LA MÁS RECIENTE reunión entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tuvo como tema central el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, pese a las expectativas generadas por el contexto actual.
Maru fue enfática al aclarar que la conversación se enfocó en otros asuntos de interés para la entidad. Ahí en la reunión estuvieron los secretarios de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda; de Hacienda, José Granillo; de Desarrollo Rural, Mauro Parada; de Educación, Hugo Gutiérrez; así como el director general de la JCAS, Mario Mata. Mientras que de Gobierno Federal acudieron Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT; Julio Berdegué de la SADER; Roberto Velasco, Jefe de Unidad para América del Norte de la SRE, Humberto Juan Francisco Marengo, subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua, entre otros.
Campos explicó que el tema del tratado será atendido directamente por la federación, al tiempo que reiteró la disposición de Chihuahua para colaborar. Aseguró que no existe presión por parte del Gobierno federal y que su administración mantiene una relación cercana y respetuosa con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien, dijo, se buscarán acuerdos que beneficien al estado.
La gobernadora también recordó que Chihuahua enfrenta condiciones de sequía extrema, según datos de Conagua, lo cual complica cualquier negociación sobre recursos hídricos. A pesar de ello, subrayó que hay apertura para el diálogo y coordinación entre los niveles de gobierno.
Aunque el tema del agua ha cobrado relevancia nacional, la reunión en Gobernación se centró en una agenda más amplia relacionada con el desarrollo del estado.
UNA PARTICIPACIÓN ciudadana estimada en apenas el 10 por ciento es lo que podría ensombrecer la primera elección de jueces prevista para el próximo 01 de junio.
De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral (IEE), solo unos 310 mil ciudadanos son los que se estima, acudan a las urnas a votar por más de mil 100 cargos judiciales, entre ellos los del Tribunal Superior de Justicia local y el Poder Judicial de la Federación.
A pesar de los esfuerzos por incentivar el voto, los niveles de participación proyectados reflejan una desconexión entre la ciudadanía y las instituciones, incluso en decisiones tan relevantes como la renovación del poder encargado de impartir justicia.
El formato de campaña, con restricciones a la promoción en medios tradicionales y la ausencia de emblemas partidistas, también ha limitado la visibilidad de las candidaturas, lo que contribuye al desconocimiento generalizado sobre quiénes son los aspirantes y cuál es su trayectoria. A ello súmele el ‘mar’ de desinformación en redes sociales, donde incluso se alienta a no votar.
Frente a estos obstáculos, las autoridades electorales insisten en que la participación no debe tomarse a la ligera. Votar por quienes ocuparán cargos clave en el sistema judicial es una oportunidad para influir directamente en la calidad y legitimidad de la justicia en el país.
Sin embargo, la baja expectativa de participación deja al descubierto un reto pendiente, cómo despertar el interés ciudadano en procesos que, aunque técnicos o novedosos, tienen un impacto directo en la vida pública.
LA CONSTRUCCIÓN del Centro de Convenciones dentro del Parque Central sigue siendo impulsada desde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aún cuando este espacio mantiene por decreto, un uso limitado a fines recreativos. Sin embargo, lo que llama la atención es que a pesar de que ya se estaría en condiciones de entablar diálogos con la Federación para que dé su anuencia, el Consejo encargado de la administración de dicho parque, desconozca por completo el proyecto.
Hay que recordar que en la última reunión que tuvo el CCE, se solicitó al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, gestionar ante la Federación el tema de la autorización. El presidente municipal, ha comentado que prevé un viaje a la Ciudad de México durante los días 23, 24 y 25 de abril para abordar este tema, dado que existe un consenso entre Estado, Municipio y el Fideicomiso, faltando únicamente la luz verde por parte del Gobierno Federal.
Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Juárez, reiteró que la propuesta se está consensuado entre los tres niveles de gobierno, mencionó que el Parque Central tiene una dimensión de 47.5 hectáreas (entre las dos secciones) y el Centro de Convenciones ocuparía alrededor de 8 hectáreas.
Además, Villegas aseguró que no se verían comprometidas áreas verdes, además de que el centro podrá ser utilizado para diversos eventos académicos, culturales y hasta deportivos, lo cual sería un beneficio económico para la ciudad, por lo que pidió a los diversos sectores de la comunidad sumarse.
La propuesta choca con algunas organizaciones de la sociedad civil, quienes de manera conjunta llamaron a respetar el uso de suelo como parque público y se declararon en contra de la construcción del proyecto. A lo anterior, súmele que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, también ha reiterado que el parque no es un espacio idóneo, aún cuando existe la voluntad del Estado por apoyar el proyecto, incluso ha solicitado reconsiderar otras opciones.
Por otro lado, es de resaltar que el Consejo del Parque Central —órgano responsable de administrar y supervisar este espacio— pareciera estar excluido de las discusiones. El coordinador general del parque, David Rocha Lemus, ha confirmado que ni él ni los miembros del Consejo conocen detalles sobre el anteproyecto, ni han sido contactados por el Fideicomiso del Centro de Convenciones.
Nadie niega la necesidad que existe de un Centro de Convenciones, además de que el apoyo interinstitucional existe, sin embargo, un diálogo público amplio también sería importante.
