PARA REVISAR el avance de las acciones que se realizan en Juárez para apoyar a las familias más afectadas por la lluvia, la gobernadora Maru Campos estuvo este domingo en el corazón de la emergencia, en la primaria Centauros del Norte, que ahora funciona como centro de mando estatal. Ahí pidió evacuar con urgencia a quienes viven en un radio de 1.5 kilómetros, ante la posibilidad de nuevas lluvias; la prioridad es la seguridad de las familias que viven en zonas de alto riesgo, donde el agua ya dejó daños severos y podría volver a hacerlo.
Campos Galván subrayó que la prioridad es proteger la vida, pero también dar acompañamiento real a quienes lo perdieron casi todo. “Tenemos que trabajar al máximo de nuestras capacidades para que nosotros, como soldados de Ciudad Juárez, podamos darles esa certeza a los juarenses de que su dolor puede ser evitado cada vez que tengamos estas lluvias”, expresó. Enfatizó que la presencia del Estado no debe sentirse solo en el momento de la tragedia, sino también en la respuesta concreta.
Además, anunció la apertura de tres centros de acopio en Pueblito Mexicano, El Mezquital y Parque Central, e hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad para donar productos como comida enlatada, artículos de limpieza, ropa y medicamentos. “Los juarenses siempre han demostrado que no se quedan cruzados de brazos. Vamos a salir adelante con el apoyo de todos”, señaló.
En cuanto a las prioridades inmediatas, Campos reiteró que lo primero es liberar las vialidades para que puedan llegar los apoyos a zonas que siguen incomunicadas; lo segundo, garantizar la alimentación de las personas que perdieron sus pertenencias; y lo tercero, ayudar a que las familias recuperen sus viviendas y lo poco o mucho que hayan logrado construir con esfuerzo.
Mientras tanto, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar también recorrió zonas afectadas, como la colonia Plutarco Elías Calles y el dique La Montada. Desde ahí habló de prevención y de reforzar el monitoreo en los diques más importantes, incluyendo el que está junto a la termoeléctrica y el del Arroyo de las Víboras. Prometió que el municipio se encargará de mantenerlos limpios y funcionales. Pidió incluso a la ciudadanía que avise si detecta obstrucciones.
Por lo pronto, la ayuda ha comenzado a fluir. El Gobierno del Estado ya distribuye despensas, kits de limpieza, agua, láminas y atención médica. Hay refugios habilitados, censos en marcha y maquinaria trabajando. Por su parte, el DIF municipal, brigadas religiosas y hasta vecinos voluntarios se sumaron para entregar comida caliente, levantar escombros y asistir a quienes lo perdieron casi todo.
Pero hay datos que no se pueden pasar por alto. Más de 50 mil personas viven en zonas donde el agua siempre gana. Lo dijo el titular de la JMAS, Sergio Nevárez, se trata de áreas que nunca debieron urbanizarse. Las presas Pico del Águila y Puerto La Paz evitaron una tragedia mayor al contener casi 190 millones de litros de agua. Donde la obra no se ha terminado, como en Filtros II, el agua entró con fuerza y causó estragos.
En medio de todo, la ciudadanía volvió a hacer lo que mejor sabe, organizarse. Desde colectas en redes sociales, hasta brigadas estudiantiles y campañas empresariales, Juárez demostró otra vez que, en medio del caos, la respuesta colectiva puede ser tan contundente como la institucional.
LO DEL CREMATORIO, al final resultó ser mucho peor de lo que se esperaba, pues lo que comenzó con el hallazgo de una carroza abandonada con dos cuerpos en descomposición y el rumor de al menos 60 cadáveres almacenados el pasado viernes, terminó con una cifra alarmante de 381 cuerpos localizados en condiciones indignas l cierre del domingo.
El crematorio, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, no operaba de forma clandestina. Contaba con permisos del municipio, del estado y de la federación, y había sido inspeccionado en varias ocasiones por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris). A pesar de ello, las autoridades se encontraron con lo que la gobernadora Maru Campos calificó como un “negocio rentable” montado por personas que, con licencias en regla, lucraron con los fallecidos “sin hacer ruido”.
Maru descartó cualquier vínculo con el crimen organizado. “Esto no viene de ninguna situación por parte del crimen organizado ni de ninguna situación oscura detrás. Desgraciadamente, fueron personas sin escrúpulos que le dieron mal uso a estos permisos”, declaró. También señaló que aunque hubo inspecciones, estas no fueron suficientes para detectar el mal manejo de los cuerpos. La persona detenida sigue bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, el fiscal de distrito en la zona norte, Carlos Manuel Salas, declaró que hasta ahora no se ha encontrado un delito que perseguir. Explicó que todos los cuerpos tienen certificado de defunción y están debidamente identificados. También señaló que ninguno presentaba signos de violencia y que, por ley, no pueden ser exhumados sin una orden judicial. Según el fiscal general del estado, César Jáuregui, los cadáveres habrían permanecido en el sitio un máximo de dos años, aunque el proceso de embalsamamiento complica precisar el tiempo exacto.
Sin embargo, el hallazgo de cuerpos desnudos, embalsamados y apilados en cuartos sin refrigeración no puede tratarse como un asunto meramente administrativo. No se trata solo de revisar papeles, sino de entender cómo una empresa autorizada pudo operar durante años de esa forma sin que nadie detectara lo que ocurría tras sus puertas.
Claro que prevalecen dudas sobre el tipo de supervisión que existía. Además, se investiga si hubo fraude por parte de las funerarias que contrataron los servicios del lugar, ya que algunas familias temen haber recibido cenizas que no corresponden a su ser querido.
A pesar de la documentación en regla, lo que se encontró en este crematorio contradice por completo los principios básicos de trato digno a los difuntos. Lo legal no basta para cerrar este caso. La cifra de cuerpos hallados y las condiciones en que fueron encontrados ameritan una revisión profunda no solo del establecimiento, sino del sistema entero de vigilancia y regulación.
Hoy hay casi 400 familias que merecen una explicación. La confianza en los servicios funerarios y en la vigilancia sanitaria está en entredicho. El caso no puede cerrarse con el argumento de que no hubo violencia ni delitos tipificados.
LA CONSTRUCCIÓN de un nuevo desarrollo habitacional en el suroriente de Ciudad Juárez por parte del Infonavit está por comenzar. Serán cerca de 800 viviendas las que se edificarán en un terreno de 5.4 hectáreas donado por el municipio, como parte del programa nacional de vivienda que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.
El inicio formal de las obras está previsto para finales de julio, cuando se coloque la primera piedra, sin embargo, el Infonavit lanzará este 3 de julio la convocatoria de licitación para que empresas interesadas participen en este proyecto.
La particularidad del proceso está en que no se busca una licitación abierta a compañías foráneas, la construcción se adjudicará a una empresa local, con la condición de que esté afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) o a la Canadevi de Ciudad Juárez.
Lo anterior es una respuesta para evitar que las obras puedan ser abandonadas por constructoras de fuera que, tras obtener contratos, dejan los proyectos incompletos, además que también una manera de fortalecer al sector formal de la ciudad y de garantizar mayor compromiso en la ejecución del plan.
El suroriente de Juárez ha sido durante años una de las zonas más desatendidas en términos de infraestructura y servicios. Que allí se geste un proyecto de esta magnitud no solo responde a la necesidad de vivienda asequible, también plantea la posibilidad de que este tipo de desarrollos sirvan de ancla para mejorar el entorno urbano, atraer más servicios y ofrecer a sus habitantes una mejor calidad de vida.
A 13 DÍAS de haber entrado en vigor la Ley Silla en México, todos los centros de trabajo deben garantizar que las personas que laboran de pie tengan acceso a sillas con respaldo para descansar durante su jornada. Aunque la intención es proteger la salud postural y dignificar las condiciones laborales, la forma en que se formuló la norma ha generado dudas y preocupación, especialmente entre los empleadores.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no se opone al fondo de la medida, pero sí advierte sobre la falta de definiciones específicas. ¿Cuánto tiempo debe permitirse para el descanso? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué pasa en industrias donde el ritmo de trabajo es continuo o donde ya existen pausas estructuradas, como en la manufactura? Estas son preguntas sin respuesta en la redacción actual de la ley.
En el caso de Ciudad Juárez, donde predomina la industria maquiladora, el CCE considera que muchas empresas ya aplican prácticas alineadas con el espíritu de la reforma, los trabajadores tienen al menos dos pausas durante el día para consumir alimentos en cafeterías adecuadamente equipadas. Lo que genera incertidumbre es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un plazo de 30 días para emitir los lineamientos técnicos, pero las inspecciones y posibles sanciones podrían empezar antes de que esa guía exista.
La preocupación empresarial no gira en torno a comprar sillas o asignar descansos, sino a no saber con precisión qué se espera de ellos. La ambigüedad deja espacio para interpretaciones distintas por parte de los inspectores, lo que puede traducirse en multas o conflictos laborales innecesarios.
