Ciudad Juárez.– El 17 de junio inició formalmente la aplicación de la llamada Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca garantizar que las personas que laboran de pie tengan acceso a sillas con respaldo para descansar durante su jornada. Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que esta normativa presenta ambigüedades.
Héctor Núñez, coordinador del CCE, afirmó que aunque comparten el propósito de mejorar las condiciones laborales, es importante destacar que la norma, en su forma actual, tiene ambigüedades.
“Uno de los principales desafíos es la falta de lineamientos claros que permitan una implementación uniforme. Por ejemplo, no se define la frecuencia ni el tiempo que deben asignarse para que los empleados usen las sillas con respaldo”, puntualizó el empresario.
Según los señalamientos del coordinador en turno del CCE, la ley deja amplios márgenes de interpretación, lo que genera incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores. En este contexto, al organismo empresarial le preocupa que, mientras la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene 30 días para emitir lineamientos técnicos sobre riesgos posturales, ya se estén considerando sanciones sin criterios definidos.
“Esta falta de claridad no solo dificulta el cumplimiento, sino que puede abrir la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades encargadas de la inspección, generando un ambiente de inseguridad jurídica para las empresas”, expuso el portavoz del CCE.
En el caso específico de Juárez, donde la actividad principal es la manufactura, el CCE considera que la Ley Silla ya se cumple, ya que los empleados cuentan con uno o dos periodos para tomar alimentos en cafeterías equipadas con mesas y sillas con respaldo. Es decir, el espíritu de esta reforma ya se refleja en muchas prácticas laborales actuales en esta frontera.
“No obstante, hacemos un llamado a que toda regulación se construya con base en criterios técnicos, claridad operativa y diálogo con el sector productivo. Nuestro interés común debe ser que las normas beneficien verdaderamente a las y los trabajadores, sin afectar la estabilidad y el desempeño de las empresas que los emplean”, mencionó el coordinador empresarial.
