Chihuahua.– El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) sancionó a dos particulares y cuatro antiguos servidores públicos municipales por faltas cometidas cuando ocuparon puestos de tesorero, regidores y síndica.
Los casos fueron detectados y denunciados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) como parte de su labor de fiscalización y se suman a los otros 12 casos denunciados y determinados por el pleno del Tribunal Estatal con responsabilidad administrativa por faltas graves.
Gerardo Ronquillo Chávez, extesorero de Ciudad Juárez, fue hallado culpable de una contratación simultánea de los despachos: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V., por 249 mil 500 pesos, y Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret S.C., por 187 mil 843 pesos, ambos para tramitar ante la Secretaría de Hacienda estatal la devolución del Impuesto Sobre la Renta, cuando no era necesario realizar ningún procedimiento para ello.
El TEJA dio a conocer la responsabilidad sin detallar el sentido de la sanción impuesta.
Además, Vanessa Trevizo, antigua síndica de Santa Isabel, celebró un contrato como proveedora por un monto de 170 mil pesos, en cuyo periodo manifestó no tener impedimento legal aun y cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua lo prohíbe.
El TEJA determinó la existencia de responsabilidad de la exsíndica y le impuso una inhabilitación de tres meses para participar en cualquier proceso de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
También en Santa Isabel, el exregidor Javier Flores celebró un contrato con él mismo como proveedor para la elaboración y venta de alimentos por un monto de 241 mil 747 pesos durante el ejercicio de 2020.
En otro de los casos de ex servidores públicos, Carlos Antonio Rosales Arcaute, exregidor en el municipio de Gómez Palacio en Durango, registró su empresa “AA PRINT S.A. de C.V.” en el Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua manifestando no tener ninguna de las limitantes de la Ley de Adquisiciones.
El exfuncionario obtuvo dos contratos de arrendamiento y publicidad por un monto de 1.5 millones de pesos, por lo cual se le inhabilitó por tres meses para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Los particulares fueron identificados con las iniciales I.B.C. y J.A.O.C. a quienes se les impuso una sanción económica de 74 mil 224 pesos por haber presentado información falsa para el programa de Apoyo a las Empresas del Sector Restaurantero y Eventos Sociales del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) en la Cuenta Pública 2020.
