Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos parece inclinada a ratificar a la junta de supervisión establecida por el Congreso en respuesta a la devastadora crisis financiera de Puerto Rico, que empeoró después del paso del huracán María en 2017.
Los jueces manifestaron el martes su escepticismo en torno a una apelación constitucional a la composición de la junta de supervisión, que tendría repercusiones para más de 100.000 millones de dólares en deuda y para el futuro económico de la isla. Fondos especulativos que invirtieron en bonos puertorriqueños encabezan la causa en contra de la junta.
Un tribunal menor falló en febrero que el nombramiento de los miembros de la junta fue inconstitucional porque no fueron confirmados por el Senado.
El presidente selecciona a los siete miembros con derecho a voto de la junta. Estos y otros integrantes designados por el gobernador aprueban presupuestos y planes fiscales delineados por el gobierno de la isla. También maneja casos parecidos a bancarrota que permiten que el territorio estadounidense reestructure sus deudas.
El juez Samuel Alito preguntó irónicamente si es “demasiado cínico” pensar que los fondos especulativos estaban más interesados en el dinero en juego que en la apelación constitucional que presentaron.
La junta de supervisión y el gobierno del presidente Donald Trump apelaron el fallo de la Corte Federal de Apelaciones de Boston. Parecía haber apoyo substancial para sus argumentos de que la composición de la junta no está regida por la cláusula de la Constitución sobre nombramientos, sino por otra cláusula que le da al Congreso un control significativo sobre los territorios ultramarinos estadounidenses, entre los que se incluye a Puerto Rico.
Una ley aprobada por el Congreso en 2016 le instruyó a la junta actuar “a nombre de Puerto Rico y su pueblo y sus agencias”, dijo la jueza Ruth Bader Ginsburg.
La corte de apelaciones le dio al presidente tiempo para rectificar el problema renombrando a los miembros y obtener su aprobación en el Senado. El mandatario ha enviado las nominaciones a la cámara alta, que no ha actuado en espera del fallo del máximo tribunal.
Incluso si la Corte Suprema ratifica el fallo previo contra la junta, pudiera simultáneamente ratificar las acciones que la misma ha emprendido hasta ahora, ya que anularlas podría perjudicar enormemente las labores de recuperación de la isla.
La decisión de la corte es esperada con relativa presteza, porque el tribunal aceptó considerar la apelación mucho más rápidamente que lo usual.
