López López, jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, hablaron frente a los empresarios de los aspectos e impactos de una reforma de esta naturaleza en el largo plazo no solo para el poder judicial, sino para todo el país e incluso puede trascender en las fronteras.
Esta reforma es conocida principalmente por proponer la elección de jueces y magistrados a través del voto directo.
"Aunque en realidad la elección de los candidatos dentro de este proceso no serían elegidos por la ciudadanía sino que en realidad se presentaría la ciudadanía un número predeterminado de candidatos preseleccionados por diversas instancias de otros poderes en donde efectivamente podría existir esta intervención por parte de otros poderes para la elección de todos y cada uno de los jueces que existieran dentro del Poder Judicial de la Federación y posteriormente esto se trasladaría al resto de las entidades federativas", detalló el magistrado.
Para el juzgador esto tendría un impacto directo en la independencia del Poder Judicial.
Explicó que aunque esta reforma se justifica por parte de sus impulsores en el grado de impunidad que existe en el país, se estima que alrededor de un 94 por ciento de los delitos que suceden en el país no se denuncian, es decir, nunca llegan al Poder Judicial.
Del 4 por ciento que se denuncian, se dijo que por cada 100 investigaciones que llegan ante un ministerio público solamente un 3.6 por ciento son presentados ante los juzgadores.
"Entonces la primera pregunta que nos debemos hacer es si la mayor parte de esta impunidad que se advierte y que se dice existe en nuestro país específicamente tiene que ver con los jueces los magistrados y ministros, en realidad al parecer menos del 1 por ciento de los casos donde se cometió un delito llegan a manos de un juzgador", expuso el magistrado.
Para el integrante del poder judicial la elección popular de ministros y jueces en pone en riesgo el equilibrio que de existir de los poderes del estado.
"Corremos el riesgo de que una sola fuerza política, de que una sola corriente política y atendiendo aspectos meramente políticos y No necesariamente jurisdiccionales, No necesariamente de justicia... se tomen decisiones al unísono en los tres poderes de La Unión y que prácticamente este control que debe existir natural por parte de la división de poderes pues desaparezca" advirtió el juzgador.
Advirtió que al ser electos los jueces a traves del voto popular, los contendientes generalmente requieren de apoyos de diversos grupos de interes ya sea politicos o economicos, con los cuales se tendran ciertos compromisos, lo que podría convertirse en un riesgo para decidir en ciertos asuntos en un sentido u otro.
