Chihuahua.- Los procedimientos administrativos en contra del exgobernador de Chihuahua y funcionarios de su administración siguen vigentes, ya que están siendo repuestos a raíz de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre pasado, sin que eso signifique una sentencia.
La secretaria de la Función Pública (SFP), Mónica Vargas Ruiz y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Responsabilidades, Sergio Alejandro Ruiz Dávila, emitieron un posicionamiento para desmentir que los procedimientos se hayan “caído” o “derrumbado”.
Explicaron que la jurisprudencia de la SCJN indica que los procesos deben adecuarse la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que en el caso de la Operación Justicia para Chihuahua son 37 expedientes.
Informaron que específicamente, de la Operación Justicia para Chihuahua, se han realizado 75 procedimientos, de los cuales 25 cuentan con resoluciones por diversas sanciones y que además, algunos están siendo atacados por los equipos de la defensa de los exfuncionarios en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
“En otros 37 asuntos son en los que se está realizando la reposición. Es una cuestión a la que se tiene derecho como por parte de la autoridad y lo que implica es que la Suprema Corte está declarando como no procedente la vía, es decir, no se atiende el fondo de los asuntos, ya que no se trata de sentencias”, reiteró el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Responsabilidades.
Sergio Alejandro Ruiz Dávila insistió que en ningún momento se trata asuntos que se hubieran “caído” o “derrumbado”, ya que en ningún momento la SCJN ha emitido sentencia o resolución relacionada y lo que se hace por parte de la Secretaría de la Función Pública es atender en todo momento el debido proceso, la legalidad y el respeto a los derechos humanos de cada uno de los involucrados en dichos procedimientos administrativo.
“La Función Pública ha basado en todo momento la determinación de sus criterios siempre bajo la premisa de respetar las normas establecidas por las leyes vigentes y de acuerdo con los diversos criterios e interpretaciones que han sostenido las salas y el pleno de la Suprema Corte”, señaló.
Explicó además que los procedimientos administrativos se comenzaron a integrar tomando en cuenta las jurisprudencias vigentes en ese momento, así como una primera tesis aislada que se publicó el 7 de junio 2019, en la que se adoptó que bajo el rubro de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las conductas reprochadas cometidas bajo la vigencia de la abrogada Ley Federal relativa, le son aplicables las reglas de ésta y no las de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ruiz Dávila informó que de octubre 2016 a junio del 2021, la SFP ha iniciado 290 procedimientos administrativos de responsabilidades, 52 bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas; se han emitido 216 resoluciones, 180 inhabilitaciones y 107 sanciones económicas por un monto aproximado a los 623 mdp.
También, se han emitido 9 destituciones del puesto, 16 suspensiones y 46 amonestaciones por escrito.
La secretaría de la Función Pública, Mónica Vargas, rechazó que se trate de fallas en los procedimientos, ya que la jurisprudencia de la SCJN fue posterior a que se iniciaran los procesos, porque no se podía adivinar que la Suprema Corte dos años después, iba un emitir una jurisprudencia contraria a la tesis aplicable hasta ese momento.
