Por fin, una política pública que entiende que, si no puedes contra la realidad, mejor la legalizas. El Infonavit, brazo habitacional de la justicia social mexicana ha anunciado que regularizará unas 145 mil viviendas invadidas en el país. Sí, leyó bien: invadidas. Y no, no se trata de una confusión semántica. Hablamos de casas que alguien, en algún momento, decidió ocupar sin permiso del propietario, contrato ni hipoteca, pero que ahora podrían convertirse en propiedad legítima... por una módica suma, claro está.
Según el director del Instituto, Octavio Romero, la estrategia es sencilla: platicar con los ocupantes, advertirles que si no se regularizan no serán dueños (aunque seguirán viviendo ahí, como si lo fueran), y ofrecerles la bendición institucional para que, de forma oficial, esa ocupación deje de ser un delito y se convierta en patrimonio.
La lógica es impecable. ¿Quién necesita orden jurídico cuando puedes tener pragmatismo social? Y es que, mejor que el mago “Beto el boticario”, el Estado parece decirnos: "No son invasores, son propietarios potenciales". El truco consiste en cambiar la narrativa, y lo que antes era una invasión, hoy es una oportunidad de inclusión. Es el tipo de innovación legislativa que haría sonreír al más cínico de los políticos actuales y vaya que si hay.
Pero no nos apresuremos a repartir medallas. Hay preguntas incómodas que surgen alrededor de este nuevo mandato inmobiliario. ¿Qué pasará con los legítimos dueños que, por alguna razón, abandonaron su propiedad? Ah, no se preocupen: el Infonavit les ofrecerá otra casita igual o peor de vandalizada, de las 23 mil que adornan el catálogo de lo que alguna vez se llamó desarrollo habitacional. Un trueque digno de mercado tianguista: “¿Perdiste tu casa? ¡No importa! Aquí hay otra igual, pero con grafitis, humedad y sin ningún tipo de instalación eléctrica o de agua”. ¿No es maravilloso?
Y así, como quien aplica un curita a una fractura expuesta, el gobierno resuelve una problemática estructural con una medida que huele más a desesperación que a justicia. Porque, aunque nadie se atreva a decirlo, esta regularización es también un reconocimiento tácito del fracaso en la planeación urbana, la seguridad jurídica y la gestión de vivienda pública. Es como si el Estado confesara: “No supimos cuidar las casas de la población, pero ya que se las llevaron, mejor les cobramos algo”, total, de lo perdido lo que aparezca.
Lo preocupante no es solo la legalización de lo ilegal, sino el mensaje que se envía: si te instalas en una casa vacía y resistes el tiempo suficiente, lo más seguro es que te la vendan barata y en paguitos. Es el nuevo “modelo de adquisición patrimonial” en México: menos trámites, más paciencia.
Al final, lo que queda es una lección en sarcasmo político: cuando el caos supera al orden, lo más eficiente no es corregir, sino resignarse y regularizar. O lo que es lo mismo, agua y ajo. Y mientras tanto, los ciudadanos cumplidos que sí pagaron, firmaron y esperaron, observan cómo su esfuerzo se vuelve anecdótico en un país donde lo excepcional ya se volvió sistema y esa no es la idea…
