EL EXGOBERNADOR, César Duarte reapareció en la escena pública para defender lo que consideró como una injusticia, la destrucción de cuerpos de agua en su rancho El Saucito por parte de la Comisión Nacional del Agua. En su argumento legal, la defensa sostiene que no se trata de presones ilegales, sino de una “pila grande” construida antes del Tratado de Aguas de 1944 y respaldada por una escritura pública de 1942.
La estrategia jurídica se apoya en ese documento y en el señalamiento de presuntas irregularidades por parte de Conagua. Sin embargo, el debate trasciende en medio de una severa crisis hídrica, con sequías extremas que afectan a miles de chihuahuenses, la defensa de un acaparamiento de agua, sea legal o no, por parte de un exfuncionario señalado por corrupción, resulta, al menos, políticamente insostenible.
Duarte intenta proyectarse como víctima de una persecución política, apuntando al gobierno federal y a senadores como responsables de una campaña en su contra. Pero ese intento de reposicionamiento choca con la memoria colectiva, una administración marcada por acusaciones de desvío millonario y enriquecimiento ilícito que siguen sin resolverse judicialmente.
La bancada de Morena calificó la postura del exgobernador como una muestra de cinismo. Aunque desde lo institucional ese señalamiento pueda interpretarse como parte del discurso partidista, lo cierto es que el manejo del agua en Chihuahua es un tema extremadamente delicado, y los privilegios de unos pocos no deben pasar por encima del interés general.
El debate sobre los derechos de agua, su origen y legalidad, debe resolverse con pruebas, documentos y procedimientos claros. Pero cuando quien alega daño patrimonial ha estado involucrado en uno de los casos de corrupción más notorios del estado, resulta difícil separar lo jurídico de lo político. A Duarte no se le persigue por sembrar obras, como afirma, sino por la sospecha de haber desviado recursos públicos mientras ocupaba el cargo más alto del estado.
CON EL PROPÓSITO de fortalecer la vigilancia al interior del Gobierno Estatal, Roberto Fierro, titular de la Secretaría de la Función Pública reunió a los titulares de los Órganos Internos de Control (OICs). En palabras del secretario, el encuentro buscó afianzar la coordinación entre dependencias para mejorar el servicio a la ciudadanía y garantizar mayor eficiencia administrativa.
La intención es válida, los OICs juegan un papel clave en la prevención de irregularidades y el cumplimiento de las normas dentro del servicio público. Su presencia en cada área de gobierno es fundamental para detectar fallas, corregir procesos y promover una cultura de legalidad. Sin embargo, para que estos mecanismos sean realmente eficaces, es necesario que sus funciones trasciendan lo administrativo y se enfoquen también en generar confianza ciudadana a través de resultados.
El fortalecimiento de la coordinación y la comunicación interna es un buen primer paso, pero también se requiere dar seguimiento público a las acciones correctivas, facilitar el acceso a la información y garantizar que las recomendaciones y observaciones sean atendidas con seriedad. La vigilancia interna debe tener impacto real en la forma en que se toman decisiones, se manejan los recursos y se evalúa el desempeño institucional.
Una administración pública que promueve la transparencia no solo rinde cuentas, también abre espacios para la mejora continua. Los OICs pueden ser aliados estratégicos en este proceso, siempre que su labor esté respaldada por voluntad y condiciones adecuadas para ejercer sus funciones con autonomía y eficacia.
LA AMPLIACIÓN de la avenida De Las Torres comenzará el 1 de julio con trabajos simultáneos en el nuevo tramo y en la rehabilitación del existente. La decisión, aunque acelerará los tiempos de ejecución, también implicará afectaciones al tráfico en la zona sur de la ciudad durante al menos seis meses, según ha detallado Jorge Chánez Peña, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).
El proyecto contempla una inversión total de 150 millones de pesos. De esa cifra, 50 millones serán aportados por el Municipio de Juárez para rehabilitar el tramo actual; otros 35 millones provendrán del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos para avanzar en la construcción del nuevo tramo, entre Manuel Talamás Camandari y Yepómera. El resto será cubierto por el Gobierno del Estado.
El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reconoció que inicialmente había informado que las obras se realizarían en dos etapas, pero confirmó que se ejecutarán al mismo tiempo, como sucedió con el distribuidor vial. Por ello, anticipó que se implementará una estrategia de señalización para mitigar las afectaciones a la circulación y cumplir con la meta de concluir los trabajos antes de que termine el año.
El proyecto busca desahogar una de las vialidades más transitadas y problemáticas de Juárez. La ampliación de Las Torres es una obra necesaria, el crecimiento de Juárez requiere infraestructura moderna, pero también sensibilidad con quienes transitan y viven en medio de las obras, por lo que el desafío no está solo en inaugurar, sino en ejecutar con orden, comunicación clara y responsabilidad.
PUEDE parecer insólito, pero ocurrió en Juárez, un tigre fue asegurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras ser encontrado en condiciones precarias dentro de un yonke de la colonia Toribio Ortega. El felino, un macho de aproximadamente dos años, vivía sobre tierra, sin agua disponible y alimentado con restos de pollo. No había ningún documento que acreditara su tenencia legal.
La historia no termina ahí. El animal no solo estaba encerrado, también era usado como imagen publicitaria del negocio. En redes sociales circulaban carteles y videos del llamado “Yonke El Tigre”, con promociones de autopartes acompañadas por imágenes del felino mostrando las garras detrás de una malla. El material puede rastrearse hasta noviembre de 2024.
Este caso, que empezó gracias a una denuncia ciudadana, también llevó a la detención de un hombre, Jesús Manuel A. R., luego de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado localizó en el sitio una autoparte con reporte de robo. Dos delitos distintos, en un solo lugar, que evidencian la falta de control sobre este tipo de establecimientos.
Más allá del asombro, vale la pena preguntarse cómo es posible que algo así pasara desapercibido durante meses. ¿Qué pasó con la vigilancia en “establecimientos”? ¿Qué mecanismos existen para evitar que animales salvajes vivan en condiciones así, al margen de toda norma?
Casos como este nos recuerdan que la vigilancia ambiental no puede recaer solo en las denuncias. También son una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de ciudad que queremos habitar, donde la legalidad esté realmente presente.
