Ciudad Juárez.- A 11 años del asesinato de Josefina Reyes Salazar, activista del Valle de Juárez, defensores de derechos humanos reclamaron a las autoridades por la impunidad que permanece sobre este caso y los crímenes contra sus familiares, en lo que calificaron como un crimen de estado.
Josefina vivía en Guadalupe D.B., e incursionó en el activismo denunciando los asesinatos de mujeres a lo largo del Valle de Juárez, los abusos por parte de agentes federales y militares en el marco de la Operación Conjunta Chihuahua, y los vicios del sector sindical maquilador.
En 2008, la activista realizó una huelga de hambre frente a las instalaciones de la antigua Procuraduría Federal de la República (PGR), por la desaparición de su hijo Miguel Ángel Reyes, quien había sido detenido por militares y acusado de trabajar para José Rodolfo Escajeda “El Rikin”, lugarteniente de los Carrillo Fuentes, capturado en septiembre de 2009.
Josefina Reyes fue asesinada el 3 de enero de 2010 en un negocio. En agosto de ese mismo año, murió también asesinado Rubén Reyes, su hermano. El 7 de febrero de 2011, Elías Reyes Salazar y María Magdalena Reyes Salazar, así como Luisa Ornelas Soto, esposa de Elías, fueron víctimas de secuestro. Tras los crímenes, varios integrantes de la familia pidieron asilo político en El Paso, Texas.
“Fue de las primeras que denunció la desaparición y asesinato de mujeres que se dieron en el Valle, esto le valió que ametrallaran su casa, que fuera perseguida, hasta obligarla abandonar su casa y su comunidad”, expresó Judith Galarza, activista y defensora de Derechos Humanos en Ciudad Juárez.
Galarza agregó que la muerte de Josefina y la de sus familiares se tratan de crímenes de Estado cometidos en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, donde se exhibieron relaciones entre las fuerzas armadas y grupos del crimen organizado.
