Seguridad. Un riña dentro del Cereso 3 de Ciudad Juárez fue el inicio de una tarde de caos y pánico. La desesperación de los familiares de los internos aumentaba mientras equipos antimotines se alistaban para entrar a la zona de conflicto en la que oficialmente se reportó la muerte de tres reos.
De acuerdo con la Fiscalía, la agresión fue entre integrantes de bandas criminales, y todo ocurrió cuando había visitantes, lo que generó más caos. Rápidamente se movilizaron decenas de policías a las instalaciones para controlar la situación, pero era apenas el comienzo.
Más tarde se reportaron quemas de negocios, quema de camiones, balaceras, amenazas, reportes falsos para distraer a los elementos de seguridad y de respuesta a emergencias. Las tiendas y supermercados cerraron más temprano, trabajadores de maquila se quedaron en casa y las calles se vaciaron cuando se fue el sol.
La muerte de personas en los atentados intensificó el miedo y la indignación, pero también la exigencia de una respuesta contundente a estos actos de terrorismo. Las autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron para analizar la situación y definir la estrategia para contener la violencia.
Al respecto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, ordenó un despliegue amplio de agentes estatales y coordinación con los policías municipales, elementos del Ejército y Guardia Nacional. Los patrullajes incrementaron y los agentes se mantuvieron alerta.
La mandataria destacó un punto: toda la fuerza del Estado contra los grupos criminales; una situación así requiere de acciones contundentes al momento, pero también pensar en el trasfondo: cómo atacar el fenómeno criminal con las particularidades de la ciudad fronteriza. Una estrategia integral es lo mejor.
Ciudadanos, fuerzas políticas, funcionarios y organizaciones civiles levantaron la voz para exigir que se atiendan las causas y consecuencias de la violencia. Que la respuesta no solo sea en situaciones extraordinarias. El divisionismo ahora no tiene cabida, pues todos los elementos tienen un grado de responsabilidad.
Se espera que hoy temprano haya un reporte más amplio sobre las situaciones que se vivieron en Juárez y que ya son tema de análisis a nivel nacional. Habrá que estar pendiente de lo que diga el presidente AMLO, la gobernadora Maru Campos, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y los funcionarios de primer nivel.
Separado. En medio del caos, y para algunos de forma esperada, se confirmó la salida de Marco Licón Barraza de la dirección del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Chihuahua). Aunque el Gobierno del Estado no especificó, su separación del cargo se da luego de la polémica que se generó por el cambio de uniforme.
Hace unas semanas la institución dio a conocer el nuevo uniforme, un diseño al parecer bueno y con los colores característicos. Los alumnos de nuevo ingreso tendrían que adquirirlo para ser identificados. El cambio parecía algo normal, cuestión de estética incluso, pero la situación tomó un giro cuando se anunciaron los precios.
Por la indumentaria, los padres tendrían que desembolsar más de 2 mil pesos, si a eso se le suma otros conceptos como la inscripción, la compra de materiales para clases y gastos eventuales, la cifra podría superar los 6 mil pesos. Eso causó mucho disgusto y se buscaron opciones para librar el pago.
El jueves, el secretario de Educación, Javier González Mocken, informó la suspensión de la compra obligatoria del uniforme para los estudiantes, una respuesta a las quejas de los padres de familia. Además, indicó que se revisaría el proceso que estaba llevando a cabo para brindar los paquetes con la ropa.
Horas más tarde se confirmó la salida de Licón Barraza, y agregó que las autoridades no tienen miedo de reconsiderar algunas decisiones y cambiarlas si estas afectan a la población. Ahora la dirección la ocupará temporalmente Miguel Ángel Valdez, a la espera de que llegue un nuevo titular. ¿Aquí termina ya la polémica por los uniformes?
