Washington.- Una dividida Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves que los estados pueden impedir que Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos del país, reciba recursos de Medicaid para servicios de salud como anticonceptivos y exámenes de detección de cáncer.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres, fue redactada por el juez Neil Gorsuch y respaldada por el resto de los magistrados conservadores del máximo tribunal. Aunque el fallo no aborda directamente el aborto, se produce en el marco de una ofensiva nacional republicana para retirar financiamiento público a la organización. Además, cierra el principal camino legal que tenía Planned Parenthood para mantener esos recursos: las demandas presentadas por los pacientes.
Aunque la ley de Medicaid permite a los beneficiarios elegir a su proveedor, la Corte determinó que esa disposición no constituye un derecho exigible judicialmente.
En general, los fondos públicos para atención médica no se pueden utilizar para pagar abortos, pero muchas personas afiliadas a Medicaid acuden a Planned Parenthood por otros servicios, especialmente en zonas donde es difícil encontrar médicos que acepten ese seguro, ha señalado la organización.
El gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, ha sostenido que Planned Parenthood no debería recibir fondos de los contribuyentes. Una propuesta presupuestaria impulsada por el expresidente Donald Trump en el Congreso también buscaba recortar esos recursos, lo que, según la organización, podría llevar al cierre de unos 200 centros, la mayoría ubicados en estados donde el aborto aún es legal.
McMaster intentó eliminar la financiación estatal a Planned Parenthood en 2018, pero fue bloqueado por una demanda interpuesta por Julie Edwards, una paciente que argumentó que su condición médica —diabetes— hacía peligroso un embarazo, por lo que necesitaba seguir recibiendo anticonceptivos a través de esa clínica. La mujer basó su demanda en una cláusula de Medicaid que permite elegir proveedor calificado.
Carolina del Sur alegó que los pacientes no deberían tener derecho a presentar ese tipo de demandas. En los tribunales inferiores, se han admitido argumentos similares, permitiendo a otros estados como Texas cortar fondos a Planned Parenthood.
La mayoría de la Corte estuvo de acuerdo. “Permitir demandas privadas plantea delicadas cuestiones de política que implican costos y beneficios contrapuestos: decisiones que deben tomar los representantes electos, no los jueces”, escribió Gorsuch. Agregó que los pacientes aún pueden apelar a través de procesos administrativos si se les niega cobertura.
McMaster celebró el fallo. “Hace siete años asumimos una postura para proteger la santidad de la vida y defender los valores de Carolina del Sur. Hoy, finalmente, salimos victoriosos”, dijo en un comunicado.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson, en un voto disidente al que se unieron los demás magistrados liberales, advirtió que la decisión “provocará un daño tangible a personas reales”.
“Privará a los habitantes de Carolina del Sur —y a muchos otros beneficiarios de Medicaid en el país— de una libertad profundamente personal: la capacidad de elegir quién nos atiende en nuestros momentos más vulnerables”, escribió Jackson.
Otros estados podrían seguir el ejemplo de Carolina del Sur y excluir a Planned Parenthood de los programas públicos, advirtió Destiny Lopez, codirectora ejecutiva del Instituto Guttmacher, una organización de investigación que defiende los derechos reproductivos.
“Esto es parte de una destrucción sistemática del acceso a la atención de salud reproductiva, y un indicio claro de lo que está por venir”, sostuvo.
Grupos como la Sociedad Americana del Cáncer señalaron en documentos judiciales que las demandas de los pacientes han sido la única vía efectiva para ejercer el derecho a elegir proveedor. La pérdida de esa capacidad podría reducir el acceso a la atención médica, especialmente en áreas rurales, según defensores.
En Carolina del Sur, Planned Parenthood recibe aproximadamente 90 mil dólares anuales en fondos de Medicaid, una fracción mínima del gasto estatal total en ese rubro. Desde 2022, ese estado prohíbe el aborto a partir de la sexta semana de gestación, tras la anulación del fallo Roe vs. Wade. Las autoridades afirman que otros proveedores pueden cubrir el vacío asistencial que dejaría la organización.
