ANTES DE CONCLUIR el año, la presidenta Claudia Sheinbaum estaría visitando el estado de Chihuahua para hacer la entrega de tierras y derechos del agua a las comunidades indígenas.
La entrega al pueblo rarámuri por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum marca un momento trascendental en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en México. Este acto, calificado como histórico por la propia mandataria, representa un paso firme hacia la justicia y la reparación de las profundas desigualdades que han afectado a los pueblos originarios durante siglos.
La medida no solo es simbólica; también tiene un impacto tangible en la vida de los rarámuris, para quienes la tierra y el agua no son meros recursos, sino pilares esenciales de su identidad cultural y de su subsistencia. Al igual que el plan de justicia para el pueblo Yaqui iniciado en el sexenio anterior, esta entrega de tierras refleja un compromiso gubernamental de revertir la marginación estructural y garantizar los derechos básicos de las comunidades indígenas.
Sin embargo, este acto debe ir acompañado de una estrategia integral. La entrega de tierras por sí sola no resolverá los problemas de pobreza, desplazamiento, y falta de acceso a servicios básicos que enfrentan los rarámuris y otros pueblos originarios. Es necesario que este gesto se complemente con políticas públicas que fomenten el desarrollo económico, social y cultural de estas comunidades, respetando siempre su autonomía y tradiciones.
El acceso al agua, mencionado por Sheinbaum como parte del plan de justicia, es un tema particularmente crítico. En un estado como Chihuahua, donde la escasez de agua afecta tanto a las comunidades indígenas como a las ciudades, garantizar el derecho al agua implica enfrentar intereses económicos y políticos que han perpetuado la inequidad en su distribución. Esto requiere voluntad política, pero también una colaboración efectiva entre los distintos niveles de gobierno y las comunidades.
La visita de la presidenta a Chihuahua es una oportunidad para que el país reflexione sobre su deuda histórica con los pueblos indígenas. Es un momento para reconocer su resistencia frente al despojo, la discriminación y la invisibilización, pero también para trabajar hacia un modelo de desarrollo que los incluya como protagonistas, no como beneficiarios pasivos.
Aunque todavía no hay fecha exacta para la visita, la propia Claudia adelantó que podría ser entre el día 21 o 22 de diciembre.
NO POLITIZAR los temas relacionados con la seguridad, fue una de las cosas en las que la gobernadora de Chihuahua coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su participación en la 50 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se llevó a cabo ayer en Acapulco, Guerrero.
La gobernadora Maru Campos participó en dicho encuentro, en el que estuvieron presentes los gobernadores del país y los titulares de las principales áreas de seguridad, quienes abordaron temas relacionados con la estrategia de seguridad y las prioridades en esa materia por las diferentes zonas o regiones.
En su participación, la presidenta Claudia Sheinbaum,hizo un llamado a que en todo el país los gobernadores presidan sus Gabinetes de Seguridad, para atender los cuatro ejes de la Estrategia Nacional: Atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación con las entidades federativas.
Al término del evento, Maru Campos explicó que su Gobierno mantiene constante coordinación con las dependencias federales y los ayuntamientos, lo que ha derivado en una disminución en las cifras de homicidios dolosos en Chihuahua.
En un país donde la violencia ha dejado profundas cicatrices, politizar la seguridad solo desvía la atención de las soluciones reales y urgentes que se necesitan. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las fuerzas del orden es una herramienta fundamental para enfrentar desafíos como el crimen organizado, la violencia de género y los homicidios dolosos.
Es importante recordar que una reducción en las cifras es solo el primer paso. La seguridad no se mide únicamente por estadísticas, sino por la percepción de tranquilidad que los ciudadanos experimentan en sus comunidades. Es necesario que estos logros se traduzcan en una mejora tangible en la vida diaria de las personas.
Al finalizar, la mandataria chihuahuense formó parte de la sesión de trabajo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en la que sus homólogos del resto de las entidades federativas, dialogaron sobre la reactivación formal del organismo.
LA PUESTA en marcha de la primera ruta troncal en la frontera como una de las acciones para solucionar el fuerte problema que enfrenta la ciudad en materia de movilidad, cada vez está más cerca, el Gobierno del Estado se puso como fecha arrancar de manera oficial con el servicio el 15 de diciembre.
Precisamente para abordar el tema, por Juárez anduvo el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña para sostener una reunión precisamente con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, subrayando así la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar que este proyecto cumpla con sus objetivos de ofrecer un transporte público eficiente, seguro y accesible.
El BRT I no solo representa un avance en términos de infraestructura, su éxito dependerá también de la educación vial. Será crucial garantizar la calidad del servicio, la puntualidad de las unidades y la accesibilidad para todos los sectores de la población. Además, es necesario trabajar en una estrategia integral que abarque las necesidades de conectividad en una ciudad tan extensa como Juárez, asegurando que los usuarios puedan moverse de manera eficiente entre sus hogares, trabajos y demás destinos cotidianos.
La colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, destacada como una prioridad por los funcionarios, debe traducirse en resultados concretos que respondan a las expectativas de los juarenses.
La reactivación del sistema es una oportunidad para que Juárez avance hacia una movilidad más moderna y sostenible, pero también es un desafío que exige compromiso, transparencia y participación ciudadana.
AL FINAL, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua confirmó a Daniela Álvarez Hernández como presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).
El fallo del Tribunal, que resolvió la impugnación presentada por Cristina Jiménez Márquez, terminó por despejar las dudas sobre la legitimidad del proceso. Sin embargo, más allá de las formalidades legales, el verdadero desafío para la nueva dirigente será unir a las diversas corrientes del partido, muchas veces fragmentadas por disputas internas que desgastan su capacidad de acción.
El PAN en Chihuahua se enfrenta a un escenario político complejo, marcado por un panorama nacional en el que Morena mantiene un liderazgo fuerte y las elecciones de 2024 se perfilan como un campo de batalla decisivo. En este contexto, el papel de Álvarez será clave para reposicionar al PAN como una opción viable, tanto en el ámbito estatal como nacional, construyendo estrategias que reflejen las demandas y preocupaciones de la ciudadanía.
La resolución de este proceso interno debe servir como un punto de inflexión para el PAN. En lugar de perpetuar divisiones, es momento de enfocar esfuerzos en construir una agenda sólida que aborde los problemas apremiantes de Chihuahua.
El reto no es menor. La confianza en los partidos políticos ha disminuido drásticamente, y los ciudadanos exigen resultados tangibles, no solo discursos y promesas.
En octubre, Cristina Jiménez Márquez, quien también aspiraba a la presidencia del CDE del PAN, presentó un recurso de impugnación alegando inequidad y falta de transparencia en la recolección de firmas. Sin embargo, el Tribunal determinó que no hubo irregularidades en el proceso y confirmó la victoria de Álvarez.
Con esta resolución, el Tribunal dio por concluido el análisis y resolución de los asuntos relacionados con la elección interna del PAN en Chihuahua.
