Santa Fe. - Una mujer originaria de Perú que cruzó ilegalmente la frontera desde México hacia Estados Unidos fue absuelta este jueves de las acusaciones de acceso no autorizado a una zona militarizada, en el primer juicio como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para procesar a inmigrantes que entran al país por ciertas partes de Nuevo México y el oeste de Texas.
Adely Vanessa de la Cruz Álvarez, de 21 años, fue arrestada el mes pasado cerca de la ciudad de Tornillo, en el oeste de Texas, después de que ingresó al país desde México caminando por el lecho del río Bravo (Grande), según muestran documentos judiciales.
Además de ser acusada de entrar ilegalmente al país, también se le presentaron cargos de ingresar a una zona militar. Es una de varios inmigrantes que han sido acusados en virtud a la ley desde que Trump transfirió al Ejército la supervisión de una franja de tierra a lo largo de la frontera. La medida es parte de las nuevas restricciones que ha implementado el Departamento de Justicia contra la inmigración ilegal.
Verónica Teresa Lerma, abogada de De la Cruz Álvarez, no respondió de inmediato a mensajes de The Associated Press en busca de comentarios. Dijo al diario Texas Tribune que el fallo fue significativo.
"Con suerte, esto establece las pautas para el gobierno federal", dijo Lerma, "para que sepan lo que la comunidad de El Paso hará con estos cargos".
Incluso antes de que el caso de De la Cruz llegara a juicio, jueces magistrados federales en el vecino estado de Nuevo México habían desestimado casos similares, al no encontrar evidencia suficiente de que los inmigrantes tuvieran conocimiento sobre las zonas militarizadas.
De la Cruz Álvarez fue declarada culpable por entrar ilegalmente al país y ya enfrentaba un proceso de deportación, pero pudo haber pasado hasta 18 meses en prisión por ingresar a la zona militarizada.
A pesar del veredicto, el fiscal federal Justin Simmons del Distrito Oeste de Texas dijo que su oficina continuará procesando agresivamente las violaciones del Área de Defensa Nacional.
"Al final del día, otro extranjero ilegal ha sido declarado culpable de ingresar ilegalmente al país en violación del estatuto de entrada indebida y será expulsado de Estados Unidos", dijo Simmons en un comunicado. "Esta es una victoria para Estados Unidos".
El gobierno quiere aumentar drásticamente la expulsión de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal, mientras Trump busca cumplir con su promesa de llevar a cabo deportaciones a gran escala. La administración ha desplegado miles de soldados hacia la frontera, mientras que las detenciones de inmigrantes han caído a sus niveles más bajos desde mediados de la década de 1960.
Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que se ha iniciado una denuncia por la vía penal a los autores —supuestos seguidores de Morales— de un vídeo con amenazas a vocales judiciales y electorales para que habiliten al expresidente.
Los altos jueces, en conferencia de prensa, difundieron el vídeo en el que un hombre con el rostro cubierto y voz distorsionada lanzó una amenaza: “Evo Morales no participa en las elecciones, no habrá elecciones”.
“Estos sucesos... constituyen graves delitos de orden público. Ello obliga al gobierno a actuar de forma firme y contundente”, indicó Siles el miércoles por la noche.
El presidente Arce reiteró el lunes su acusación contra Morales de llevar a Bolivia “al enfrentamiento… al derramamiento de sangre y a la ruptura del orden constitucional por sus ambiciones enfermizas de poder”.
En La Paz, sede del tribunal electoral, la semana pasada los partidarios de Morales realizaron manifestaciones y exigieron la renuncia de Arce por la falta de combustible y de dólares en el país. Otros sectores protestaron contra el mandatario por la crisis económica que golpea a Bolivia.
El año pasado se registraron más de 20 días de cortes de ruta de parte del exmandatario y sus partidarios.
