San Salvador.-Sin estudios técnicos sobre el impacto ambiental y pese a la oposición de diversos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, el Congreso salvadoreño aprobó el lunes la Ley General de Minería Metálica, una propuesta del presidente Nayib Bukele que asegura transformará El Salvador, generando riqueza y “miles de empleos de calidad”.
Los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados además derogaron la Ley de Prohibición de la Minería Metálica emitida el 29 de marzo de 2017, que en esa fecha convirtió a El Salvador en el primer país en el mundo en prohibir la minería de metales.
Después de prolongados debates y expresiones de diversos sectores, liderados por la Iglesia Católica, el Congreso de esa época consideró esa actividad como una amenaza ambiental debido a la excesiva demanda de agua que exige y al drenaje de metales pesados y de desechos tóxicos como mercurio y cianuro.
Sin embargo, recientemente el presidente Bukele se pronunció a favor de la minería de oro y calificó de absurda una prohibición para la extracción de metales por ser una amenaza ambiental.
Al mismo tiempo, aseguró que la minería en El Salvador sería “moderna y sostenible” y cuidaría el medio ambiente.
Bukele destacó a través de las redes sociales que toda la riqueza potencial en oro que existe en El Salvador podría equivaler a “3 billones de dólares”, que, según sus cálculos, representa 8.800 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, que cerró en 2023 en 34 mil 015 millones de dólares.
La Ley General de Minería Metálica aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso, habilita al Estado como único responsable de explorar, extraer y procesar minerales en el territorio nacional, eliminando la necesidad de concesiones legislativas. Los tres diputados de oposición votaron en contra.
Señala que las sociedades de economía mixta podrán tener participación en la explotación, donde el Estado tendrá participación accionaria y podrán “explorar, extraer y procesar las riquezas naturales del país.”.
Además, se prohíbe el uso de mercurio en las actividades mineras y la exclusión de ciertas zonas sensibles, como áreas de recarga hídrica y reservas naturales.
La ley incluye multas desde 100 salarios mínimos — en El Salvador, ese monto es de 365 dólares mensuales—por incumplimiento de la ley y en el caso de infracciones graves, se podrá imponer multas de 501 salarios a mil salarios mínimos y “eso aunando a que todo aquel beneficio de que se obtenga de las actividades irregulares regrese al Estado”.
Desde el anunció de Bukele, organizaciones ambientalistas y la Conferencia Episcopal de El Salvador, encabezada por el arzobispo José Luis Escobar Alas, expresaron su desacuerdo e instaron al presidente Bukele a escuchar el clamor popular y dar marcha atrás.
El principal jerarca de la Iglesia católica en El Salvador enfatizó que la minería metálica tendría “consecuencias irreversibles” para el medio ambiente y la población salvadoreña, subrayando que los recursos hídricos del país, especialmente el río Lempa, el más grande del país, están en grave riesgo de contaminación por sustancias químicas como cianuro, arsénico y mercurio, utilizados en la extracción de metales.
La Conferencia Episcopal también subrayó que la minería no representa una solución viable para la economía. “Estamos a favor del desarrollo, pero el desarrollo no puede ir en contra de la vida y la salud de las personas. El Salvador necesita buscar alternativas económicas sostenibles que beneficien a todos, sin poner en riesgo nuestra casa común”, señaló en un comunicado.
Por su parte Organizaciones como la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y la Alianza Centroamericana Frente a la Minería han encabezado las protestas, alertando sobre los riesgos sociales, ambientales y económicos de la actividad minera.
Según estas organizaciones, la minería metálica podría desplazar a comunidades rurales, afectar los derechos de propiedad y generar una crisis hídrica que comprometería la calidad de vida de millones de salvadoreños.
Mientras se discutía la propuesta de Bukele, más de un centenar de personas de organizaciones ambientalistas marcharon hacia el Congreso para exigir que no derogara la Ley de Prohibición de Minería Metálica, pero efectivos de Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la policía colocaron barricadas para impedirles el paso
“Nos está dando contaminación a nuestras aguas, a nuestros territorios, desplazamientos, eso nos está regalando, muerte, un 23 de diciembre de 2024”, expresó Adalberto Blanco, de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo.
Entretanto, una encuesta del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentado el lunes, revela que el 59.2 por ciento de la población nacional considera que El Salvador no es un país apropiado para la minería.
La directora del Iudop, Laura Andrade, señaló además que los datos precisan que 61 de cada 100 salvadoreños consideran que la minería metálica en el país provocaría un impacto negativo al medio ambiente.
