COMO PARTE de los trabajos de colaboración que el estado de Chihuahua mantiene con el vecino país, esta semana se llevó a cabo una reunión binacional entre la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y el Condado de El Paso, Texas.

La reunión tuvo como finalidad mantener los esfuerzos por fortalecer la economía y el desarrollo de la región fronteriza. El encuentro, se llevó a cabo en las instalaciones de los Comisionados del Condado de El Paso, en donde estuvieron presentes el juez Ricardo Samaniego y el titular de la SIDE, Ulises Fernández, quienes reafirmaron el compromiso de ambas entidades de trabajar en conjunto por el bienestar de las familias y el sector productivo.

Uno de los puntos centrales del diálogo fue el análisis del cruce Guadalupe-Tornillo, un nodo clave para el comercio internacional. Las autoridades discutieron estrategias para mejorar su capacidad operativa mediante inversiones conjuntas y proyectos de infraestructura. Además, se planteó la extensión de la franja fronteriza, una medida que podría facilitar el tránsito comercial, atraer nuevas inversiones y potenciar la competitividad de la región.

El encuentro no se limitó a identificar problemas, sino que propuso soluciones concretas. Entre ellas, destaca el desarrollo de un clúster industrial-logístico en torno al cruce Guadalupe-Tornillo, diseñado para optimizar el tránsito de mercancías. Esta iniciativa, acompañada de un estudio estratégico sobre las necesidades del sector manufacturero exportador en Chihuahua, refleja un enfoque integral hacia el crecimiento económico.

Además, ambas partes se comprometieron a reforzar la colaboración con actores clave, como agentes aduanales, maquiladoras y empresas de transporte, subrayando la importancia de una visión compartida para abordar los desafíos de la región.

Más allá de los detalles técnicos, esta alianza representa una oportunidad para transformar la frontera entre Chihuahua y El Paso en un modelo de competitividad y colaboración binacional.


EN UN MOMENTO de profunda transformación para el sistema judicial en México, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta, ha tomado una postura clara y contundente frente a las reformas que afectan al Poder Judicial.

En el marco del proceso de selección para cargos judiciales en el estado, Hernández Acosta anunció su posible declinación a participar, reafirmando su oposición a las modificaciones legislativas recientemente aprobadas.

La magistrada ha expresado su preocupación por la vulnerabilidad del sistema judicial ante riesgos como la posible infiltración del crimen organizado en procesos de elección de jueces y magistrados. Este es un señalamiento grave, que pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y transparencia en una institución clave para la democracia y el estado de derecho.

En sus declaraciones, Hernández Acosta también lanzó fuertes críticas a las reformas promovidas por el expresidente López Obrador, calificándolas como decisiones "desde el hígado", que, en su opinión, no respetan las instituciones ni el marco legal. Según la magistrada, los efectos de estas reformas serán devastadores y podrían tardar más de una década en revertirse, poniendo en riesgo la independencia judicial y acelerando, según ella, la instauración de un régimen autoritario.

Además, la presidenta del TSJ ha señalado que, aunque declinara contender en este proceso, continuará liderando el Poder Judicial de Chihuahua con el compromiso de responder a las demandas de la ciudadanía.

El próximo 1 de junio se realizará una jornada electoral para la selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas, un evento inédito que podría marcar un antes y un después en la conformación del Poder Judicial en el estado y en el país. Aunque la reforma busca una mayor participación ciudadana en la elección de los encargados de impartir justicia, el temor de que intereses externos puedan influir en el proceso plantea interrogantes sobre la eficacia y la seguridad de este modelo.

La postura de Myriam Hernández Acosta, aunque polémica, refleja el dilema que enfrentan muchos integrantes del Poder Judicial en México: participar en un sistema que perciben como amenazado o mantenerse firmes en defensa de los principios que consideran esenciales para garantizar la independencia judicial.

La magistrada prometió revelar su postura definitiva el próximo 24 de enero, pero lo que está claro es que su decisión, y las acciones de quienes conforman el Poder Judicial, serán clave para definir el futuro de la justicia en Chihuahua y en México.


LOS CAMBIOS al interior del Partido Revolucionario Institucional continúan, no sólo a nivel federal, sino también en el ámbito local, prueba de ello fue la oficialización de la llegada de Fermín Ordoñez a Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua.

La toma de protesta se llevó a cabo este viernes en las instalaciones del CDE del PRI en la ciudad de Chihuahua, Ordoñez asumió el cargo como nuevo titular de dicho cuadro tricolor, acompañado por Marlene Terrazas, quien quedó en la secretaría general. Ambos llegan con la encomienda de revitalizar esta estructura priista.

El evento, contó con la presencia de figuras clave del priismo nacional y estatal, como el diputado Erubiel Alonso Que, dirigente nacional del Movimiento Territorial del PRI, y el diputado Alejandro Domínguez Domínguez, presidente del CDE del PRI en Chihuahua.

La ceremonia subrayó la importancia de esta renovación para fortalecer al partido de cara a los desafíos electorales y sociales en la entidad.

Fermín Ordoñez y Marlene Terrazas no son ajenos a la política local. Ordoñez ha destacado por su trayectoria en espacios municipales, mientras que Terrazas, excandidata a diputada federal, ha buscado consolidar una presencia política en el partido.

Sin embargo, más allá de los nombres y cargos, el verdadero desafío del Movimiento Territorial y del PRI en general radica en su capacidad para reconectar con una ciudadanía cada vez más desencantada de los partidos tradicionales. Las demandas sociales en Chihuahua no son pocas: seguridad, empleo, desarrollo económico, y atención a las comunidades más vulnerables. En este contexto, el Movimiento Territorial tiene la oportunidad de ser una plataforma que no solo movilice, sino que también represente auténticamente las voces de los ciudadanos.


LA IGUALDAD de género en la política sigue siendo un desafío en México, incluyendo al estado de Chihuahua. La denuncia de Olivia Franco Barragán, síndica de la capital, contra el regidor por Morena, Miguel Riggs Baeza, marca un punto crítico en esa lucha por un entorno político respetuoso y equitativo.

Franco Barragán acusa a Riggs Baeza de violencia de género tras ser víctima de comentarios ofensivos durante una sesión de la Comisión de Hacienda. Este tipo de agresión no solo afecta a la dignidad de las servidoras públicas, sino que también socava los principios democráticos al obstaculizar la participación plena y libre de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

La síndica ha actuado con firmeza al presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, además de solicitar la activación de un Procedimiento Especial Sancionador ante el Instituto Estatal Electoral, que será resuelto por el Tribunal Estatal Electoral.

La violencia política de género, lamentablemente, no es un hecho aislado. Según datos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, las agresiones contra mujeres en cargos públicos han aumentado en los últimos años, reflejando una resistencia sistémica hacia la igualdad de género en el ámbito político.

En este caso, Olivia Franco Barragán también solicitó la activación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de casos de Violencia en Razón de Género ante el Instituto Municipal de las Mujeres y el Órgano Interno de Control, reforzando la importancia de utilizar todas las herramientas institucionales disponibles para combatir este problema.

Además, la síndica lamentó que no se haya ofrecido una disculpa pública tras el incidente, una omisión que subraya la necesidad de una mayor sensibilidad y compromiso por parte de quienes ocupan cargos públicos. Erradicar la violencia en todas sus formas no es solo un deber legal, sino también moral, para garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a participar en la política sin temor a ser denigradas o atacadas.

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