EN medio de un terreno hostil, de tierra pegajosa, con tintes rojizos, grumos que componen el desierto a las afueras de Ciudad Juárez, ahí quedaron sepultados 47 cuerpos sin identificar. La fosa común es el simple destino de los que nadie reclama, de quienes seguramente tuvieron una muerta violenta.
Un camión repleto de cajas de madera llegó a los terrenos del Panteón San Rafael en las afueras de esta frontera. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), algunos ataviados con bata blanca, se encargaron de bajar uno a uno los féretros austeros. Una vez bajo tierra, personal del Servicio Médico Forense (Semefo), colocó maderos con datos generales: fecha de localización, edad aproximada y sexo.
Algunos de los cadáveres permanecían en la morgue desde agosto de 2019. Por lo general, esperan ahí hasta tres meses para que sean identificados y entregados a familiares. La inhumación en la fosa común está totalmente controlada en el Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (Siec).
De acuerdo con una investigación de Milenio, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 14 mil 500 cadáveres sin identificar se fueron a la fosa común, una cifra histórica. Sin nombre ni identidad, así terminan algunas de las víctimas de ataques armados en Ciudad Juárez. Quizá prefirieron olvidarlos; a lo mejor no eran de aquí. ¿Alguien los estará buscando?
EN este espacio se ha hablado de la importancia de mejorar la calidad del servicio del transporte público. Son evidentes los años de rezago y la incapacidad de los choferes para realizar su trabajo. La renovación se debe dar de manera coordinada entre autoridades y prestadores de servicio. La Ruta Troncal II es un buen comienzo.
El diálogo ya empezó, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Seude), en conjunto con la Dirección de Transporte de Gobierno del Estado se reunieron con proveedores de camiones de transporte y de servidores de sistema de prepago para que conozcan algunos detalles de la segunda ruta del semimasivo.
Salvador Barragán, delegado de la Seude en Juárez, comentó que se les presentó a los proveedores las especificaciones de los camiones que se pretenden utilizar. Al menos cinco empresas fueron las que dieron muestra de su equipo. En este proyecto se invertirán poco más de mil millones de pesos. Uno de los proyectos más ambiciosos.
En tanto, David Holguín, director de Transporte, dijo que la nueva Ley de Transporte garantizará las mejoras en el servicio; las unidades operarán a tiempo. ¿Cuánto tardan los juarenses en llegar a su destino en camión? Más de lo que deberían, y una de las razones es la mala organización que hay en la operación de los concesionarios.
Paralelamente, en la en Congreso del Estado, se definió que el lunes arrancará la revisión de la Ley que envió el Ejecutivo. La diputada Rocío González se encargará de presidir los trabajos y dijo que la puerta estará abierta para quienes tengan dudas sobre la propuesta. Lo que se busca es que haya equilibrio entre empresas, gobierno y ciudadanos.
POLÉMICA ha sido la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de, primero, intentar rifar el avión presidencial en la Lotería Nacional (ese que no tenía ni Obama), para luego recular y mejor entregar dinero en efectivo, pero bajo el mismo concepto de la aeronave. Los cachitos costarán 500 pesos cada uno.
Para esto, pidió a empresarios de todo el país sumarse a su iniciativa y comprar cachitos. Al menos 75 empresarios de diversas regiones acudieron a una reunión con el presidente. Se pudo ver a Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Miguel Rincón Arredondo, entre otros. La cena dejó buenos resultados, pues se llevaron más de 3 millones de pesos de cachitos, según AMLO.
Para algunos esta ocurrencia, como ha sido calificada la estrategia del Ejecutivo Federal, no figura dentro de sus prioridades. Por ejemplo, empresarios juarenses no están de acuerdo con la rifa y por eso no se sumaron. Eduardo Ramos Morán, de Coparmex, aseguró que las cámaras empresariales locales, hasta el momento, no están interesadas en comprar cachitos.
Ramos Morán insistió en que López Obrador debería enfocarse en otros asuntos como la generación de empleos y garantizar el Estado de Derecho. Reprochó, además, que haya prolongado el diálogo con quienes resultan afectados por los esquemas de recaudación de impuestos. ¿A dónde aterrizará ese avión?
QUIEN presentó una denuncia formal fue Luis Villegas Montes, magistrado de la Séptima Sala Civil, contra Joaquín Sotelo Mesta, consejero de la Judicatura. Argumentó que el consejero ha tenido un mal desempeño laboral. Además, pidió que se separe del cargo para que se le investigue debidamente.
Recordó que Sotelo ha señalado, sin fundamentos, de acuerdo con el magistrado, a personal del Poder Judicial. Ha denunciado irregularidades sin pruebas, más que sus dichos en las sesiones abiertas del Consejo de la Judicatura. Solicitó la lista de asistencias, faltas y retardos. Los números no le favorecen.
Alejandro Jasso, secretario Ejecutivo de la Judicatura, se encargó de recibir la denuncia. Luis Villegas recordó que el consejero preside la Comisión de Disciplina (algo que no ha demostrado), y debería tener cuidado de lo que dice, pues podría derivar en una investigación. Ya veremos cómo termina este asunto.
