Washington.- El número de víctimas por la persistente violencia política en Nicaragua continúa en aumento, denuncio hoy el grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para dar seguimiento a la situación en esa nación.
Al presentar el primer informe del grupo, la embajadora de Canadá ante la OEA, Jennifer Loten, dijo que la situación de violencia no ha aminorado, y que el gobierno ha endurecido su postura ante organismos internacionales.
Destacó la negativa del gobierno del presidente Daniel Ortega a permitir la visita de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, su decisión de terminar la cooperación con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), y la interrupción del diálogo nacional.
“Existe amplia evidencia para concluir que la violencia extendida continúa, acompañado por un aumento en el número de víctimas, y un considerable aumento de reportes de hechos de represión e intimidación”, dijo Loten en sesión del Consejo Permanente este miércoles.
El último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado a conocer en agosto pasado, contaba 317 muertos por la situación de violencia que vive ese país desde abril pasado.
El reporte de Loten fue denunciado por Nicaragua, cuyo representante dijo que su gobierno no reconoce las conclusiones del informe de trabajo, al que calificó de injerencista, e intentó con Venezuela impedir la celebración de la audiencia.
“Les repetimos y reiteramos una vez más que el gobierno de Nicaragua no los reconoce, no existe, y les manifestamos que no tenemos nada que responderles. Exigimos respeto a la soberanía nacional del Estado nicaragüense”, demandó el representante alterno Luis Exequiel Alvarado Ramírez.
El reporte fue el preámbulo para que el Consejo sometiera a votación una nueva resolución sobre la situación en esa nación, la cual fue adoptada por 19 votos a favor, cuatro en contra, nueve abstenciones y dos países estuvieron ausentes.
En esa resolución, la OEA reafirmó su condena a los actos de violencia, represión y violaciones de derechos humanos a manos de la policía y grupos parapoliciales, y urgió al gobierno a tomar medidas inmediatas para investigar eses hechos.
También exhortó al gobierno de Ortega a cumplir su compromiso de brindar asistencia a la CIDH, al MESENI y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Hizo un llamado para generar las condiciones para restablecer el diálogo nacional, y pidió que apoye un calendario electoral acordado de manera conjunta en el marco de ese dialogo, para el que insistió, no deberá haber exclusiones de actores necesarios como la Iglesia Católica.
