San Salvador.- Una joven que dio a luz a un bebé en un retrete en El Salvador afronta el lunes un segundo juicio por asesinato, en un caso que ha atraído la atención internacional debido a las restrictivas leyes salvadoreñas contra el aborto, pero el juez de sentencia declaró receso y su situación sigue en suspenso.
Evelyn Beatriz Hernández, de 21 años, ya había cumplido 33 meses de su condena de 30 años cuando el Tribunal Supremo revocó el fallo en su contra en febrero y ordenó un nuevo juicio con otro juez. Es la primera vez que se repite el juicio de un caso de aborto en el país, que persigue de forma agresiva en los tribunales a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y urgencias obstétricas, acusándolas de asesinato.
El juez de sentencia declaró receso hasta el 26 de julio para esperar que una de las testigos de la Fiscalía se recupere de una enfermedad que le impidió presentarse al juicio.
Pero los abogados de Evelyn también denunciaron que la Fiscalía cambió el argumento del delito, ya que no han podido comprobar que ella “realizó una acción para acabar con la vida del recién nacido”.
“Ahora (la Fiscalía) se quiere ir por la comisión por omisión, es decir, que (el bebé) falleció porque ella omitió realizar una acción de protección, y creemos que es extemporáneo y estamos obviamente esperanzadas que el juez resuelva así”, dijo a los periodistas la abogada Bertha María Deleón.
“Quiero que se haga justicia. Sé que todo va a estar bien. Mi fe está con Dios y con mis abogados”, dijo Hernández cuando ingresó al juzgado, y agregó que espera “cosas buenas, a diferencia de lo que pasó antes, y que soy inocente”, mientras más de un centenar de mujeres exigían su libertad inmediata.
Los defensores de los derechos de las mujeres confían en que el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, que asumió el cargo en junio, suavice la postura del país en los derechos reproductivos de las mujeres, y que Hernández sea absuelta. Docenas de mujeres han sido encarceladas en El Salvador con condenas similares.
“Lo que vive Evelyn es la pesadilla de muchas mujeres en El Salvador”, dijo su abogada Elizabeth Deras.
Hernández dice que no tenía ni idea de que estaba embarazada debido a una violación. Recuerda que un día de 2016 salió a un retrete exterior en su pobre comunidad rural con fuertes dolores abdominales. Se agachó para defecar, afirma, y el bebé debió caer al fondo del tanque séptico. La madre de Evelyn dijo que había encontrado a su hija desvanecida junto al retrete improvisado y que paró una camioneta descubierta para llevarla a un hospital que estaba a 30 minutos.
El feto era de 32 semanas, cerca del término del embarazo, y los forenses no pudieron determinar si había fallecido en el útero o en el pozo. La causa de la muerte sigue sin estar clara.
Las dos mujeres insisten en que no sabían que había un bebé en el tanque séptico. Pero la fiscalía no les cree.
“Realmente no sabía que estaba embarazada”, dijo Hernández el lunes. “Si lo hubiera sabido, lo habría esperado con orgullo y con alegría”.
The Associated Press sólo identifica por su nombre a víctimas de supuestos abusos sexuales si las propias víctimas hacen públicas su identidad y sus acusaciones.
El juicio de Hernández parece la primera prueba para los derechos reproductivos de las mujeres en el gobierno de Bukele, un mandatario joven y que ha expresado su desdén por todas las formas de discriminación.
Bukele ha dicho que cree que el aborto sólo es aceptable si la vida de la madre corre peligro, pero que está “totalmente en contra de criminalizar a las mujeres por tener abortos espontáneos”.
“Si una mujer pobre tiene un aborto espontáneo, inmediatamente es sospechosa de haber practicado un aborto”, dijo el presidente en 2018. “No podemos darle presunción de culpabilidad a una mujer que lo que necesita es ayuda inmediata”.
En ocasiones, las mujeres que acuden a hospitales públicos tras un aborto son acusadas de haber matado al feto.
Los recientes sondeos de opinión en El Salvador muestran un amplio apoyo a suavizar las leyes contra el aborto, por ejemplo permitiendo intervenciones médicas cuando la vida de la madre corre peligro o el feto no es viable. Sin embargo, muchos salvadoreños aún creen que las víctimas de violación deberían ser obligadas a llevar sus embarazos a término.
Una intervención en favor de Hernández mostraría que a Bukele “le interesa la vida de las mujeres”, dijo Deras. Morena Herrera, que lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en El Salvador, también instó al mandatario a interceder “a favor de Evelyn” para que la joven pueda seguir con su vida.
Bukele no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso.
El Salvador es uno de los tres países de Centroamérica que prohíbe totalmente el aborto, incluso en casos de violación e incesto, o cuando la vida de la madre corre peligro.
La ley salvadoreña contempla hasta ocho años de prisión para las mujeres que interrumpen un embarazo de forma deliberada y para los médicos que puedan ayudarlas. Sin embargo, fiscales agresivos suelen elevar los cargos a homicidio con agravantes, que conllevan una pena máxima de 40 años.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador ha documentado 146 procesos contra mujeres por abortos desde 2014. De esos casos, 60 mujeres fueron condenadas a prisión, 24 de ellas condenadas por homicidio con agravantes. Algunas insisten en que sufrieron abortos espontáneos y no interrumpieron sus embarazos a propósito.
Los castigos suelen recaer sobre las mujeres jóvenes y pobres, y las víctimas de violación.
El Salvador es un país profundamente religioso, donde el 80% de la población se identifica como católica o cristiana evangélica.
Pero también es un país asolado por la violencia de pandillas y actitudes machistas sobre el papel de la mujer. Se estima que cada año 25.000 mujeres quedan embarazadas tras ser violadas, en una nación con unos seis millones de habitantes. Se cree que cada año se realizan miles de abortos clandestinos.
