Ciudad Juárez.- Históricamente, la fuerza laboral ha tenido que impulsar su reconocimiento jurídico para sostener una relación de equilibrio con el empresariado. En México, la Revolución dio el cobijo constitucional a ese derecho.
Pero, pasando a la dinámica actual, donde el crecimiento económico es impostergable. En el país, 21 millones 617 mil 326 de trabajadores convergen con 1 millón 068 mil 794 patrones formales. Mientras en Chihuahua, 980 mil 619 de trabajadores se relacionan con 42 mil 399 empleadores, la frontera de Juárez es la cuna del empleo formal en el estado con 511 mil 426 obreros¹. En este mar de relaciones humanas, el conflicto y su atención han saturado la respuesta del Estado, esto ha desprotegido a los trabajadores.
Con el establecimiento final de la Reforma Laboral el pasado octubre, hay grandes retos por cumplir, el primero es abatir el rezago de casos, que, a nivel local, son 65 mil. La gran apuesta es por la conciliación, es solucionar 7 de cada 10 conflictos laborales, nos comparten los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), los responsables de cumplir la meta. Revista Net aborda los factores que abarcan el cumplimiento de la reforma con miras a 2023.
Memoria del derecho laboral
Después de la Revolución, el artículo 123 de la Constitución de 1917 dio vida al reconocimiento del derecho laboral. La Ley Federal del Trabajo (LFT), surge 14 años después y “permitió en buena medida el corporativismo de las organizaciones obreras, pues reglamentó el sindicalismo e incluyó el contrato colectivo²”.
Hay dos antecedentes en materia de reformas laborales, en 2012, “tenía por objetivo flexibilizar las relaciones laborales con la incorporación de nuevas figuras jurídicas como la subcontratación³”, esto fue bajo modelo neoliberal. Mientras que la de 2019 “puede entenderse como una contra reforma {…} su intención es corregir algunos problemas que la reforma del 2012 causó y cumplir con los compromisos adquiridos con el T-MEC⁴”.
Reforma y cambios
La Reforma Laboral surge como una “demanda histórica”, y “tiene tres pilares, el primero tiene que ver con la impartición de justicia {…} la gran apuesta es por la conciliación, el segundo pilar, tiene que ver con la Libertad y la Democracia (sindicatos) {…}, y el tercer pilar es el Centro de Justicia Laboral”, así la define Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) federal⁵.
Alcalde Luján destaca varios aspectos en cada eje de este nuevo modelo laboral. En la impartición de justicia, puntualiza la creación de los tribunales laborales que dependan del Poder Judicial, a esto se suma la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federales. Estas cumplirán su ciclo final al finiquitar el rezago, los últimos casos en las Juntas fueron recibidos hasta el 30 de septiembre de este año.
La creación de los Centros de Conciliación Laboral (CCL) vienen a renovar y fortalecer la idea del acuerdo prejudicial que deberán resolver, estiman, 70 a 75 por ciento de los nuevos conflictos.
Los sindicatos “transparentes” y contractos colectivos abarcan el segundo pilar. Este punto deja atrás “las elecciones de mano alzada”, los reglamentos ahora son semejantes al de una elección formal, con voto secreto. Además, los contratos colectivos (previos a la reforma) deben ser revisados, “los sindicatos deberán demostrar que el 30 por ciento de los trabajadores los respaldan”, esto resume la “democratización de los sindicatos”. Los contratos colectivos previos a la reforma tendrán cuatro años para regularizarse y que tengan validez.
Las tareas de: registro de sindicatos, depósito de contratos colectivos, verificación de procedimientos de democracia sindical y emisión de constancias de representatividad, serán del órgano federal que se convierte en el tercer pilar de la reforma, el Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral.A nivel local, esto se aplica con la desaparición de las Juntas y la creación de los CCL y los tribunales laborales.
Etapas de operación
La Reforma Laboral fue implementada en tres etapas en el país, primero fue un bloque de 11 estados (octubre 2020), después se sumaron otros 11 (octubre 2021) y finalmente, el 3 octubre de este año dio inicio la tercera y última etapa de implementación, incluyendo a Chihuahua.
“Nos tocó estar en esta tercera etapa, junto a otros estados que tienen los mayores temas laborales, como la Ciudad México”, nos comparte Diódoro Siller Argüello, titular de la STyPS en el estado.
Pero para estar preparados para el arranque, la selección del personal de la CCL se llevó un proceso desde enero pasado, “ninguno fue designado, ninguno fue recomendado”, dice el funcionario, “la base fundamental de los CCL, son precisamente los conciliadores”.
La convocatoria fue pública, más de mil personas presentaron exámenes teóricos, prácticos y psicológicos. De ahí, fueron elegidos 50, pero solo 21 fueron contratados para esta primera etapa. 11 en la Zona Norte: 10 Juárez y 1 NCG. Y 10 en la Zona Centro-Sur: 7 en Chihuahua, 1 en Parral, 1 Delicias y 1 Cuauhtémoc.
Los conciliadores cuentan con una certificación del Servicio Federal de Mediación y Conciliación de los Estados Unidos (FMCS, por sus siglas en inglés).
De las Juntas a los CCL
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) dio a conocer en 2019 se tenían 438 mil expedientes rezagados (a esto se suma un promedio anual de 85 mil casos posteriores) y estiman que con los 2 mil funcionarios que tienen, podrán saldar el rezago. A 95 años de su creación la JFCA cerrará hasta finiquitar dichos expedientes, de acuerdo con lo que marca la ley.
Por otra parte, cada entidad federativa debe finiquitar sus casos locales, que son la mayoría de los conflictos laborales. En Chihuahua, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben resolver 65 mil casos, nos comparte Siller Argüello.
“La falta de presupuesto, la falta de personal calificado”, hizo que las Juntas de todos los niveles y estados entraran en una espiral negativa. Este sistema que perduró más de 90 años estaba bajo un esquema “de la audiencia trifásica, que era: Conciliación, Demanda y Excepciones, y por último, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas”, sin embargo, la conciliación sufrió el mismo efecto negativo y dejó de ser “el impulso” del sistema, dice el funcionario. Con la reforma este proceso es bifásico y mucho más rápido.
“Queremos resolver 7 de cada 10 asuntos que lleguen a los CCL, es un reto importante, otros estados lo han logrado y Chihuahua no va a ser la excepción”, por otra parte, comenta que “esto tiene un doble efecto, primero darle celeridad a los procedimientos, que el trabajador vea resulto, al igual que el empleador”. En pocas palabras, que los conflictos no lleguen al Poder Judicial, de tal forma, “que también se empiecen a saturar” y entonces volver a la falla original de la Juntas, la saturación y falta de personal.
En el primer mes de operación (03/oct al 03/nov), los CCL dieron un resultado de 98.7 por ciento de eficacia en el estado (826 convenios), de mil 248 solicitudes, solo 11 fueron constancias de no conciliación, es decir, son casos que pasaron a los tribunales laborales. Los números son alentadores, pero falta tiempo para confirmar esta tendencia de resultados se mantenga.
“La gran mayoría de los casos se resolvieron en la primera audiencia, eso también es muy importante, porque a los 20 días de iniciado el proceso, el trabajador ya tiene su dinero. En dinero, estamos hablando de 39 millones de pesos que se entregaron a esa fecha, a los trabajadores en el estado”, explica el funcionario. En contraste, “si volteamos a ver atrás, con el otro sistema, en el mismo lapso ni siquiera hubiéramos notificado las demandas, al contrario, al día de hoy, ya estamos llegando a los 50 millones de pesos que ya están circulando y que ya los trabajadores tienen en sus bolsillos”.
Por el momento, no se tiene una fecha estimada para que las Juntas abatan todo el rezago, la meta de 2023 del Programa de Abatimiento es resolver 11 mil expedientes más; para 2024 se tendría que subir la meta a 15 mil y así sucesivamente.
El titular considera que un buen número de los casos rezagados aún pueden solucionarse mediante la conciliación, por lo que invita a las partes a acercarse y alcanzar un acuerdo.
La operatividad de las Juntas no tendrá ningún recorte, asegura Siller Argüello. Actualmente, las Juntas en el estado cuentan con 238 empleados, de los que 95 se encuentran en Juárez.
El acuerdo prejudicial, la gran apuesta
Cuando un trabajador tiene una diferencia o un conflicto con su empleador que no puede solucionar, el primer paso es solicitar una audiencia de conciliación, esta cita puede hacerse acudiendo directamente al CCL o bien vía electrónica en el portal oficial.
“La conciliación es la joya de la corona de la Reforma Laboral, estamos apostándole a eso, a terminar con el conflicto {…} es por eso que se pone al trabajador y al sector patronal en el punto medular de la reforma”, agrega el titular de la STyPS en Chihuahua.
Los acuerdos de conciliación laboral también implican un nuevo entorno, en el recorrido hecho por Revista NET al CCL ubicado en el edificio central de las oficinas de Gobierno del Estado, pudimos constatar que el espacio permite un flujo de atención muy distinto al de las Juntas. Cuenta con un módulo de atención e información que canaliza a las personas que van por asesoría, van a generar una cita de audiencia, o bien, acuden a una. En los pasillos siguientes se llega a las salas de conciliación que ofrecen un ambiente agradable, bien iluminado, con mesas redondas que ofrecen cercanía, ahí, conciliadores, trabajadores y empleadores se sientan a dialogar, justo ahí es donde los resultados han superado las expectativas durante el arranque.
En este proceso se destaca que solo tendrán poder de decisión los interesados, es decir, el trabajador y el patrón (o representante de la empresa), en este caso, el conciliador oficializa el acuerdo, es decir, en la mesa “no hay intermediarios” que puedan tomar decisiones por encima de los interesados, pueden acompañar al trabajador un abogado o un procurador de la Defensa del Trabajo, pero no tomar acuerdos a su nombre. También, ambas partes pueden promover más de una audiencia de ser necesario.
El proceso de la conciliación es de 45 días naturales a partir de la solicitud de audiencia. Es muy importante que las empresas se presenten o podrán ser sancionadas, la parte citada tendrán una notificación con cinco días de antelación, versa la ley.
En caso de que las partes logren un acuerdo, ese convenio se eleva a calidad de cosa juzgada, así lo explica el director general de los CCL del estado, el Mtro. Fausto Barraza Arvizu, quien destaca que “los convenios que se hacen son como una sentencia ejecutoriada y en caso de incumplimiento pudieran hacerse valer ante un tribunal”. Esto significa que los conciliadores dan fe pública de los convenios y los mismos tienen el valor judicial, esto brinda la confianza al trabajador y al empleador.
El tiempo es otro de los factores relevantes de la reforma, “en los procesos anteriores no había límite, ahora son 45 días”, explica el Mtro. Guillermo Domínguez de la Vega, director del CCL Zona Norte. Otra de las ventajas es la confidencialidad, “lo que se hable (durante las audiencias) no hay forma de que se utilice en un juicio o en procedimiento diverso”.
Los conciliadores usan un lenguaje amigable, empático, “todo se basa en un diálogo, en una comunicación real, porque muchas de las veces no se tiene ese contacto”.
Pero los casos en donde no es suficiente la conciliación o son excepciones de ley, pasan a “la otra parte de la cancha”, los nuevos tribunales laborales.
Tribunales laborales
“Cuando no pueden conciliarse llegan a nosotros como Tribunal”, dice el Dr. Ángel Ortiz Gómez, director de Gestión Judicial Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) en el estado. “Los tribunales están constituidos para funcionar con juicios orales, en ese sentido nos parecemos a los juicios a nuestras hermanas materias Civil, Familiar”.
La jueza Karla Lugo Hernández fue la abogada que mayor puntuación obtuvo de la convocatoria estatal para conformar el equipo de jueces, una larga trayectoria como catedrática en Derecho Laboral y su experiencia en la Junta local respaldan su carrera. Son cinco jueces los que fueron contratados en esta primera etapa de los tribunales, nos explica Ortiz Gómez. Dos para la capital, dos en la frontera y otro en Delicias. La jueza Lugo Hernández es parte del equipo en Ciudad Juárez.
Tomando como ejemplo un caso de despido injustificado, en donde no se llegó a un acuerdo, la jueza nos explica el procedimiento en el tribunal: “primero iniciamos con una fase escrita, se presenta la demanda, se da vista a la parte demandada para que conteste. Luego viene otra fase escrita de réplica y contrarréplica, en estos procesos deben ofrecer sus pruebas las partes, y entonces, terminando la fase escrita se comienza la fase oral. Viene una Audiencia Preliminar, donde se establecen los hechos controvertidos, o si lo queremos ver desde otro punto de vista, los hechos no controvertidos, y se califican las pruebas (estas deben tener ciertos elementos para que el Tribunal las pueda calificar y ordenar su desahogo). Luego viene la segunda audiencia, que es la Audiencia de Juicio, en donde se desahogan las pruebas que fueron calificadas de legales (testimoniales, documentos, ratificaciones…), se pretende que sea en una sola audiencia que se desahoguen las pruebas, —sí es así, sería un procedimiento más corto—. Después se emite la sentencia, si es posible el juez la puede emitir en la misma Audiencia de Juicio o reservarse para emitirla en cinco días, es lo que marca la ley”.
Estos procesos, explica la jueza, son mucho más cortos ahora. En un caso así, en vez de esperar cuatro meses, ahora se solucionaría en días, no más de dos semanas para citar a las audiencias.
Es importante saber que un trabajador o patrón sí puede acudir solo ante el Tribunal Laboral, pero si a criterio del mismo Tribunal, se advierte que el ciudadano “carece de una defensa adecuada”, entonces se le va a proporcionar un abogado de oficio de manera gratuita, por parte de la Defensoría Pública o de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, “la persona que vaya a juicio a representar al trabajador o al patrón debe ser un abogado que cuente con título y cédula profesional”, agrega la jueza. Este requisito de profesionalización cambió con la reforma del 2012.
“Los casos de excepción que no requieren ir al Centro de Conciliación son, por ejemplo, cuando fallece un trabajador y se tiene que ver a quien se le entrega su fondo de ahorro y sus prestaciones, son trámites muy sencillos y son a los que la ley da esta agilidad”, explica el director de Gestión.
La LFT es amplia en la lista de excepciones que incluye el artículo 685 Ter, es decir, los casos que se abordan directo en los tribunales sin pasar por los CCL. Los casos pueden ser también por discriminación (de cualquier tipo), despido por embarazo, acoso u hostigamiento sexual, la libertad de asociación, libertad sindical, la trata laboral y el trabajo infantil.
“Como Tribunal debemos analizar ciertos casos de excepción con perspectiva de género”, el hecho de que ahora se atiendan directo en juzgados, dice la jueza, “tiene que ver con no revictimizar a las personas”.
Hasta finales de noviembre, la mayoría de los casos en tribunales laborales que se atendían estaban en la fase escrita, la jueza Lugo estima que será en el próximo mes de enero en que se lleven a cabo las primeras audiencias bajo el marco de la reforma laboral. Será el arranque de 2023 el que permita medir la efectividad de los nuevos juzgados.
Las sedes de los tribunales se establecieron en Juárez (Distrito Bravos) y Delicias (Distrito Abraham González), ambas en los edificios de los Juzgados Civiles y Familiares, mientras que en Chihuahua (Distrito Morelos) en la Ciudad Judicial, en el segundo piso ala norte.
“Hay que visualizar esta reforma como la dignificación para las y los trabajadores, para los empresarios y patrones, se busca llegar a la verdad, a lo que sucedió en ese conflicto {…} la justicia debe ser pronta y expedita”, comenta la jueza.
El director de Gestión Judicial dice que en su máxima carga de trabajo habrá hasta 28 jueces en el estado, “un poco más en Juárez, por su planta productiva, y los demás distribuidos en las regiones de Delicias, Cuauhtémoc y Parral”. Todo el personal será elegido mediante convocatorias de carrera judicial, del siguiente grupo surgirán otros jueces, secretarios y otros cargos del nuevo tribunal.
“Empezamos con carga cero y entonces se optó por la gradualidad, hacia el 2023 aumentaremos la cantidad de jueces. El 2024 esperamos ya tener la plantilla completa, ya con mayores cargas de trabajo que así ameriten”, dice Ortiz Gómez.
Defensa jurídica gratuita
Con esta reforma, los órganos de defensa y apoyo a los trabajadores se han actualizado y continúan reforzando su tarea. La Procuraduría de Defensa del Trabajo realizó mil 062 demandas de enero a octubre, es decir, previas a la reforma, 492 en Juárez y 347 en Chihuahua, nos comparte el titular en el estado, el Lic. Fernando González Cereceres.
“La Procuraduría sobrevive a esta reforma y se adapta para litigar a favor de los trabajadores en los nuevos tribunales”, explica González, quien amplía que después de instaurada la reforma, en Juárez se suman 122 demandas laborales, y en Chihuahua, 121.
“Asesoramos a los trabajadores, los acompañamos al Centro de Conciliación Laboral y si es necesario llevamos la defensa de los mismos en los tribunales”. El personal de la Procuraduría acompaña al empleado al CCL en calidad de asesor.
En ocasiones los rumores o comentarios de personas que carecen de conocimiento en la materia laboral confunden a los trabajadores, el funcionario invita a recibir la asesoría y apoyo. El servicio de orientación se ofrece presencial o telefónico.
“La conciliación puede ocurrir en cualquier momento antes del juicio, así lo marca la ley”, el titular de la Procuraduría considera que el impulso de las campañas de abatimiento al rezago en las Juntas será fuerte y determinante en los próximos meses.
Para asuntos laborales del ámbito federal, la instancia se llama Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).
Además, desde el 18 de noviembre de 2020 el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), cuenta con competencia para brindar orientación, asesoría y representación jurídica totalmente gratuita en asuntos laborales federales en todo el país.
“Tenemos asesores en todos los estados que pueden representar a los trabajadores en casos: despidos injustificados, demandas de prestaciones laborales, pago de aguinaldos, vacaciones, reparto de utilidades, etc. Atendemos a trabajadores, sus beneficiarios, pensionados, jubilados, así como pequeños patrones y microempresarios; así como sindicatos en conflictos de carácter colectivo”, comparte Rael Espín Zamudio, director de Asesoría Especializada del IFDP.
La prueba de fuego
“En enero las cifras de demandas laborales se van a incrementar de manera importante, en los primeros 15 o 20 días del año se viene el flujo a los tribunales y los CCL. Vamos a ver en enero ya realmente el funcionamiento de esta reforma y la operación en la realidad, va a ser muy interesante, se van a disparar las cifras para todos”, asegura el director de la Procuraduría.
“El nearshoring⁶ va a tener un impacto fundamental en la frontera, la plaza industrial más importante del estado, entonces la responsabilidad de los CCL, los tribunales y de la Procuraduría va a ser primordial en Juárez, principalmente”.
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Fuentes (Pies de página):
¹ IMSS octubre de 2022.
² Suárez-Potts, William, “La Constitución de 1917 y la Ley federal del Trabajo de 1931”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
³ López-Chávez Elizabeth y Velázquez-Orihuela Daniel, “Una Comparación de la Reforma Laboral del 2012 y del 2019” Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA (2021) Vol. 10, No. 19 (2021) 25-32.
⁴ López-Chávez… Ibidem.
⁵ Pláticas Virtuales del Nuevo Modelo Laboral, Módulo 1, Ejes del Nuevo Modelo Laboral, (reformalaboral.stps.gob.mx).
⁶ El nearshoring consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que todo sea más barato, también se puede entender como acercar la producción al territorio de consumo.
