LA PROPUESTA para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas sigue generando mucha inquietud en el sector empresarial, particularmente en industrias, así como en pequeñas y medianas empresas.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) advierten que aplicar esta reforma de forma general podría afectar la estabilidad operativa y financiera de muchas compañías.

Un análisis realizado al interior de las empresas muestra que el 64% considera la reforma inviable sin impactos negativos en su operación, mientras que el 71% prevé un aumento significativo en sus costos laborales. Además, el 58% enfrentaría dificultades para cubrir los turnos con la reducción de horas.

La preocupación principal radica en el incremento de costos y en la posible reducción de personal capacitado. En lo que va del año, Ciudad Juárez ha perdido 450 unidades de negocio, una cifra que se suma a los temores sobre el futuro de la formalidad empresarial.

Desde Canacintra en Juárez, la presidenta Isela Molina dijo que se reconoce la necesidad de un cambio que favorezca los derechos laborales, pero insisten en que la reforma debe implementarse con responsabilidad y realismo. Para que funcione, advierten, es indispensable evitar que más empresas se vean empujadas a la informalidad, lo que agravaría problemas estructurales en la economía local y nacional.

Entre las propuestas que Canacintra hizo para mitigar el impacto se encuentran incentivos fiscales, apoyo financiero y tecnológico para las pymes, simplificación administrativa para facilitar la permanencia en la formalidad, y la creación de un observatorio tripartito que evalúe y ajuste la implementación con base en evidencia real. También se sugiere un enfoque sectorizado, ya que no todas las industrias, especialmente la manufacturera, podrían asumir la carga de reducir la jornada sin afectar su productividad.

Por su parte, la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez (Index Juárez) ve con interés los foros convocados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para analizar esta iniciativa. Estos encuentros buscarán abordar temas como productividad, costo laboral y bienestar, con la participación del gobierno, sindicatos, empresarios, academia y organismos internacionales. La conclusión de estos foros está prevista para mediados de julio, con la presentación del proyecto de ley a finales del mismo mes.


EL RECIENTE homicidio del abogado penalista Óscar Gael, ocurrido el pasado 8 junio, si bien expone una realidad alarmante, también debería dejar a la reflexión las medidas de seguridad con las que se cuenta en los alrededores de la Fiscalía Zona Norte.

De acuerdo con la Asociación de Abogados Penalistas, en los últimos nueve años, 18 litigantes del gremio han sido asesinados en Ciudad Juárez. Ninguno de esos crímenes ha sido esclarecido. Ningún autor ha sido detenido. Ningún expediente ha dado resultados.

Es increíble que Óscar Gael, fuera ultimado al salir de la Fiscalía, luego de visitar a un cliente detenido. El ataque ocurrió en el estacionamiento del edificio, a plena luz del día. Nadie intervino. Nadie fue detenido. El agresor simplemente se alejó caminando.Pareciera que el mensaje es que nadie está a salvo, ni siquiera frente a la autoridad.

Tras una reunión con el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, la Asociación de Abogados Penalistas expresó públicamente su inconformidad. Su presidente, Mario Alberto Espinoza Simental, calificó la respuesta institucional como política, repetitiva y carente de resultados. Para el gremio penalista, no hay más espacio para la tolerancia.

Ahora, la Asociación solicitará que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, ante la desconfianza total hacia las autoridades locales. No se trata de un crimen aislado ni de un caso común, se trata del asesinato de un abogado frente a la sede del organismo responsable de investigar los delitos.

El fiscal general del estado, César Jáuregui, sugirió una supuesta relación del abogado asesinado con grupos delictivos. Aún queda mucho por esclarecer sobre el asesinato de Óscar Gael, pero mientras eso ocurre, la exigencia del gremio es una sola, garantías mínimas para ejercer la abogacía sin que la vida esté en juego.


ESTA misma semana, el Municipio de Juárez estaría nombrando a un nuevo director de Regulación Comercial, luego del sensible fallecimiento de Arturo Urquidi, quien ocupaba el cargo.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, instruyó al secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, que el nombramiento se concrete en los próximos días, por lo que se está en el proceso de análisis de los posibles perfiles.

Desde el lamentable deceso de Urquidi, Orpinel ha estado al frente de la Dirección de Regulación Comercial para asegurar que los servicios y la atención a los comerciantes no se detengan ni se vean afectados.

Aunque no se han dado a conocer los nombres de los candidatos considerados para el puesto, se han realizado reuniones para evaluar perfiles.

El secretario del Ayuntamiento explicó que una vez definido el candidato, se presentará al alcalde para que él dé la aprobación final. La designación del nuevo director es necesaria para garantizar la continuidad en la regulación y supervisión de las actividades comerciales en la ciudad.


EL DIRECTOR de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Diego Alejandro Cárdenas Luján, fue nombrado Secretario Técnico de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA) durante la Asamblea Nacional de Fiscales Anticorrupción realizada en Guadalajara, Jalisco.

Para que se dé una idea, la CONAFA agrupa a las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción de las distintas entidades federativas del país.Este organismo tiene como propósito coordinar acciones entre las fiscalías estatales para mejorar la prevención, investigación y sanción de delitos relacionados con hechos de corrupción.

En su nuevo cargo, Cárdenas Luján tendrá la tarea de homologar los delitos en materia de corrupción entre los estados y promover la autonomía plena de las fiscalías anticorrupción a través de reformas legales y acuerdos institucionales.

Con formación en Derecho y maestrías en Juicios Orales y Anticorrupción y Sistema Penal, Cárdenas Luján cuenta también con experiencia internacional en temas de inteligencia financiera y combate al lavado de dinero, habiendo recibido capacitación en países como Argentina, Italia, Francia y Estados Unidos. Ha colaborado con organismos como Transparencia Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

El Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, destacó que el nombramiento fue aprobado por unanimidad por los fiscales del país, lo que consideró como un reconocimiento al trabajo que realiza la Fiscalía de Chihuahua en esta materia.


TODO PARECE indicar que ya hay relevo en la coordinación general del Parque Central, pues fuentes al interior de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común que encabeza, Austria Galindo, dicen que ya tienen “palomeado” a Eduardo Gutiérrez como el sucesor de David Rocha Lemus.

Según las fuentes, el nombramiento se oficializará en los próximos días, mientras avanza el proceso de entrega-recepción tras la salida de Rocha.

Gutiérrez previamente se ha desempeñado como Subrecaudador de Rentas y como asesor de la Representación de Gobierno en Juárez.

A inicio de mes, David Rocha Lemus cerró su capítulo al frente de la administración del Parque Central, anunciando su salida por “motivos personales”.

Luego de más de un año al frente del recinto, Rocha presentó, recientemente, un informe con los avances realizados durante la gestión 2024–2025, en temas como infraestructura, mantenimiento, organización administrativa y vínculo con la comunidad.

De acuerdo con el representante de la gobernadora, Carlos Ortiz, la administración del Parque Central seguirá funcionando como una dependencia descentralizada, con la intención de seguir dándole continuidad a la operación del espacio recreativo, manteniendo la estructura actual bajo una nueva coordinación.

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