DESDE PALACIO, Heriberto Miranda Pérez fue nombrado como nuevo director de Pensiones Civiles del Estado (PCE), en sustitución de Marco Antonio Herrera García. El cambio ocurre en medio de exigencias crecientes por parte de los derechohabientes, quienes reclaman mejoras urgentes en los servicios médicos, administrativos y de abasto de medicamentos.
Miranda Pérez es médico egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuenta con una maestría en Gestión Directiva en Salud y acumula experiencia tanto en los Servicios de Salud de Chihuahua como en PCE, donde ha trabajado los últimos nueve años. Hasta ahora se desempeñaba como jefe de Salud Pública dentro del organismo.
La renovación en la dirección de Pensiones Civiles debe enfocarse en corregir deficiencias operativas que afectan a miles de usuarios. No bastará con la trayectoria profesional del nuevo titular, pues los resultados deberán reflejarse en atención médica oportuna, reducción de tiempos de espera y un servicio digno para los trabajadores del estado y sus familias.
EN JUÁREZ, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar recibió a Ivan Lee, representante en México de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán.
De acuerdo con el propio alcalde, se trató de una visita de cortesía, en la que Lee expresó su interés en fortalecer los lazos con Ciudad Juárez, reconociendo la importancia de esta frontera como punto estratégico para las inversiones taiwanesas.
Con apenas dos meses en México, Lee eligió Juárez como uno de sus primeros destinos fuera de la capital, recordando también la participación previa del alcalde en la exposición Ciudad de Inteligencia realizada en Taiwán. El diplomático destacó que ya existen empresarios taiwaneses con inversiones en la ciudad, y manifestó su expectativa de ampliar la colaboración, sobre todo en el sector tecnológico.
La situación geográfica de la ciudad, su base industrial y su cercanía con Estados Unidos son ventajas que Taiwán reconoce y que pueden potenciarse si se construyen acuerdos concretos más allá de los buenos deseos.
La atracción de inversiones implica también mejorar infraestructura, garantizar seguridad y fomentar el talento local, condiciones necesarias para competir en un entorno global.
LA FRONTERA entre Ciudad Juárez y El Paso fue escenario de un operativo binacional encabezado por Kristi Lynn Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El despliegue de corporaciones policiacas de ambos lados y el sobrevuelo de helicópteros marcaron un esfuerzo coordinado para reforzar la vigilancia, en un punto que ha expuesto, una y otra vez, las tensiones y realidades de la migración.
El recorrido inició en la Plaza de la Mexicanidad, donde a principios de año fue descubierto un túnel utilizado presuntamente para el cruce clandestino de migrantes. Ese hallazgo, simbólico de la persistente creatividad y desesperación humana frente a las fronteras, se convierte ahora en un foco de atención para una estrategia de control más agresiva.
El gobierno estadounidense presume resultados como reducción histórica en los encuentros fronterizos, disminución en el tráfico de fentanilo y cifras de deportaciones que ya superan todo el año fiscal anterior en apenas 100 días.
Bajo iniciativas como la Operación Maremoto, agentes federales y estatales han multiplicado acuerdos de colaboración y aumentado la detención de migrantes con antecedentes delictivos, al menos, es parte de lo que menciona el Departamento de la Defensa Nacional de los Estados Unidos (DHS).
Sin embargo, los números cuentan solo una parte de la historia. Cada operativo, cada túnel descubierto, cada deportación es también un capítulo en un fenómeno más amplio que no se detiene con cercos, ni helicópteros, ni cifras récord. La frontera sigue siendo un espacio de tensiones permanentes, donde la necesidad, la violencia y la esperanza se entrelazan.
El endurecimiento de la vigilancia puede contener el flujo momentáneamente, pero difícilmente resolverá las causas estructurales que empujan a miles a desafiar los muros.
LA MUERTE de tres integrantes de una familia el pasado sábado en el kilómetro 33 de la carretera Juárez-Casas Grandes reactivó una demanda que parece seguir siendo ignorada, al menos desde la Federación; las medidas de seguridad y las condiciones en las que se encuentran tramos carreteros, donde los accidentes fatales se siguen acumulando.
La protesta de este lunes, donde decenas de vecinos bloquearon la circulación, dejó claro que la paciencia se agotó.
Los habitantes de Los Kilómetros piden lo mínimo, señalización que advierta de la presencia de un poblado, reductores de velocidad y mecanismos que obliguen a los transportistas y automovilistas a disminuir la velocidad en una vía de tránsito pesado.
Debido a que el tramo pertenece a la red federal, el Gobierno del Estado y el Municipio han asegurado que entablarán las gestiones necesarias para proteger la vida de quienes viven y transitan en esta zona.
Los vecinos han advertido que no retirarán su exigencia y que, de no obtener respuestas, regresarán a las calles. No debería ser necesaria más presión para atender una demanda elemental de seguridad. Cada día que pase sin acciones visibles multiplica el riesgo de repetir la historia que hoy están denunciando.
LAS DISCUSIONES en el Senado de la República con motivo de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión continúan, luego de que esta semana se decidiera frenar la aprobación y abrir un proceso de diálogo público.
La instrucción vino directamente de la Junta de Coordinación Política, que anunció que los conversatorios abiertos serán con sectores económicos, sociales, académicos y técnicos, en un intento por construir consensos antes de avanzar con el dictamen.
La presión social, las críticas de especialistas y la advertencia de legisladores de oposición, como el senador chihuahuense Mario Vázquez, empujaron al Senado a replantear la ruta. El legislador panista aseguró que no se trata de una concesión voluntaria del poder, sino de una respuesta obligada a una movilización ciudadana que exige procesos genuinos de deliberación y no simulaciones, especialmente en materias que impactan derechos fundamentales.
Más allá de las formas, el fondo del debate es crítico. La iniciativa de reforma en telecomunicaciones no solo plantea cambios técnicos, sino que tiene implicaciones profundas en el acceso a la información, la soberanía tecnológica, la operación de radios comunitarias y los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. La falta de una consulta previa, libre e informada, como exige el Convenio 169 de la OIT, podría representar una violación directa a los compromisos internacionales del Estado mexicano.
Desde el oficialismo, la narrativa intenta tranquilizar a la opinión pública. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, asegura que el régimen actual respeta las libertades y rechaza cualquier intento de censura. A pesar de sus afirmaciones, la desconfianza persiste, la experiencia reciente en otras reformas ha dejado la sensación de consultas meramente simbólicas y decisiones predeterminadas.
La apertura de un diálogo real, plural y respetuoso será puesta a prueba. Las primeras reuniones con organizaciones como la Asociación de Concesionarios Independientes de Radio y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión serán indicativas de la seriedad del proceso.
La decisión de postergar la discusión legislativa y abrir los micrófonos ofrece una oportunidad, pero no garantiza un desenlace justo ni equitativo. El verdadero reto para el Senado será demostrar que este Parlamento Abierto no es solo un mero trámite para legitimar decisiones. El acceso a las telecomunicaciones, la libertad de expresión y la soberanía tecnológica no pueden quedar en manos de una negociación de pasillos. Se trata de derechos que exigen una defensa informada, y sin duda vigilante.
