CHIHUAHUA continúa de a poco, consolidando su papel en la industria aeroespacial, esto al participar en la FAMEX 2025, una de las plataformas más relevantes del sector en América Latina.
La gobernadora Maru Campos asistió como invitada especial al arranque del evento, celebrado en la Base Aérea de Santa Lucía, donde se dan cita más de 600 empresas de 40 países y que estuvo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Más allá del protocolo, la presencia de Campos responde a la estrategia de seguir posicionando al estado como destino atractivo para la inversión extranjera y ampliar sus vínculos con actores clave del sector aeroespacial.
Con empresas como Textron Aviation, Bell, Honeywell, Embraer y Bombardier ya operando en su territorio, Chihuahua busca escalar su participación en la cadena global de proveeduría tecnológica y manufactura de alta especialización.
FAMEX no es solo una vitrina de innovación, sino también un espacio para la conversación sobre el futuro de la industria, desde la educación hasta el papel de las mujeres en puestos de liderazgo. Participar activamente en este tipo de foros permite al estado mantenerse a la vanguardia y atraer oportunidades que se traduzcan en empleos de calidad y crecimiento económico.
EN JUÁREZ ya comenzaron a trazarse los ‘Senderos de Paz’, el Gobierno Federal incluyó a esta ciudad en su estrategia para recuperar espacios públicos en zonas donde la violencia ha marcado generaciones enteras. Parques abandonados, calles sin iluminación, canchas tomadas por el miedo... todo eso empieza a cambiar, poco a poco, bueno al menos, así lo dio a conocer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La ciudad fronteriza forma parte de los 17 municipios en siete estados del país donde se han iniciado acciones de limpieza, rehabilitación urbana y participación comunitaria.
En Juárez, los trabajos incluyen la recuperación de parques, la pinta de murales, jornadas culturales, torneos deportivos y visitas casa por casa para acercar servicios y promover el tejido social. Vecinas y vecinos se han sumado con entusiasmo a estas actividades, contribuyendo con su participación al mejoramiento de sus propias colonias.
Además de ‘Senderos de Paz’, en la ciudad se llevan a cabo Ferias de Paz, conformación de Comités de Paz, y campañas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y familias para prevenir adicciones y fomentar la resolución pacífica de conflictos.
La estrategia también contempla el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, que ha permitido el canje de armas de fuego y juguetes bélicos por materiales recreativos y educativos.
Estos esfuerzos coordinados buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino también ofrecer nuevas oportunidades de encuentro, cultura y seguridad desde lo local.
Lo valioso de esta estrategia es que pone manos a la obra donde más se necesita, y lo hace con la gente. Claro, esto no resuelve todos los problemas de Juárez, pues la frontera requiere de espacios para vivir mejor, para confiar, para encontrarse.
ESTE MIÉRCOLES, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se reunirá para conocer las calificaciones de quienes aspiran a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con base en ello se definirá la terna que se someterá a votación en el pleno.
Desde agosto del año pasado, la CEDH no tiene una presidencia titular. Ocho meses de vacío en una institución que debería ser contrapeso, acompañamiento y vigilancia.
El proceso ha sido largo, la convocatoria se emitió desde noviembre, luego se dio espacio a las entrevistas en febrero, y apenas esta semana se discutirá quiénes tienen el perfil para asumir el cargo.
Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de los diputados de Morena, dijo que cuentan todavía con una semana para poder llevar a cabo la elección, pues ellos mismos aprobaron que la votación para el órgano derechohumanista se lleve a cabo el 30 de abril, una vez agotados los pasos de entrevistas, currículum y pruebas.
Quien ocupe la titularidad de la CEDH necesita no solo independencia real, sino también firmeza ética, conocimiento técnico y cercanía con las personas y colectivos que ven en ese espacio una posibilidad de defensa.
EN NOVIEMBRE pasado, la Guardería “Loon” fue presentada como un ejemplo de avance en el sistema de estancias infantiles. El director general del IMSS, Zoé Robledo, la visitó personalmente durante una gira en Ciudad Juárez para respaldar el programa de ampliación de los Centros de Bienestar Infantil. La imagen mostraba claramente un espacio moderno, parte del esfuerzo institucional por apoyar a madres trabajadoras con servicios dignos y seguros para el cuidado de sus hijos.
Cinco meses después, ese mismo lugar está en el centro de una investigación por agresiones sexuales contra menores de edad. La Agencia Estatal de Investigación ha dado a conocer que esta misma semana, el Grupo de Órdenes de aprehensión en la Zona Norte, detuvo a tres mujeres incriminadas por el delito de violación con penalidad agravada, en hechos, según refiere, ocurrieron en dicho espacio de cuidado.
El contraste entre la visita oficial y la realidad descubierta por las víctimas más indefensas del sistema no solo duele, también indigna.
De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, en esta guardería, ubicada en la Colonia Parque Industrial Antonio J. Bermúdez, se han realizado 53 revisiones médicas y psicológicas, además de que se han iniciado 15 carpetas de investigación y hasta el momento una persona ha sido vinculada a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva y se han realizado tres cateos.
No se trata de un caso aislado. Las autoridades han abierto carpetas de investigación por abusos similares en al menos cinco guarderías más en Ciudad Juárez. Los testimonios de niñas y niños, las revisiones médicas y los informes psicológicos han sido suficientes para judicializar decenas de casos. El patrón es alarmante, y no hay cifra que alcance a dimensionar lo que implica que una madre o un padre de familia confíe a su hijo a una institución… y termine recogiendo a un niño dañado, asustado, marcado para siempre.
Se reconoce que hay una respuesta institucional, se han cerrado centros implicados, se han canalizado a las familias a atención psicológica, se ha trabajado con fiscalías y jueces. Pero nada de eso repara el dolor, ni elimina la pregunta de fondo, ¿cómo fue posible que estos abusos ocurrieran sin que nadie los detectara antes?
La supervisión de los centros infantiles no puede ser una visita guiada. No basta con inaugurar, cortar listones o tomarse la foto. Si la presencia institucional en un lugar es incapaz de detectar el infierno que pudieran estar viviendo niñas y niños, algo está roto en los mecanismos de control, en las evaluaciones, en la preparación del personal, en la vigilancia cotidiana.
Juárez exige justicia, pero también exige garantías. Las familias que confían sus hijos a estos espacios merecen certezas, no excusas. No se puede hablar de bienestar infantil si los centros donde se supone que deben estar más seguros se convierten en escenarios de abuso. La recuperación de la confianza no llegará con más protocolos o comunicados. Llegará cuando cada niña y niño sea cuidado de verdad. Sin excepciones. Sin negligencias. Sin más horrores disfrazados.
A MENOS de dos meses de las elecciones, solo dos de los 24 aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial han hecho pública su declaración 3 de 3, a pesar del llamado que hicieron Coparmex y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción para que la ciudadanía pueda tomar decisiones con base en información clara y verificable.
Diana Idalin Ruiz Anchondo y Francisco Javier Acosta Molina son los únicos perfiles que han transparentado su situación patrimonial, fiscal y posibles conflictos de interés. El resto, 22 aspirantes, ha ignorado la solicitud, dejando sin datos clave a los votantes que el próximo 1 de junio deberán elegir quiénes integrarán este nuevo órgano del Poder Judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial nació con la promesa de fortalecer la rendición de cuentas dentro del propio sistema judicial. Sin embargo, resulta paradójico que la mayoría de quienes buscan ocupar un asiento en él no hayan respondido con la misma apertura que se espera demanden una vez dentro.
La transparencia no debería ser opcional en cargos públicos, menos en instituciones que aspiran a vigilar la legalidad y la ética dentro del Poder Judicial.
