LA TORMENTA que cayó la madrugada ayer dejó más que calles afectadas, también evidenció, una vez más, las carencias estructurales que tiene nuestra ciudad. Es increíble cómo en apenas poco más de una hora, la acumulación de agua alcanzó los 30 milímetros en colonias del poniente como Fronteriza Baja, Felipe Ángeles y La Montada, mientras que en otras zonas rozó los 60 milímetros. El resultado fue el que muchas familias juarenses ya conocen, techos a punto de colapsar, vehículos arrastrados por la corriente, bardas caídas, calles convertidas en arroyos y viviendas inundadas.
El sistema de drenaje resultó, otra vez, insuficiente. Según autoridades municipales y estatales, se registraron al menos 25 emergencias nada más entre las cuatro y siete de la mañana, incluyendo rescates de personas atrapadas en autos, reportes por calles bloqueadas y daños estructurales.
De manera inmediata, la Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó operativos de monitoreo con drones y cuadrillas de rescate en coordinación con Protección Civil Municipal en las zonas más afectadas, mientras que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar instruyó la movilización de dependencias como Obras Públicas, Desarrollo Social y Servicios Públicos para asistir a los damnificados y comenzar con los trabajos de rehabilitación.
El apoyo incluyó la entrega de colchonetas, hule y atención directa a través de centros comunitarios, además de censos para identificar con precisión cuántas familias resultaron afectadas y de qué manera. La zona norponiente, una de las más golpeadas, es ahora el foco de atención municipal.
También, personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) de Gobierno del Estado se sumó a la entrega de apoyos emergentes a las familias que resultaron damnificadas y levantar un listado de necesidades para evaluar los daños en los inmuebles y disponer de material para su reparación.
La respuesta inmediata es necesaria, pero no suficiente. Como lo señalaron los diputados locales Óscar Avitia y Xóchitl Contreras, el problema de fondo es el rezago en infraestructura pluvial. No es la primera vez que lluvias intensas ‘paralizan’ la ciudad; tampoco es un secreto que muchas colonias, especialmente en el poniente y norponiente, fueron urbanizadas sin un diseño que considere la topografía o la capacidad de absorción del terreno. Sin embargo, los años pasan y cuando caen las lluvias, estos son los resultados, calles prácticamente colapsadas, asfalto que se deteriora y las alcantarillas que simplemente no dan abasto.
Por lo pronto, las autoridades han iniciado labores de limpieza y reparación, pero urge un plan a largo plazo. Hace falta inversión para rediseñar el sistema de captación pluvial, reforzar zonas de riesgo y prevenir futuros desastres.
LA PRÁCTICA de retirar placas o documentos de los vehículos mal estacionados podría estar por llegar a su fin en Ciudad Juárez. Al menos esa es la intención del regidor morenista Antonio Domínguez Alderete, quien propuso modificar el artículo 33 del Reglamento Municipal de Estacionamiento en la Vía Pública para eliminar esta medida, que según el argumento del edil, más que disuadir, complica aún más la vida del ciudadano.
El reglamento actual data de 1993, y permite a los agentes de estacionómetros retirar una placa o algún documento del vehículo como medida coercitiva para obligar al pago de la infracción. Y sí, es legal, sin embargo, de acuerdo con el regidor, ésta práctica muchas veces raya en lo absurdo al provocar que el conductor tenga que circular sin uno de los metales, lo que al menos ‘en papel’, corresponde a otra infracción.
El argumento puede sonar simple, pero sensato. Las multas deben cobrarse, pero eso no significa que se deba poner en aprietos a los conductores quitándoles una placa, provocando que el castigo pueda salir peor.
La propuesta ya fue turnada a la comisión de Gobernación para su análisis, y más allá de banderas políticas, lo que se está discutiendo es si el reglamento debería actualizarse a una realidad más moderna y menos punitiva. Tiene más de 30 años de antigüedad y arrastra prácticas que tal vez fueron válidas en su momento, pero que hoy se sienten más como castigo que como estrategia de educación vial.
Claro que nadie está diciendo que estacionarse en lugares prohibidos debe quedar impune. La sanción debe existir y debe ser ejemplar, pero sin afectar innecesariamente la movilidad de los ciudadanos. Lo que sí tendrá que analizarse a la par, es qué campaña o acciones se van a emprender para incentivar la cultura del pago por la infracción.
Cambiar un reglamento no es solo cuestión de actualizar letras en un documento; implica repensar cómo se relaciona el gobierno con la ciudadanía. Por eso vale la pena abrir el debate. Si una multa puede cumplirse sin necesidad de retirar una placa.
LAS REFORMAS constitucionales aprobadas recientemente por la Cámara de Diputados dan a la Guardia Nacional un nuevo rol en el sistema de justicia, ahora podrá realizar investigaciones que se integren directamente en las carpetas del Ministerio Público. Según el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, esto fortalecerá el trabajo de quienes procuran justicia en el país.
Hasta ahora, la Guardia Nacional había sido concebida principalmente como un cuerpo de seguridad con funciones preventivas y de patrullaje, bajo una lógica de apoyo a las instituciones civiles. Con esta reforma, se le asignan tareas propias del ámbito ministerial. En papel, la idea suena interesante, más manos para investigar, más rapidez en los procesos. Pero como toda ampliación de funciones, también abre la puerta a cuestionamientos.
A manera de contexto, esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional, con 96 artículos y cambios a nueve leyes y dos códigos militares. Con lo anterior, se propone que la Guardia Nacional sea una fuerza permanente de seguridad pública, integrada por personal militar con formación policial, bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Algunos puntos clave son que la reforma sustituye la ley vigente de 2019; refuerza el carácter militar y jerárquico de la Guardia; autoriza labores de investigación e inteligencia en espacios públicos, operaciones encubiertas y usuarios simulados, siempre bajo control del Ministerio Público y con orden judicial en caso de intervención de comunicaciones; además establece que su actuación deberá respetar los derechos humanos y estará sujeta a control jurisdiccional.
Se reforman las leyes del Ejército, Fuerza Aérea, Seguridad Social Militar, Educación Militar y Disciplina Militar, así como los Códigos de Justicia Militar y de Procedimientos Penales; se reconoce a la Guardia como parte de las Fuerzas Armadas permanentes; se incluyen sanciones específicas para su personal y se les incorpora al sistema de justicia militar y se prevé igualdad de género y enfoque de derechos humanos en la formación de su personal.
La ley fue enviada al Senado para su revisión y posible aprobación final. Sin embargo, las interrogantes aquí son ¿Qué tan capacitada está la Guardia Nacional para llevar a cabo investigaciones que cumplan con el debido proceso? ¿Qué mecanismos se establecerán para evitar duplicidad de funciones con el Ministerio Público? ¿Quién revisará el trabajo de los elementos que ahora tendrán incidencia directa en la conformación de expedientes judiciales.
No se trata de desconfiar por sistema, pero sí de preguntarse cómo se va a implementar una reforma de este calibre sin que termine generando más problemas de los que pretende resolver. Porque si lo que se busca es eficiencia, se necesita claridad sobre el alcance de estas nuevas facultades y, sobre todo, sobre la coordinación con otras instituciones.
Por otro lado, el fiscal también se pronunció sobre otro tema que ha causado discusión, la participación de integrantes de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional en procesos electorales. Para Jáuregui, mientras se respeten los tiempos y se soliciten las licencias correspondientes, cualquier ciudadano tiene derecho a contender. Y tiene razón. El problema no es que se postulen, sino que puedan hacerlo sin soltar por completo su vínculo con las fuerzas armadas o sin una clara separación entre su rol como agentes del orden y aspirantes al poder.
Las reformas y pronunciamientos que aún se siguen discutiendo al menos dejan clara una cosa, que la Guardia Nacional está en plena transformación. La pregunta es si el país está listo para que ese cuerpo tenga tanto peso, no solo en las calles, sino también en los tribunales… y eventualmente, en las urnas.
LA PREOCUPACIÓN por el rumbo económico de Ciudad Juárez y otras regiones de la frontera norte reunió esta semana a representantes del sector productivo con senadores de diversas comisiones.
El encuentro, nos dicen, fue impulsado por el senador Juan Carlos Loera De la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte y sirvió como espacio para escuchar de primera mano los retos que enfrentan las empresas de la región, desde la pérdida de empleos y el retraso en devoluciones del IVA, hasta el impacto que tendría una reducción en la jornada laboral y los riesgos de perder competitividad frente a mercados como el asiático o el latinoamericano.
Durante la reunión, el senador chihuahuense se comprometió a llevar las inquietudes del empresariado a los secretarios de Economía y de Trabajo y Previsión Social, Marcelo Ebrard y Marath Bolaños. También adelantó que Ciudad Juárez será sede de una audiencia pública de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, prevista para el último trimestre del año.
Empresarios de Coparmex e Index coincidieron en que el diálogo con el Poder Legislativo es indispensable para evitar reformas impulsadas sin consenso. De ahí que plantearan propuestas concretas, como establecer mesas de trabajo previas a los cambios legales, mejorar la infraestructura fronteriza y agilizar trámites fiscales.
Francisco Suárez, consejero nacional de Coparmex, valoró el acercamiento como una señal de voluntad política para tratar al empresariado como un socio, no como un adversario. Jael Durán, en representación de Index nacional, insistió en la necesidad de simplificar procesos y dar certidumbre al entorno regulatorio.
Mientras tanto, Isela Molina, presidenta de Canacintra Juárez, advirtió sobre las consecuencias que traerá la eliminación definitiva de las operaciones de carga en el Puente Córdova-Américas. A esta preocupación se suma la caída en el empleo dentro de la industria maquiladora, que tan solo en los últimos dos años, ha perdido 65 mil plazas, según cifras presentadas por Mario Cepeda, presidente de Coparmex Juárez.
A la reunión también asistieron María Teresa Delgado, vicepresidenta de Index Juárez, e Ivette Camacho, responsable de Asuntos Públicos y Sustentabilidad Corporativa de BPR, una de las empresas que se reunió en Canadá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entre otros representantes de los sectores industrial y manufacturero de exportación.
Desde el Senado, Geovana Bañuelos, presidenta de la Comisión de Trabajo, aseguró que no habrá reformas sin antes escuchar al sector productivo, mientras que el panista Gustavo Sánchez reconoció que el primer paso es aceptar que sí hay un problema económico por atender.
En medio de posturas encontradas y llamados a encontrar puntos medios, la senadora Karina Ruiz resumió el dilema, México necesita a las empresas para crecer, pero no puede seguir viéndose a los trabajadores como mano de obra barata.
