Acusa PAN a Sheinbaum de imponer reformas sin debate ni consulta pública
Foto: Manuel Escogido

Chihuahua.– Mario Vázquez Robles, senador por Chihuahua, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está cumpliendo con la tarea que le dejó Andrés Manuel López Obrador al salir del poder, impulsando reformas "por la fuerza y sin el tiempo necesario para la discusión ni la consulta pública".

El legislador panista se dijo sorprendido por el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, al considerar que representa un retroceso en el régimen encabezado por Morena, el cual —afirmó— ha impuesto prácticas como la censura, el espionaje y el control de la población.

Entre las reformas promovidas por el actual gobierno, Vázquez Robles mencionó la modificación al Poder Judicial, que incluye la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, así como la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que, dijo, es hoy más necesario que nunca para garantizar el acceso y protección de la información de los ciudadanos.

También criticó la Ley de Telecomunicaciones, particularmente la posibilidad de suspender o cancelar contenidos que no sean del agrado del régimen, lo que calificó como un posible “apagón informativo”. Asimismo, alertó sobre el riesgo de que el gobierno pueda localizar a personas en tiempo real mediante la geolocalización de dispositivos móviles, sin necesidad de una orden judicial.

Otra iniciativa que cuestionó fue la relacionada con la Ley General de Población, en la cual —según explicó— se exige una CURP con datos biométricos, como fotografía, huellas digitales e iris, información que quedaría bajo resguardo de la Agencia de Transformación Digital (ATD).

Vázquez también señaló la Ley de Trámites, que plantea centralizar los procesos en una sola oficina utilizando la CURP como identificador único, y la controvertida Ley de Investigación e Inteligencia, conocida como Ley Espía, que permitiría al gobierno acceder sin orden judicial a datos sensibles de la población, como movimientos bancarios, historial médico y situación fiscal.

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