EL INFORME de actividades 2024 que rindió ayer la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta, dejó claro que la reforma judicial impulsada desde el Ejecutivo federal representa un punto de inflexión en la impartición de justicia en México.
No se trata de un ajuste menor, sino de una transformación estructural cuyas consecuencias aún son inciertas y que, según sus críticos, podría debilitar la independencia del Poder Judicial.
La magistrada señaló dos grandes inconvenientes en el origen de esta reforma. El primero, que ha sido promovida a partir de una narrativa infundada, donde la repetición de argumentos más emocionales que factuales ha generado una percepción distorsionada del desempeño del Poder Judicial. El segundo, la ausencia de un diagnóstico sólido que justifique la necesidad de una reforma de tal magnitud.
Si bien la mejora en la impartición de justicia es una demanda constante de la ciudadanía, modificar el sistema judicial sin un análisis profundo de sus deficiencias y fortalezas podría tener efectos contraproducentes, debilitando los contrapesos democráticos y reduciendo la autonomía de los jueces.
La magistrada presidenta, señaló que la reforma se ha convertido de una realidad ineludible que hoy enfrentamos en la sociedad. Además, resaltó que su implementación supone una transformación de gran magnitud cuyo impacto se evaluará con el paso del tiempo, ponderando si se logra una mejor protección de los derechos ciudadanos y de los mecanismos de defensa y un auténtico equilibrio entre poderes públicos, por lo que llamó a abordar la transición con serenidad y prudencia.
Durante su discurso, en donde presentó los avances y resultados del último año, la titular del TSJE afirmó que la calidad en la impartición de justicia no depende de un mecanismo de elección sino de un compromiso con la capacitación y ética que el servicio público requiere.
“Como he señalado, la justicia no se limita a normas y tribunales, es un pilar fundamental de los derechos humanos, la equidad, la ética y la dignidad, involucrando a todas las autoridades en sus distintos niveles de gobierno, la función esencial de un poder judicial independiente es garantizar la protección de estos derechos y actuar como contrapeso ante cualquier intento de avasallamiento, de las libertades fundamentales, el fortalecimiento del estado de derecho, debe analizarse, discutirse, y enriquecerse continuamente, pero no con reformas que lejos de fortalecerlo, lo debilitan y lo convierten en una herramienta de control político,” afirmó en su intervención.
También, reiteró que “un poder judicial autónomo, libre de presiones políticas es esencial para la preservación de la democracia y paz social.”
México y Chihuahua está en un momento crucial. La pregunta que debemos hacernos es si esta reforma realmente construirá un sistema judicial más sólido y equitativo.
DE MANERA OFICIAL se aprobó el convenio de coordinación y colaboración para el proceso electoral extraordinario 2024-2025, con lo que se dio luz verde a la emisión de los listados para ocupar cargos de personas juzgadoras.
La Junta de Coordinación Política del Congreso local, aprobó el acuerdo con las disposiciones específicas de los listados de las postulaciones de los Comités de Evaluación de los Poderes del Estado para ocupar los cargos del poder judicial.
Con este acuerdo, se establecen disposiciones específicas para la postulación de jueces y magistrados, garantizando que los Comités de Evaluación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, actúen conforme a un marco regulatorio claro y transparente. Además, la medida busca alinear la normativa con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, promoviendo la paridad de género en los cargos y asegurando una distribución equitativa de las materias en el sistema judicial.
En este sentido, la agrupación de juzgados y salas según la especialización de las materias—penal, civil, familiar, laboral, menor y mixto—permitirá una mejor estructuración y eficiencia en la distribución de funciones. Asimismo, se respetará el número de cargos previamente establecidos, con un equilibrio entre magistradas y magistrados, así como juezas y jueces de primera instancia, lo que contribuye a una mayor representatividad y equidad dentro del sistema judicial.
Se mencionó que las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia serán: 15 magistradas y 15 magistrados y que se destinarán 14 en materia penal, 11 en materia civil y 5 en lo familiar; en lo que corresponde a juzgados de primera instancia y menores: 135 juezas y 135 jueces, divididos en los distritos Abraham González, Andrés del Río, Arteaga, Benito Juárez, Bravos, Camargo, Jiménez, Galeana, Guerrero, Hidalgo, Manuel Ojinaga, Mina, Morelos y Rayón.
Además, la aprobación del Convenio de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025 es un paso importante para garantizar una jornada transparente y eficaz. La firma de este convenio entre el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sienta las bases para una elección ordenada y justa, con apoyo técnico y especializado para su correcto desarrollo.
Las medidas buscan no solo reforzar el compromiso con una impartición de justicia más eficiente y equitativa, sino que también represente un avance significativo en la consolidación democrática del estado.
AUNQUE la Seguridad Pública es uno de los ejes primordiales de cualquier administración, en muchas ocasiones, olvidamos que quienes garantizan nuestro resguardo también necesitan espacios de esparcimiento, descanso y convivencia familiar en entornos seguros y dignos.
En este contexto, la firma del convenio entre el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y el gobierno municipal para la construcción de un parque exclusivo para policías y sus familias cobra un significado muy particular.
Con una inversión de más de 220 millones de pesos, este proyecto representa un esfuerzo conjunto entre el sector empresarial y el gobierno local para retribuir a los agentes de seguridad por su incansable labor. No se trata solo de un espacio recreativo, sino de un reconocimiento tangible a la dedicación de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como de la coordinación de Seguridad Vial y Protección Civil.
Es fundamental comprender que la labor policial es una de las más demandantes y riesgosas en la sociedad. Día a día, los agentes se enfrentan a situaciones de alto estrés y peligro, lo que impacta no solo su desempeño laboral, sino también su bienestar emocional y familiar. Un parque diseñado exclusivamente para ellos y sus seres queridos no solo fortalece los lazos familiares, sino que también contribuye a su estabilidad psicológica y, en consecuencia, a un mejor desempeño en su trabajo.
El esfuerzo liderado por Ficosec, que aportará el 70% de la inversión, demuestra también el compromiso del sector empresarial con la seguridad y el bienestar de la comunidad. Asimismo, la colaboración del gobierno municipal, que contribuirá con el 30% y el terreno, refuerza la importancia de las alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos con impacto social.
El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó que este parque no solo beneficiará a las fuerzas policiacas, sino que también se buscarán mecanismos para que, de alguna manera, conviva con la comunidad.
El 24 de marzo, fecha en la que se colocará la primera piedra de esta obra, marcando el inicio de un espacio que dignifique la vida de quienes arriesgan la suya por la tranquilidad de todos.
EL PRESIDENTE de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la reforma a la Ley del Infonavit discutida en comisiones el pasado martes 11 de febrero en comisiones, estará siendo revisada en el pleno este jueves 13.
A pesar de la suspensión de la sesión anterior por falta de quórum, Fernández Noroña señaló que "estamos a tiempo" y que no es necesario apresurar los trámites.
La nueva Ley del Infonavit busca construir casas para personas trabajadoras y reducir la problemática habitacional. La presidenta Claudia Sheinbaum planea edificar un millón de viviendas durante su sexenio, de las cuales el 50 por ciento estará a cargo del Infonavit y el otro 50 por ciento de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
El conflicto principal radica en las modificaciones sobre la conformación del consejo de administración del Infonavit, lo cual es visto como un riesgo para el tripartismo por parte de los organismos patronales.
En ese contexto, la preocupación por la estabilidad de los fondos destinados a la vivienda de los trabajadores, los presidentes de los seis centros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua alzaron la voz en contra de las reformas propuestas.
Los líderes empresariales expresaron su temor de que estos cambios pongan en riesgo la protección de los ahorros de los derechohabientes, afecten la transparencia en la administración de los recursos y debiliten el modelo tripartito que ha sido clave en el funcionamiento de esta institución durante más de 50 años.
El Infonavit ha sido un pilar en el acceso a la vivienda para millones de trabajadores mexicanos, garantizando que los recursos provenientes de empleadores, trabajadores y gobierno se gestionen de manera equitativa. Sin embargo, las propuestas de reforma sugieren cambios en la estructura del consejo de administración del Infonavit, excluyendo al sector patronal de los órganos colegiados, por lo que los empresarios de Coparmex aseguran que esto podría perjudicar el equilibrio en la toma de decisiones y generar conflictos de interés.
Los presidentes de Coparmex Chihuahua han propuesto una presidencia rotativa entre los representantes de trabajadores, patrones y gobierno, una medida que busca garantizar que el Infonavit opere con transparencia y eficacia.
El sector patronal también ha señalado la falta de supervisión sobre la nueva empresa constructora filial del Infonavit, que manejará recursos de los trabajadores sin lo que consideraron una debida fiscalización. La preocupación es clara, si se deja de lado la supervisión adecuada, el manejo de estos fondos podría quedar en manos de actores sin la suficiente rendición de cuentas, lo que pondría en riesgo los ahorros de los derechohabientes.
A pesar de que la discusión de la reforma avanza en el Senado, los representantes de Coparmex han hecho un llamado urgente a los senadores por Chihuahua para que se detenga la discusión hasta que se escuchen las voces tanto de los trabajadores como de los empleadores.
