Ciudad Juárez.– Sagrario mantiene la esperanza de encontrar a su hijo con vida, “quizá escapó, lo tienen contra su voluntad” o si no… “que me digan dónde está su cuerpo y yo voy por él, es lo único que quiero para tener paz”.
Alfonso Guadián Hernández tiene más de un año desaparecido. En su casa permanece un rastro de sangre. En Fiscalía hay testimonios de cómo fue “levantado”, sus pertenencias fueron robadas, varias cámaras de vigilancia en puntos cercanos al lugar captaron lo que pasó. Hay señalamientos a un posible responsable y una célula criminal, sin embargo, no hay nada. Las autoridades investigadoras no ofrecen ningún avance o respuesta a la familia Guadián Hernández, no hay rastro de Alfonso, tampoco más indagatorias.
El hombre que hoy tiene 33 años se suma a una cifra, pierde su rostro y se convierte en un número, “en Juárez se concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas (en el estado), para mayo de 2024, continuó como el municipio con más casos, pasando de 953 a 1004”, de acuerdo con el informe Red Lupa.
Dando seguimiento a la Ley General de la Desaparición Forzada, esta iniciativa muestra que en los últimos tres años se superaron los 100 mil casos de personas desaparecidas en México, aumentando 7.3% en 2023 y 6.3% este año. A la fecha, los reportes de casos siguen en aumento. “La desaparición de personas en México es generalizada y sistemática”.
Entre el 2000 y mayo 2024 se concentran el 88% de los casos de personas desaparecidas en el país. Entre 2018 y 2024 el 48% de los casos, según el mismo reporte.
Recientemente, el año más severo para el país ha sido el 2023 con 10 mil 315, cuando Alfonso fue “levantado”. Los hombres son los que más desaparecen, son cerca del 80% del total. En cuanto al rango de edad, los hombres de 18 a 39 años, a nivel nacional y en el estado de Chihuahua, son los de mayor frecuencia.
‘Devuélvanme a mi hijo’
“Hemos tenido mucha angustia porque el fiscal ya no nos da nada, se les dieron nombres, direcciones, los llevamos a lugares, han cambiado de MP (Ministerio Público) cuatro veces {…} me traen a vueltas y vueltas y no hay nada”, dice frustrada Sagrario, madre de Alfonso Guadián. El dolor es evidente, ella y sus hijas no han descansado desde el 22 de abril de 2023, cuando empezaron la búsqueda de manera oficial.
Han investigado por su propia cuenta, caminado de día y noche, preguntado, siguiendo pistas, pidiendo información, han hecho lo que han podido para dar con él, vivo o muerto.
Alfonso Guadián se dedicaba al comercio informal, vendía ropa, zapatos usados y cachuchas, arreglaba computadoras o electrodomésticos, sus recorridos eran por los fraccionamientos Patria, Tierra Nueva, Portal del Roble, él vivía en una propiedad de su hermana.
A Sagrario la operaron, Alfonso era “su enfermero”, al ser el menor de cuatro hijos visitaba todos los días a su madre, “él iba y me curaba mis heridas y ya se quedaba un rato conmigo… luego se iba a trabajar”. Se caracterizaba por ayudar a los demás y proteger a sus allegados.
Una semana antes de su desaparición fue a casa de su madre, les pidió dinero para unos tenis, “mi hija estaba sin trabajo, yo estaba sin trabajo y mi otra hija estaba juntando para la aseguranza del carro. Él decía: acomplétenmelo, yo le decía: ve y vende esto {…} y en la tarde regresa para ver cuánto te falta {...} Ese día él se molestó y se fue”(sic.).
Una semana después una amiga de Alfonso preguntó a su madre por él, le dijo que llevaba varios días que “Nano” no iba a vender.
Por otra parte una persona que vivía con él, fue a preguntarle a su hermana si no sabía algo de Alfonso, que algo le había pasado.
Sagrario fue con sus hijas inmediatamente a la casa, pero la encontraron cerrada con un candado que no era el que normalmente había y del que tenían copia. Después de eso, acudieron a fiscalía a interponer una denuncia de desaparición.
Durante dos entrevistas separadas las preguntas de los agentes se concentraron en preguntar si Alfonso era borracho, drogadicto o vendía drogas, “porque así son los hombres”. Comentaron que les pidieron esperar 72 horas para levantar la pesquisa. Ya había pasado aproximadamente una semana de no tener contacto con él.
Al siguiente día rompieron el candado y abrieron la casa, todo estaba revuelto, la ropa, mercancía y varias cosas de Alfonso habían desaparecido.
“El que se percató de la mancha de sangre fue mi hijo”, dijo la hermana que había hecho una reparación parcial en el techo, debajo de un barrote había un charco de sangre. “Agarré un poco lo olí y le dije a mi mamá: aquí hay sangre”. Ellas hablaron de inmediato a los agentes de la fiscalía, en dos horas llegaron y tomaron las muestras. En exámenes periciales posteriores, luego de ocho meses, confirmaron que la sangre era de Alfonso.
La pesquisa tardó entre tres y cuatro días. Antes de empezar las investigaciones por desaparición los agentes le pidieron a la madre y hermana que fueran a todos los centros de rehabilitación para adictos de la ciudad, para tratar de localizar a Alfonso. La señora Sagrario y sus hijas preguntaron en todos, no había nada.
Al ver que las autoridades investigadoras no hacían nada, comenzaron a preguntar, investigar y seguir pistas. “Empezamos con sus hermanos ‘adoptivos’, amigos más cercanos {…} empezamos a recorrer un chorro de lugares y preguntar ¿lo has visto?”, dijo la hermana.
El punto de desaparición fue en una casa de la calle Carlos O. Arroniz, en la colonia Carlos Castillo Peraza, a unas cuadras del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai #3). Las corporaciones de Seguridad Pública e investigadoras tienen identificado a este sector como territorio de la célula criminal Los Mexicles. A unas casas de donde vivía Alfonso, habitantes del sector señalaron a “el punto” (un picadero).
Sagrario seguía investigando con sus hijas, notaron que las empezaron a seguir, había un auto detrás de ellas, cada vez que preguntaban las esperaban en la casa de noche. Acudieron a la fiscalía a pedir apoyo, pero les comentaron que si no había amenazas o violencia no podían hacer nada, “nos dijeron que estábamos siendo paranoicas”.
Después de mucho insistir, lograron que una de las personas que atestiguó “el levantón”, diera más información. En el incidente la persona describió que unos hombres se llevaron a tres personas por la fuerza del domicilio de Alfonso, uno era él, otro un hombre más delgado, aún no identificado, y la tercera una mujer de nombre Valeria, alias “La 420”, quien falleció de sobredosis mucho después de este hecho.
Pero la mayor frustración de la familia es por el hecho de que un conocido de Alfonso fue quien puso el candado en la casa después del “levantón”, esta misma persona fue vista con la ropa de Alfonso puesta, la misma que fue robada de su domicilio. A esta persona se le señala por ser familiar de un criminal de la célula que opera en el sector, se especula “la familia del hombre señalado son polleros”, además de ser un probable informante de las autoridades, es por ello que consideran “que se siente protegido e intocable”, no lo arrestan pese a la evidencia que lo relaciona con el caso.
“Nos dieron 50 copias de pesquisas y 20 adicionales”. la hermana menor, comentó que cuando ponen las pesquisas y hacen recorridos, al día siguiente ya no están.
Han sido cuatro MP (investigadores) del caso, solo han hecho un cateo en la misma casa donde desapareció, comentaron la madre y hermana. La familia ha tratado de entrar al fraccionamiento Portal del Roble a buscar o rastrear el área, pero no las han dejado entrar y la autoridad tampoco les apoya a realizar rastreos ahí.
Cuando habían pasado los primeros meses, una mujer se les acercó en una entrega de pesquisas y les recomendó que acudieran al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), ella había sido apoyada por la organización, había encontrado a su hijo, muerto, pero finalmente dio con él.
Sagrario dijo que el acompañamiento les ha servido, “nos apoyan y nos ayudan, ven por nosotros, creo que los MP nos han escuchado un poquito más”.
“Yo sé que mi hijo esta vivo, lo quiero encontrar vivo, yo sé que mi hijo es inteligente, sé que se pudo ganar la confianza de las personas que se lo llevaron, sé que se les pudo escapar, que le pudieron dar un mal golpe, por la sangre que está en la casa, era bastante, que le hayan dado un golpe {…} que quizá no sabe en dónde está, quién es o que no me recuerda…”, Sagrario lloró y dijo claro que no descansará hasta encontrarlo.
Leyes y acciones ‘ausentes’
Jurídicamente, una persona no localizada es aquella cuya ubicación es desconocida, una persona desaparecida es aquella que además de desconocerse su paradero se presume que su ausencia se relacione con la comisión de un delito. Con un antecedente mundial más profundo, la desaparición forzada se establece en la Declaración aprobada por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992.
En México, entre los 70 y mediados de 80, el activismo social en el país desencadenó que el Estado optara por la vía armada y la represión, esta etapa fue llamada la “Guerra Sucia”, que recrudeció este fenómeno. Con el crecimiento del narcotráfico en el país, en la década de los 80 y 90, en particular, en casos como el de Chihuahua, la colisión del narco y las corporaciones policiacas impulsaron la desaparición forzada y la impunidad. “El fortalecimiento de las organizaciones criminales, sobre todo la que tiene por centro de operaciones a Ciudad Juárez, así como la colusión de altos funcionarios policíacos, ya sea federales como Guillermo González Calderoni, ya sea estatales como Elías Ramírez, van a conformar el marco de fuerzas y de correlaciones que favorecerán la aparición del fenómeno de las desapariciones forzadas en Chihuahua y su proliferación durante los siguientes años” [1].
A partir del 2008, con la militarización de Ciudad Juárez y estrategia de seguridad del Gobierno Federal surge lo que se denominó “La Guerra contra el Narco”, con el supuesto fin de combatir a la delincuencia organizada. En esta etapa se documentaron muchas violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos militares y corporaciones policiales. Las organizaciones de la sociedad civil comenzaron una labor que hasta hoy ha servido para documentar casos de desapariciones forzadas, feminicidios y otras violaciones a los derechos humanos. Entre estas organizaciones de la sociedad civil, el CDHPN se especializa actualmente en casos de hombres desaparecidos.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas entró en vigor el 17 de noviembre de 2017.
El acompañamiento
La sociedad civil ha sido un gran impulso para visibilizar el fenómeno de desaparición forzada en el país, las propias organizaciones han sido víctimas de los atropellos de las autoridades en estos contextos complejos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, por ejemplo, fue blanco de hostigamiento por parte del Gobierno Federal y el 5 de junio de 2011 sus instalaciones fueron allanadas por la Policía Federal. Integrantes de la corporación “entraron a las oficinas, revisaron archivos y causaron daños al local. El incidente generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El allanamiento se dio una semana después de la audiencia del caso ‘coche bomba’ en Juárez” como documenta la organización en su sitio oficial. Esta hostigamiento se repitió septiembre y octubre de 2012. Ese mismo año, la CDHPN decide conformar una Red de familiares de personas desaparecidas y de sobrevivientes de tortura, que dieron origen al Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia.
Hasta hoy se dedican a ofrecer una atención integral y de acompañamiento a víctimas de tortura y desaparición, servicio que incluye defensa jurídica y acompañamiento psicosocial a las familias.
“Como organización hemos detectado un alto índice de casos de desaparición especialmente de hombres de edades entre los 18 y hasta los 30 años, la mayoría de los casos se relaciona con consumo y venta de drogas (principalmente cristal)”, comenta la licenciada Carla Palacios Flores, coordinadora general del CDHPN.
El acompañamiento puede ser legal o asesoramiento, “en los acompañamientos integrales se tiene representación legal, el equipo jurídico acude ante el MP para dar seguimiento a los actos de investigación que se considere sean pertinentes para desahogar todo el expediente de investigación, se sigan las líneas de investigación más importantes… etc., coadyuvar junto al MP y la familia el proceso de búsqueda”.
Juárez, puntos rojos y contexto nacional
“Hemos visto cómo el fenómeno de la desaparición se ha agudizado en zonas como: Centro, Granjas de Chapultepec, Tierra Nueva, Parajes de Oriente, Riberas del Bravo…”, la coordinadora explica la importancia del análisis de contexto en nuestra ciudad, el municipio con mayor número de casos en el estado. “Hacemos este mapeo, de especificar cuáles son las colonias, los lugares en donde mayormente se están cometiendo los actos de desaparición, dónde se está localizando a las personas sin vida y hacer el proceso de reclamo de esos restos óseos, de esos cuerpos y a veces colaboramos con las autoridades para que se haga un proceso de identificar las zonas de mayor incidencia de desaparición y de inhumación clandestina”.
Algo que es muy importante es comprender los límites del acompañamiento y análisis de dicha información. Palacios Flores resalta que “en algunos momentos nos hemos inclinado un poco más por procesos de búsqueda ciudadana, pero sin perder de óptica que la obligación de la investigación preventiva y sanción de este tipo de delitos es de la autoridad, entonces colaboramos con la autoridad, por eso es que estamos constantemente solicitando información pública, de cuántos son los casos de desapariciones, quiénes son las principales víctimas de estos delitos, cuáles son los meses en que se repunta, etc.”.
La información de la CDHPN ha sido valiosa para visibilizar la evolución del fenómeno de desaparición forzada, tiene una base de datos del 2009 a la fecha de todos los cuerpos y restos encontrados, información oficial de la Dirección del Servicio Forense del estado. “En el municipio de Juárez es donde repunta el tema de desaparición en el estado, le sigue Chihuahua y después Cuauhtémoc, están colocados esos tres municipios como los principales en términos de desapariciones”.
Hasta el 16 de mayo de 2024, Chihuahua tenía un reporte de 3 mil 745 personas desaparecidas, 85.85% fueron hombres. “Los casos de desaparición en el estado comenzaron a ser registrados a partir de 1972, los casos comenzaron a aumentar en el 2007, siendo el 2017 el año con la mayor concentración de casos, con 352 personas que continúan desaparecidas. En los años 2020 y 2021 los casos registrados en el estado disminuyeron, pero en los años 2022 y 2023 hubo incrementos significativos”, de acuerdo con Red Lupa, un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de La Ley General de Desaparición en México financiado por la Unión Europea. El municipio Juárez concentra hasta el 16 de mayo mil 004 casos, Cuauhtémoc 533, Chihuahua 522, Nuevo Casas Grandes 197 e Hidalgo del Parral 191.
De la información solicitada a la FGE por la Plataforma de Transparencia por parte de la CDHPN, desde 2010 hasta el 3 de octubre del 2023, se reportaron 4 mil 902 casos vigentes de personas desaparecidas en el estado (solicitud folio: 080139723001300), de esos casos 1 mil 868 son de Juárez, 697 de Chihuahua y 437 de Cuauhtémoc.
En el panorama nacional de este año, son cinco los estados con mayor número de casos de desaparición: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, 48% de las personas desaparecidas del país se concentran en estos estados. En la actualidad Chihuahua ocupa el lugar 13.
Deficiencias y falta de voluntad
En cuanto a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la FGE, la activista considera: “creo que tienen las capacidades, tienen las certificaciones, cuentan con el equipo adecuado {…} el tema es que no hay una coordinación eficaz con las autoridades que se dedican a procesos de búsqueda y de investigación de casos de homicidios. Creemos que debe haber una coordinación eficaz por parte del Servicio Médico Forense (sus unidades internas) junto con los MP que están a cargo de las investigaciones y de localización de restos”.
La falta de comunicación, eficiencia y eficacia en los flujos de proceso de la FGE en Chihuahua son un gran obstáculo. “Debería de haber una sinergia entre estos departamentos, porque lamentablemente, a pesar de todas las capacidades que tiene Servicios Periciales, hemos encontrado a personas que buscábamos durante años en fosas comunes o en los refrigeradores del Semefo por un tema de incompetencia de los Ministerios Públicos a cargo de la investigación y de la no comunicación entre Servicios Periciales, que es algo gravísimo”.
Pero los procesos establecidos no han sido modificados, por ejemplo, explica la coordinadora de CDHPN que “la respuesta de la Dirección Periciales es que tiene que fundamentar su actuación a través de una petición del MP”, incluso para acceder a la base de datos genéticos que tienen, esta revisión debe ser mediante petición formal del MP. En pocas palabras no existe un acceso directo de información para el MP ni para las familias hacia Servicios Periciales, ni viceversa. “Muchas veces pasa que el MP no tiene la información de Servicios Periciales, ellos se basan únicamente en un programa que es Inforense, un programa que les permite observar fotografías de las personas fallecidas que son ingresadas al Semefo, sin embargo, no saben si existe una mayor cantidad de datos para dar una identificación {…} no tienen acceso a todos los metadatos”.
Casos emblemáticos han demostrado públicamente este cuello de botella o fallas en el proceso de la FGE. “Tenemos casos documentados al respecto, por ejemplo, el de Alejandro Correa Velázquez”. Ese caso al que hace referencia fue el de un hombre originario de Querétaro que intentó cruzar a los Estados Unidos y falleció en un segundo intento. Su cuerpo fue encontrado el 3 de marzo de 2021, pero la familia recuperó sus restos 13 meses después, ya había sido sepultado con su identificación genética correspondiente, pero pese a que se le buscaba y se tenía la información genética, no había forma de que dicha información empatara o coincidiera en la propia FGE. “El caso de Correa Velázquez es un ejemplo de omisión de las autoridades”.
10 agentes para más de mil casos
“En Juárez tenemos 10 Ministerios Públicos para la investigación de esos casos”, expone Carla Palacios. Aún con la variación de datos estadísticos y la actualización, por personas localizadas vivas o muertas, si estimamos datos de la FGE de personas desaparecidas hasta diciembre de 2023, la CDHPN registraba mil 800 casos (a diciembre de 2023) que con respecto a Red Lupa se ajustaron a mil 004 casos (a 16 mayo de 2024). En el municipio de Juárez da un resultado de 100 casos por cada agente del Ministerio Público, en un pico de mil 800 casos, son 180 casos para cada MP.
Si a esto sumamos la falta de capacitación y capacidad de los agentes, la impartición de justicia se convierte en algo lamentable, “y sin herramientas de análisis de contexto, sin especialización en el tema de desaparición {…} a veces, no es la cantidad, es la calidad”.
En un caso como el de Alfonso Gudián es evidente esto, la mayor parte de la investigación la han hecho las tres mujeres.
Las primeras 24 horas…
“El tema de la inmediatez es algo sumamente importante en los casos de desaparición y es algo que lamentablemente nunca se cumple, en la mayoría de los casos que nosotros tenemos vemos que el MP se limita a recibir el reporte de desaparición y a enviar oficios de búsqueda a instituciones, etc., cuando sabemos que no puedes limitar un proceso de búsqueda y de investigación de un caso de desaparición a meros oficios burocráticos, tiene que haber procesos pega de pesquisas, acercamientos con vecinos, etc.” la activista ha documentado que esto es lo que menos ocurre: “No tienen que transcurrir 72 horas, esto ya es una garantía legal, es obligación de la autoridad recibir el reporte de desaparición y solicitar un proceso de búsqueda por las autoridades en las redes familiares y comunitarias más cercanas a la persona desaparecida”.
Hasta encontrar a Alfonso
Sagrario y sus hijas han tenido la valentía que algunas otras han tenido o siguen teniendo, hacer el trabajo que las autoridades no hacen. Estas mujeres salen a las calles a buscar a sus hijos, sin ceder a la desesperanza, no buscan venganza, los buscan con vida o quieren encontrar sus huesos.
“Para las personas que tengan a mi hijo o que le hayan hecho daño o algo, ellos saben que estoy destrozada por el dolor, yo les pido que se tienten en el corazón, si es que lo tienen, que vean todo el destrozo que están haciendo {…} que se les ablande el corazón y me entreguen a mi hijo y si me lo llegaron a matar o hacer daño, que él ya no esté vivo {…} que me digan dónde está, que hagan una llamada al 911, a fiscalía, a donde ellos quieran {…} que me digan ahí está el cuerpo {…} que me lo regresen, ¿qué ganan teniéndolo oculto? Yo no los persigo, no soy de su misma calaña, yo solo quiero a mi hijo de regreso”.
[1] Quintana S. Victor M. Contexto y proceso de las desapariciones forzadas en el estado de Chihuahua, un primer acercamiento. (Chihuahua Hoy, 2013)
