Ciudad Juárez.- Al asegurar que se ha cumplido con el 90 por ciento de la reparación del daño a las víctimas afectadas por el siniestro ocurrido en la estación migratoria donde murieron 40 personas y 27 más quedaron lesionadas, la defensa de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) resaltó que él tiene derecho a la suspensión del proceso penal en su contra.
La audiencia que transcurrió desde las 10:30 de la mañana hasta poco antes de las 6:00 de la tarde del 24 de enero en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, los abogados que han llevado la defensa del funcionario federal: Rodolfo Pérez Velázquez, Mario Alberto Bañales Rincón, Manuel Ochoa García y la abogada Patricia Aurora Almada Beltrán, compartieron a la prensa el estatus de suspensión que fue otorgado por el juez.
Entre las condiciones establecidas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón se encuentra que Garduño Yáñez deberá cumplir con la reparación del daño, tomar una capacitación en derechos humanos y realizar una disculpa pública, entre otros requisitos.
“Queda algún pendiente por cobro, pero prácticamente se resarció el 90 por ciento del tema y se garantizó el otro 10 por ciento (…) Él ha cumplido con todas sus responsabilidades y la ley le otorga este derecho de suspensión del proceso mediante la reparación del daño”, dijo el abogado Pérez Vázquez.
El defensor puntualizó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) determinó el monto a otorgar a los familiares de las 40 víctimas fatales, así como a las 27 personas que quedaron con lesiones de por vida; el recurso a su vez fue gestionado por el acusado para que a través de las partidas presupuestales para contingencias del Instituto Nacional de Migración (INM) se cubrieran los daños.
El monto fijado por la Ceave asciende a 231 millones 603 mil 914 pesos para la indemnización a las víctimas del incendio, recurso que es distribuido de forma distinta entre las familias de los deudos y los sobrevivientes, dependiendo de sus lesiones.
El juez Hernández Calderón estableció que Garduño Yáñez deberá cumplir con las condiciones establecidas en un periodo de un año y seis meses para hacer valer los términos y que se elimine el antecedente por el delito de ejercicio ilícito del servicio público que habría derivado en el siniestro de la estación provincial migratoria la noche del 27 de marzo 2023.