Chihuahua.- Un juez de control liberó dos órdenes de aprehensión contra una integrante de la Policía Vial y otra contra un Policía Municipal por su probable comisión del delito de cohecho, dio a conocer Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal Anticorrupción de Chihuahua.
Durante su relatoría, recordó que la detención por parte de la agente de vialidad, Gabriela Rosa Torres Ulloa, se dio en la carretera Chihuahua a Cuauhtémoc, en la zona conocida como Los Llorones el 5 de febrero de 2023. La familia se dirigía a un funeral en la comunidad de Norogachi.
La agente acusó que el joven conductor se encontraba manejando en estado de ebriedad, algo que no era verdad, pues había dejado de ingerir bebidas alcohólicas hacía dos días.
Para dejarlos transitar sin realizarles la infracción y la detención del vehículo, la agente les pidió 12 mil pesos, cantidad que no traían en ese momento por lo que fueron escoltados hasta su casa para que lograran juntar la cantidad.
Ya en el domicilio, llegó una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) a cargo de Juan Carlos Ortega Acosta y se llevó el dinero. La unidad preventiva fue identificada con las placas CH303A2 y con número económico PA2418.
El 7 de febrero de 2023 se dio vista a las autoridades municipales y se integró la carpeta de investigación a través del Órgano Interno de Control. La denuncia ante la FACH casi un mes después y se inició con el proceso. El acuerdo para la liberación de la orden de aprehensión se dio gracias a la investigación realizada por el Ministerio Público que brindó las pruebas suficientes.
El delito de cohecho está contemplado en la fracción 1 del artículo 269 del Código Penal de Chihuahua.
A los integrantes de la familia rarámuri les fueron entregadas órdenes de protección por tratarse de personas de una comunidad vulnerable, dijo Valenzuela Holguín.
También dijo que los acusados se encuentran sustraídos de la acción de la justicia, al enterarse del procedimiento que la FACH estaba llevando a cabo. Por tanto, se ha pedido la prisión preventiva justificada una vez sean ejecutadas las órdenes.
“El dinero que se distrae del servicio de objeto, se traduce en falta de servicios y oportunidades para la población y es mayor para los más desprotegidos, los actos de corrupción pueden ocurrir con frecuencia inusitada en áreas sensibles”, dijo Valenzuela.
