Llama Corral a 'cerrar filas' por Chihuahua
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Chihuahua.- “No queremos la confrontación, ni la hemos buscado, hemos salido a defendernos porque tampoco estamos dispuestos a hacer vilipendiados nuevamente, por defender nuestra soberanía y dignidad”, expresó el gobernador del estado, Javier Corral Jurado como parte del pronunciamiento conjunto de la Alianza Federalista.

Dicho pronunciamiento, fue realizado junto con nueve estados, con el fin de ser atendidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se generen las condiciones para que se corrija el presupuesto de egresos de la Federación y se atiendan las demandas justas que han señalado los mandatarios estatales.

“No vamos a permitir el abuso. Si no hay diálogo, estamos listos para dar la batalla política y legal. De no escuchar a nuestros estados, puede ser el inicio del rompimiento del pacto federal, lo cual sería terrible para el país”, finalizó el ejecutivo estatal el pronunciamiento, realizado desde la explanada de Palacio de Gobierno, en la capital del estado.

La postura fue leída con el apoyo del rector de la UACh, Luis Alberto Fierro Ramírez, el alcalde de Jiménez, Marcos Chávez Torres, el alcalde de Camargo, Arturo Zubia Fernández, el alcalde de Parral, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, el representante de agricultores Unidos de la Rivera de Conchos, Jorge Aldana Aguilar y por parte de Fechac, Hugo Loya Pliego.

También por el Presbítero Javier Ávila, del sector Empresarial, José Luis Barraza González, del Movimiento Estatal de Mujeres, Graciela Ramos, del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, Leticia Corral Bustamante, la alcalde de Valle de Zaragoza, Yolanda Venzor Meléndez, el alcalde de Gran Morelos, Gilberto Gutiérrez Montes, el alcalde de Belisario Domínguez, Aaron Loya Jaquez y la presidenta del H. Congreso del Estado, Blanca Gámez Gutiérrez.

El texto que fue leído es el siguiente: “Este lunes es un día histórico para nuestro país. Un acto como el que ahora estamos realizando aquí, se lleva a cabo de manera simultánea en cada uno de los 10 estados que conforman la Alianza Federalista (Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Michoacán y Tamaulipas, además de Chihuahua).

Su trascendencia corresponde a un movimiento reformador que impulsa la defensa del federalismo, la libertad y la democracia, pero también al peso que tenemos estas 10 entidades federativas en la economía nacional: con el 31 por ciento de la población del país, generamos 40 por ciento del empleo formal, concentramos 40 por ciento de la Inversión Extranjera Directa y 59 por ciento de las exportaciones, además de que nuestro Producto Interno per cápita es 34 mil pesos por encima de la media nacional.

Quienes estamos aquí presentes, somos un conjunto de ciudadanas y ciudadanos que comparte algunas preocupaciones sobre la frágil situación actual del país y su impacto en nuestro querido estado de Chihuahua. Pertenecemos a todos los sectores productivos, sociales y académicos, sin distinción ideológica ni de credo religioso.

México atraviesa un momento crítico que nos amenaza a todos. Las decisiones equivocadas del Gobierno Central trastocan el futuro de la nación y, ahora, se está afectando al Pueblo de Chihuahua.

Estamos viviendo una regresión política, de vuelta a un pasado autoritario, de concentración de poder en una sola persona.

Estamos presenciando el retorno del modelo de gobierno unipersonal, que socava a las instituciones que fueron creadas precisamente como contrapesos a ese autoritarismo.

Se está desandando el camino de la democracia, del Federalismo y se ha puesto en jaque a las libertades.

La esperanza de cambio se ha roto. Se ha infligido daño a sectores vulnerables, a instituciones, a personas, a medios, a gobierno locales y se exhibe para su linchamiento a quien disiente de la voz presidencial.

El Gobierno Central retiró el apoyo a las estancias infantiles; debilitó el sistema de salud y desapareció los beneficios que el Seguro Popular otorgaba a pacientes con cáncer –entre otras afectaciones–; redujo el presupuesto para el campo y prácticamente eliminó la inversión para infraestructura en las entidades federativas, a fin de dedicarlo a unas cuantas obras de relumbrón que son prioridad del Presidente.

Se han gastado cientos de miles de millones de pesos sin rendir cuentas, sin licitaciones públicas y otorgando la mayoría de contratos multimillonarios a discreción.

El Gobierno Central dejó a los estados sin apoyos extraordinarios para hacer frente a los efectos de la pandemia causada por la enfermedad Covid-19 y ahora se propone una afectación a distintos sectores con la extinción de fideicomisos y fondos federales.

Bajo este contexto, el Gobierno Central decidió dirigir sus agravios en contra del Pueblo de Chihuahua y sus instituciones, por la postura que adoptó Gobierno del Estado en defensa del agua y de su soberanía.

El Presidente no aceptó sentarse a dialogar con productores y autoridades estatales para alcanzar una solución consensuada al conflicto que ellos mismos provocaron. Al contrario, lo militarizó al enviar primero al Ejército y después a la Guardia Nacional a La Boquilla y, en medio de ese clima enrarecido, personal de esa instancia asesinó a balazos a Jéssica Estrella Silva e hirió a su esposo Jaime Torres, quienes habían acudido a protestar en la presa.

El expediente con la rigurosa investigación de la Fiscalía General del Estado, con sus conclusiones y dictámenes periciales, fue entregado a la Fiscalía General de la República desde el 28 de septiembre, básicamente para que el Ministerio Público de la Federación solicitara las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los agresores.

En franca represalia, se ordenó abandonar la coordinación en materia de seguridad pública. El Gobierno del Estado fue informado que el Gobierno federal se retiraba de las labores de coordinación y trabajo conjunto en el área más sensible a los ciudadanos, que es la seguridad pública, donde están de por medio vidas humanas, la salvaguarda del patrimonio y la integridad de las personas, una situación que los grupos criminales pueden estar aprovechando en perjuicio de la ciudadanía. Y simultáneamente desencadenó una ofensiva mediática en contra de autoridades y productores.

Esa andanada ha sido encabezada por el propio presidente de la República desde la conferencia de prensa “mañanera” e impulsada por medios oficiales y funcionarios de distintas dependencias federales, como la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ha proferido señalamientos injuriosos en contra de distintos actores y autoridades.

En forma irresponsable se trató de vincular a los productores de Chihuahua con la delincuencia organizada y falsamente se señaló al Gobierno estatal de alentar una campaña en contra de la Guardia Nacional.

De esa manera, el Gobierno Central politizó el tema de la seguridad pública en un mensaje ominoso que no tiene precedentes. Se apartó en forma abrupta de su corresponsabilidad Constitucional de garantizar la paz y la seguridad a la población chihuahuense, como una reacción vengativa ante un pueblo que lucha con dignidad y manifiesta su rechazo a decisiones que se toman a 2 mil kilómetros de distancia.

Ahora el Presidente se dice ofendido y pide disculpas, cuando es el Pueblo de Chihuahua el que ha sido víctima de los agravios perpetrados por el Gobierno Central.

Aunado a lo anterior, observamos un panorama económico incierto, ante los recortes contemplados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Tan solo en participaciones y aportaciones el estado sufrirá, en términos reales, un recorte de 2 mil 595 millones de pesos, lo cual se reflejará no solamente en reducciones a los presupuestos municipales, sino en afectaciones en el mantenimiento de caminos y carreteras, educación, salud, seguridad pública, apoyo al campo y la atención a personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, la extinción de 109 fideicomisos públicos también afectará directamente a nuestro estado, porque se deja a discreción del Presidente la asignación de recursos destinados a ciencia y tecnología, educación, deporte, cultura, desarrollo social, atención de desastres naturales.

Se pone en riesgo la garantía de los derechos humanos con esta medida drástica que desaparece fondos destinados a la atención y reparación integral de víctimas; a la protección de derechos ambientales; al apoyo a migrantes y; a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El manejo de miles de millones de pesos se concentrará en el Poder Ejecutivo federal sin reglas claras para su manejo, en un año electoral.

En particular, es relevante el daño que se causará por la eliminación de fideicomisos relacionados con la ciencia y la tecnología, cuando la ciencia, la tecnología y la innovación son en conjunto la más alta prioridad para el desarrollo de la civilización durante el siglo XXI.

Vivimos la era de la Economía del Conocimiento. El acceso a ella, el mantenimiento en este espacio y el valor que agrega al país, resultan fundamentales para sostener a México en condiciones de atracción de inversiones, aceleramiento de la economía y aumento de la competitividad.

Los estados de la Federación que mayor apuesta e inversión han hecho en este rubro son los que conforman la Alianza Federalista, los cuales basan gran parte de su economía en la exportación con altos valores tecnológicos de agregación. Son los estados fundamentales para la beneficiosa operación del T-MEC.

En suma, los principales afectados por esas decisiones inadecuadas somos la ciudadanía en general, más allá de las simpatías políticas individuales.

La situación descrita nos plantea la necesidad de cerrar filas en Chihuahua ante los embates del Gobierno Central. Este es un reclamo en defensa del estado.

Por tal motivo, convocamos a todos los sectores de la población al establecimiento de un frente común en defensa de la dignidad y soberanía del Pueblo de Chihuahua y sus instituciones. Invitamos a todos y a todas a suscribir este pronunciamiento de manera digital en la plataforma “change.org”.

Solamente unidos podemos lograr que se retribuya al estado de Chihuahua lo que en justicia le corresponde.

Convocamos al Gobierno de la República a la restauración de un diálogo respetuoso con el Gobierno del Estado de Chihuahua, con pleno respeto a la dignidad y soberanía estatal.

Planteamos tres propuestas muy concretas, para que, mediante el diálogo y la concertación con respeto y dignidad, podamos alcanzar acuerdos con el objetivo del bien común:

1. Solución al conflicto por el tema del cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944 a partir de las propuestas presentadas por productores y Gobierno del Estado al Gobierno federal.

2. Reincorporación del Gobierno de la República a la coordinación en materia de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de la población

3. Revisar y corregir el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 para evitar la reducción de recursos al estado de Chihuahua y en su caso, establecer mecanismos de compensación presupuestal, así como revisión de la operación de los fideicomisos y fondos públicos para evitar la extinción de aquellos cuya utilidad está probada y, en su caso, establecer reglas claras y transparentes para la distribución de sus recursos.

No vamos a permitir el abuso. Si no hay diálogo, estamos listos para dar la batalla política y legal.

De no escuchar a nuestros estados, puede ser el inicio del rompimiento del pacto federal, lo cual sería terrible para el país.

Solamente unidos, defendiendo la dignidad y soberanía del Pueblo de Chihuahua y sus instituciones, podremos salir adelante en estos momentos críticos para el país.

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