Chihuahua.- La fracción de Morena emitió un pronunciamiento al Ejecutivo del estado con el fin de liberar a las mujeres que se encuentren en prisión tras ser acusadas de cometer el antigüo delito de aborto voluntario, y que la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional en la declaratoria general 1/2024.
Elizabeth Guzmán Argueta, presidenta del Congreso del Estado, aseveró que la resolución tiene efectos retroactivo al tratarse de materia penal, desde la fecha de entrada en vigor de las disposiciones invalidadas, es decir los artículos 142, 145 y 146 del Código Penal para el Estado de Chihuahua.
En este sentido, la legisladora por Morena indicó que las mujeres y personas gestantes que estén siendo investigadas, procesadas o condenadas por lo que en su tiempo fue delito, deben ser liberadas de toda indagatoria, y si se encuentran en prisión, deberán ser liberadas, resolución que debe proteger a los profesionales de la salud que practicaron el aborto con el consentimiento de la paciente.
Según la información con la que cuenta Guzmán Argueta, en Chihuahua se encuentran seis mujeres en prisión por su responsabilidad en el entonces delito de aborto voluntario, aunque habrán de indagar más a fondo para conocer el panorama estatal.
"México es parte de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, solicitamos en el ejercicio de sus atribuciones constitucional qué se proceda a la liberación de estas mujeres, pues no solo restablece su libertad sino reafirma el compromiso de Chihuahua con la justicia social, el orden constitucional y los compromisos en la materia en favor de las mujeres", aseguró.
Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la fracción de Morena, dijo que el mecanismo puede seguirse de dos maneras; la primera, sería de oficio, mediante el cual el Poder Judicial haga los procedimientos correspondientes que lleven a la nulidad de las carpetas de investigación y la liberación de las personas en prisión.
Otra forma, sería que las personas afectadas por sí mismas o su representante legal, soliciten la revisión de su caso ante el órgano jurisdiccional en que se encuentre su carpeta, ya sea ante el Ejecutivo si no se ha emitido sentencia, o ante el Judicial si ya cuenta con una.
