La Haya.- La presidenta de la Corte Penal Internacional criticó a Estados Unidos y Rusia por interferir en sus investigaciones, y calificó de “atroces” las amenazas y ataques al tribunal.
“El tribunal está siendo amenazado con sanciones económicas draconianas por otro miembro permanente del Consejo de Seguridad como si fuera una organización terrorista”, dijo la jueza Tomoko Akane, en su discurso en la reunión anual de la institución, que comenzó el lunes.
Akane se refería a los comentarios del senador estadounidense Lindsey Graham, cuyo partido Republicano controlará ambas cámaras del Congreso en enero, y quien calificó al tribunal de “una broma peligrosa” e instó al Congreso a sancionar a su fiscal. “A cualquier aliado, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, si intentan ayudar a la CPI, vamos a sancionarlos”, dijo Graham en Fox News.
Es la primera vez que la corte global de justicia señala a un líder en activo de una gran potencia occidental.
Graham se enfureció por un anuncio el mes pasado de que los jueces habían aceptado una solicitud del fiscal del tribunal, Karim Khan, para emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su exministro de defensa y el jefe militar de Hamás por crímenes contra la humanidad en conexión con la guerra iniciada hace casi 14 meses en Gaza.
La decisión ha sido criticada por críticos del tribunal y solo ha recibido una tibia aprobación por parte de muchos de sus partidarios, en contraste con el robusto respaldo de una orden de arresto para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. emitida el año pasado por crímenes de guerra en Ucrania.
La amenaza de Graham no se ve como simples palabras. El presidente electo Donald Trump sancionó al anterior fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, con una prohibición de viajar y congelación de activos por investigar a tropas y funcionarios de inteligencia estadounidenses en Afganistán.
Akane también tuvo palabras duras para Rusia el lunes. “Varios funcionarios electos están siendo objeto de órdenes de arresto por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad”, dijo. Moscú emitió órdenes para Khan y otros en respuesta a la investigación sobre Putin.
La Asamblea de los Estados Partes, que representa a los 124 países miembros de la CPI, convocará su 23ra conferencia para elegir a los miembros del comité y aprobar el presupuesto del tribunal en un contexto de prensa desfavorable.
La Corte se estableció en 2002 como el tribunal permanente de última instancia del mundo para procesar a individuos responsables de las peores atrocidades: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión. El tribunal solo interviene cuando las naciones son incapaces o no están dispuestas a procesar esos crímenes en su territorio. Hasta la fecha, 124 países han firmado el Estatuto de Roma, que creó la institución. Aquellos que no lo han hecho incluyen a Israel, Rusia y China.
La CPI no tiene fuerza policial y depende de los estados miembros para ejecutar las órdenes de arresto.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó las órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de defensa como “indignantes” y prometió apoyar a Israel. Hace un año, Biden calificó la orden contra Putin como “justificada” y dijo que el presidente ruso había cometido crímenes de guerra. Estados Unidos no es un país miembro de la CPI.
Francia dijo que “respetaría sus obligaciones” pero necesitaría considerar la posible inmunidad de Netanyahu. Cuando se anunció la orden contra Putin, Francia dijo que “prestaría su apoyo al trabajo esencial” del tribunal. Otro país miembro, Austria, reconoció a regañadientes que arrestaría a Netanyahu pero calificó las órdenes como “totalmente incomprensibles”. Italia las llamó “erróneas” pero dijo que estaría obligada a arrestarlo. Alemania dijo que estudiaría la decisión. Hungría, otro miembro, ha dicho que se pondría del lado de Israel en lugar del tribunal.
La experta en seguridad global Janina Dill expresó preocupación de que esas reacciones puedan socavar los esfuerzos de justicia global. “En realidad tienen el potencial de dañar no solo al tribunal, sino también al derecho internacional”, dijo a The Associated Press.
Milena Sterio, experta en derecho internacional en la Universidad Estatal de Cleveland, dijo a la AP que las sanciones contra la corte podrían afectar a varias personas que contribuyen al trabajo del tribunal, como la abogada internacional de derechos humanos Amal Clooney. Clooney asesoró al fiscal actual en su solicitud de las órdenes de arresto para Netanyahu y otros.
“Las sanciones son una carga enorme”, dijo Sterio.
También pesan sobre la reunión en La Haya las presiones internas que enfrenta Khan. En octubre, la AP informó que el abogado británico de 54 años enfrenta acusaciones de haber intentado coaccionar a una ayudante para tener una relación sexual y de haberla manoseado.
Dos compañeros de trabajo en quienes la mujer confió reportaron la supuesta mala conducta en mayo al organismo independiente de vigilancia del tribunal, que dice haber entrevistado a la mujer y haber concluido su investigación después de cinco días cuando ella optó por no presentar una denuncia formal. Khan nunca fue interrogado. Él ha negado las acusaciones.
La Asamblea de los Estados Partes ha anunciado que lanzará una investigación externa sobre las acusaciones. No estaba claro si la investigación se abordaría durante la reunión.
El tribunal, que ha enfrentado durante mucho tiempo acusaciones de ineficacia, no tendrá juicios pendientes después de que dos concluyan en diciembre. Aunque ha emitido varias órdenes de arresto en los últimos meses, muchos sospechosos de alto perfil siguen prófugos.
Los estados miembros no siempre actúan. Mongolia se negó a arrestar a Putin cuando visitó en septiembre. El expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, está buscado por la CPI por acusaciones relacionadas con el conflicto en Darfur, pero su país se ha negado a entregarlo. La semana pasada, Khan solicitó una orden de arresto para el jefe del régimen militar de Myanmar, el general de división Min Aung Hlaing, por ataques contra la minoría musulmana rohinya del país. Los jueces aún tienen que decidir sobre esa solicitud.
“Se vuelve muy difícil justificar la existencia del tribunal”, dijo Sterio.
