Ginebra.- Investigadores de derechos humanos respaldados por la ONU instaron el viernes a la creación de una “fuerza independiente e imparcial” para proteger a los civiles en la guerra de Sudán, culpando a ambos bandos de crímenes de guerra como asesinatos, mutilaciones y torturas, y señalando que los gobiernos extranjeros que los arman y financian podrían ser cómplices.
El equipo de investigación, en su primer informe desde que fue creado por el principal organismo de derechos humanos de la ONU el pasado octubre, también acusó a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, que luchan contra el ejército sudanés, y a sus aliados de crímenes contra la humanidad, como violaciones, esclavitud sexual y persecución por motivos étnicos o de género.
“El pueblo de Sudán ha sufrido mucho, y las violaciones en su contra deben cesar. Esto no puede hacerse sin poner fin a los combates”, declaró Mohamed Chande Othman, director del equipo, en una conferencia de prensa.
Los expertos pidieron que se ampliara a todo el país el embargo de armas que pesa sobre la región de Darfur, en el oeste de Sudán, asolada desde hace tiempo.
Las conclusiones del equipo encargado por el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 países, se producen cuando más de 10 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares –incluidos más de 2 millones que se han trasladado a países vecinos– y ha estallado la hambruna en un gran campo de desplazados de Darfur.
El conflicto que estalló en abril del año pasado ha causado la muerte de miles de personas y los grupos humanitarios batallan por llegar hasta las personas necesitadas. En diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de poner fin a la misión política del organismo mundial en el país, presionado por la cúpula militar.
Aunque las matanzas, los desplazamientos y la hambruna forzosa son conocidos desde hace tiempo, el llamado a la creación de una fuerza independiente marca la última señal de desesperación de los defensores de los derechos, tanto dentro del país como en el extranjero, para detener el derramamiento de sangre, los desplazamientos y la crisis alimentaria.
“Dado el fracaso de las partes en proteger a los civiles hasta ahora, la misión de investigación recomienda el despliegue de una fuerza independiente e imparcial con el mandato de proteger a los civiles en Sudán”, indicó el informe del equipo.
Los expertos no especificaron qué podría componer esa fuerza, ni dijeron qué países podrían ser cómplices de los crímenes por su respaldo a los bandos rivales. El ejército sudanés ha acusado a Emiratos Árabes Unidos de apoyar a la Fuerzas de Apoyo Rápido, afirmación que el país del Golfo ha negado.
El vecino Egipto figura entre los partidarios de las fuerzas armadas sudanesas.
“La misión de investigación considera que los combates cesarán cuando se detenga el flujo de armas”, subrayó el informe. Pidió que se pusiera fin de inmediato a la canalización de armas, municiones y otro tipo de apoyo a cualquier bando, “ya que existe el riesgo de que quienes suministran armas puedan ser cómplices de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario”.
Los expertos se centraron en un periodo comprendido entre enero y agosto de este año. Visitaron tres países vecinos y recogieron testimonios de más de 180 supervivientes, familiares y testigos del conflicto que ahora se ha extendido a 14 de los 18 estados de Sudán.
Joy Ngozi Ezeilo, miembro del equipo, afirmó que la violencia sexual relacionada con el conflicto tiene una “larga y trágica historia” en Sudán, y que la población civil –en su inmensa mayoría mujeres y niñas– “fue y sigue siendo objeto de violencia sexual, en particular violaciones (y) violaciones en grupo por ambas partes del conflicto”.
Las conversaciones en Ginebra convocadas por Estados Unidos, Suiza y Arabia Saudí este mes, lograron algunos avances para hacer llegar la ayuda a Sudán, pero los mediadores lamentaron la falta de participación de las fuerzas armadas sudanesas. Egipto, los Emiratos, la Unión Africana y las Naciones Unidas también participaron en las conversaciones.
El equipo tiene poco poder para influir en los acontecimientos sobre el terreno en lo que la ONU ha calificado como la peor crisis humanitaria del mundo. Su informe sirve principalmente para llamar la atención de la comunidad mundial sobre los abusos y violaciones de derechos y para ayudar a informar a los fiscales de la Corte Penal Internacional.
Othman, en declaraciones a The Associated Press, dijo que el equipo no había recopilado “pruebas concretas” sobre qué países estaban canalizando armas y dinero a los bandos rivales, más allá de lo que habían visto en los informes de los medios de comunicación, pero que “merecía la pena investigar” la cuestión.
“Debería asignarse a alguna persona o a algún organismo para que lo investigue, porque es grave en el contexto de la prolongada guerra en Sudán”, afirmó.
