Chihuahua.- Entre 2018 y al corte del 30 de abril de este año, Chihuahua contabiliza 44 víctimas en contexto electoral concentrándose los ataques en la Sierra Tarahumara, Juárez y Chihuahua capital, así lo dio a conocer Sandra Ley, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los datos concentrados en el estudio y reportaje denominado “Votar entre balas” dijo que los ataques se presentan en forma de asesinatos, atentado, ataque armado, desaparición, amenaza, secuestro a personas candidatas, integrantes de partido, autoridades de elección popular, familiares, personas funcionarias y fuerzas de seguridad fuera de ambiente de combate.
La investigadora dijo que Chihuahua concentra el 2.51 por ciento de las víctimas de violencia político-criminal en el país y se han incrementado, pues entre 2006 y 2012 –proceso similar al actual- se contabilizaron 35 ataques.
Abundó, además, que el ámbito municipal es el más afectado, así como los elementos de los cuerpos policiacos, contabilizando 13 ataques. Para este conteo, se considera que estén en su día franco y fuera en ambientes.
Sandra Ley aclaró que Chihuahua no vive los niveles de violencia que otras entidades, pero no significa que esté la amenaza latente, dado el interés del crimen organizado por incidir en las políticas públicas y el presupuesto local para tener el control del territorio.
Estadísticas a nivel nacional
Reprochó que hace tres sexenios federales se ha debilitado a las fuerzas municipales de seguridad, un grave error dado que los cuerpos municipales son los más vulnerables y los de mayor utilidad para crear redes de la delincuencia para incidir en los procesos electorales.
Según la información que ha recabado, en 2018 y 2021 se han presentado picos de violencia político-electoral y desde 2022 en que se renovaron algunas gubernaturas, se mantienen al alza y de manera constante. El estado de Baja California Sur el único que no registra ataques, resaltó.
Los datos arrojan, agregó, que 581 de los municipios del país (75 por ciento de los habitantes del país) cuentan con ataques contra personas aspirantes o en algún cargo de elección popular.
Sandra Ley también reveló que el 77 por ciento de los ataques es contra autoridades y candidatos a puestos municipales; el 17 por ciento se da en el ámbito estatal y el 6 por ciento en el área federal.
En cuanto a la incidencia de ataques por partido, Morena concentra el 25 por ciento; 19 por ciento del PRI, 18 por ciento a partidos locales; 12 por ciento del PAN; 7 por ciento de Movimiento Ciudadano y 6 por ciento sin partido.
La violencia político-electoral se define como el conjunto de ataques del crimen organizado contra actores políticos y que busca incidir en el control de procesos electorales, así como en las instituciones y finanzas públicas.
