Ciudad Juárez.- Tras un comunicado en el que la delegación Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) señaló que no cuenta con información sobre las investigaciones que se realizan en la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) 32, a su cargo en esta frontera, padres y madres de familia exigieron que el instituto asuma su responsabilidad, sancione a los responsables y active protocolos de seguridad.
“Hay una serie de cosas que como mamás y papás vimos, pero la situación de violencia sexual es algo que no vamos a permitir ni a dejar pasar por alto. Además de que la Fiscalía determine quién es el culpable y proceda con su detención, nosotros exigimos que el Issste nos brinde seguridad, active protocolos y, por supuesto, sancione a toda persona que haya omitido esta información”, señaló Cristina Gómez, derechohabiente y usuaria de la estancia.
Desde el 24 de marzo, a través de un mensaje anónimo que les advirtió, las familias beneficiarias de la EBDI 32 tuvieron conocimiento de un caso de violencia sexual. Al confrontar a la persona responsable de la dirección de la estancia, esta les informó que la Fiscalía había solicitado los materiales de las cámaras de video y los expedientes del personal que ha laborado en el lugar.
Posteriormente, los días 26 y 27 de marzo se suspendió el servicio en la guardería; el 28 hubo un consejo técnico y no se impartieron clases. El servicio se retomó el lunes 31 de marzo, pero no fue hasta el martes 1 de abril que se realizó una reunión con los padres y madres de familia. En esta reunión no se les proporcionaron detalles sobre lo ocurrido ni los motivos por los que la Fiscalía solicitó el material; únicamente se les informó que el servicio de videovigilancia había sido reinstalado tras la entrega de las grabaciones a la Fiscalía.
El domingo 6 de abril se llevó a cabo una marcha en la que participaron principalmente madres, padres y familias beneficiarias de la Estancia 32 del Issste. Durante el evento, revelaron que han estado activos y en comunicación para que los menores sean llevados por sus padres a ser valorados por un médico legista de la Fiscalía, un proceso en el que se han detectado más víctimas.
“La razón por la que nos reunimos es que tenemos más de 14 carpetas de investigación por violencia sexual, abuso sexual y violación agravada en contra de la estancia, relacionadas con varias niñas y niños beneficiarios de esa institución”, afirmó Cristina Gómez.
Dado que los menores que acuden a la estancia tienen entre 45 días de nacidos y seis años de edad, algunos de los afectados no pueden identificar a quien los agredió, por lo que se exigen acciones concretas y que el Issste asuma su responsabilidad. “Como son niñas y niños tan pequeños, es difícil para ellos identificar a los agresores. Además, hemos detectado que no hay control: entra cualquier tipo de persona, desde cocina hasta limpieza; una maestra puede entrar a otro grupo y, si falta una, se cambia. Esto hace más complejo identificar al posible agresor. Por ahora, se tiene señalada a la estancia, pero aún no hay una persona específica identificada”, explicó la madre de familia.
Ante el mensaje emitido por el Issste Chihuahua, en el que aseguran desconocer información sobre el caso investigado porque, presuntamente, la Fiscalía no ha respondido a su solicitud de información, los padres de familia acusan a la institución de mostrar desinterés. “Se están burlando de nosotros y hay un completo desinterés. A nosotras, las mamás y papás, que somos los primeros afectados, nos informaron que desde febrero se abrió la primera carpeta de investigación y luego se sumó otra en marzo. La estancia recibió una notificación de la Fiscalía para recoger grabaciones de video y los expedientes de los trabajadores, ya que estaban iniciando la investigación, pero prefirió guardar silencio”, denunció Cristina Gómez.
La madre de familia señaló que les resulta curioso que, siendo la estancia un ente bajo investigación, no se le informe el motivo, mientras que a los padres que preguntan directamente en la Fiscalía sí se les proporciona información. Además, el 4 de abril se presentó una persona representante del Issste afirmando que “recién” se había enterado de la situación, a pesar de que los padres de familia llevaban dos semanas en reuniones abordando el tema y exigiendo respuestas.
“Cuando una persona está enterada de una situación como esta y no hace nada, se convierte en un responsable más de lo que está ocurriendo. Hay una serie de omisiones: personas en cargos importantes sin cédula profesional ni preparación adecuada, además de irregularidades en el manejo del dinero que se recolecta de las madres y padres”, agregó Cristina Gómez, refiriéndose al contexto en el que ocurrieron las agresiones y las vulneraciones a los derechos de los niños y niñas que acuden a la EBDI 32 del Issste.
