Ciudad Juárez.- Debido al entorno y el contexto en el que ocurrió el homicidio del abogado Óscar Gael Cano Rodríguez, durante la tarde del domingo 8 de junio, la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez a la que pertenecía, informó que buscarán que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso para su investigación.
El abogado presidente de la asociación, Mario Alberto Espinoza Cimental, señaló que desde la agrupación de agremiados han considerado que la respuesta y la investigación que ha realizado la Fiscalía General del Estado (FGE) es deficiente, debido a que, de casos anteriores de homicidios de abogados, no hay personas detenidas.
“Estamos viendo, toda vez que aquí no va a ocurrir nada, esta investigación deficiente o nula, vamos a buscar la manera de que la FGR atraiga el caso”, dijo el abogado Espinoza.
Mario Alberto Espinoza precisó que el ataque a mano armada que acabó con la vida del abogado Cano Rodríguez se registró en el estacionamiento del exterior de la FGE, luego de que el jurista salió de las instalaciones a las que acudió para reunirse con uno de sus clientes que había sido detenido el fin de semana.
“Por circunstancias especiales, específicas que ocurrieron que lo genera de alto impacto, por la forma y el lugar en el que fue ejecutado nuestro compañero. Aquí evidentemente no tenemos garantías, no tenemos justicia”, argumentó el entrevistado sobre la propuesta de pedir la intervención de la FGR.
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas dijo que, como profesionales y en el contexto de violencia e inseguridad de la ciudad, los juristas que se dedican específicamente a los delitos de tipo penal han recurrido a tomar precauciones adicionales a las que aplicaría la ciudadanía para preservar su vida.
“Uno como defensor particular, antes de tomar un asunto, le mide los riesgos. Tenemos que tomar precauciones para evitar llegar a estos resultados, que van desde buscar la forma de andar armados legalmente, vehículos blindados, tener seguridad, los despachos con cámaras. Todo lo que está a nuestro alcance para poder tener medianamente esta seguridad que es obligación del Estado proporcionarla”, detalló.
Respecto al señalamiento realizado por el fiscal general del estado, César Jáuregui, sobre la presunta relación del abogado occiso con integrantes de grupos criminales, a quienes supuestamente representaba en su ejercicio legal, el abogado presidente dijo que no es válido el argumento para que acabaran con la vida de su colega.
“No porque una persona hubiese pertenecido, que ni siquiera es cierto, o sea parte de un grupo delictivo, no es óbice en lo absoluto para que a mi compañero lo hubieran ejecutado”, destacó Espinoza.
