EL CIERRE al cruce de carga en el puente internacional Córdova-Américas, contemplado como parte de un proyecto de modernización aprobado por autoridades de Estados Unidos, representa como hemos mencionado anteriormente un giro de alto impacto para la dinámica fronteriza de Ciudad Juárez. Aunque aún no hay una fecha definida, el eventual desvío del transporte de carga transformará rutas, aumentará la presión sobre otras vialidades y requerirá ajustes inmediatos en infraestructura urbana y logística.
Ante este panorama, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y director del IMIP, Roberto Mora sostuvieron este miércoles una reunión con personal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para presentar dos proyectos y gestionar recursos destinados a obras viales que mitiguen las consecuencias de esta medida.
El planteamiento no solo busca una reacción operativa, sino anticiparse a un reordenamiento del flujo comercial que, de no atenderse con visión metropolitana, podría saturar aún más la circulación dentro de la ciudad.
De acuerdo con el alcalde, se presentaron proyectos para dos nuevos libramientos que ayudarán a desahogar el tránsito de carga hacia los cruces fronterizos de Jerónimo-Santa Teresa y Guadalupe-Tornillo.
A inicios de mayo, Cruz había adelantado que se buscarían las gestiones ante dichas instancias federales para poder bajar recursos.
Juárez ha cargado por años con una infraestructura vial que no corresponde al volumen de su movilidad fronteriza. El tránsito de carga pesada aún atraviesa tramos residenciales y avenidas saturadas, en un esquema que fue funcional hace décadas pero que hoy representa un obstáculo tanto para la competitividad como para la calidad de vida urbana.
El cierre al paso de carga en Córdova-Américas es una decisión unilateral, pero su impacto será compartido. Juárez necesita tomar la iniciativa y no esperar a que los efectos se acumulen.
EL ANUNCIO de una posible reestructuración en la administración del Parque Central abre sin duda, el espacio a las interrogantes sobre el modelo de gestión que más conviene a este espacio público.
Carlos Ortiz Villegas, representante del Gobierno del Estado en la frontera, adelantó que el parque podría volver a ser operado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, lo que significaría revertir el esquema descentralizado con el que actualmente funciona.
El adelanto llama la atención, pues fue la propia gobernadora quien impulsó en 2022 la creación del organismo público descentralizado del Parque Central. Su justificación se basó en modelos aplicados en otras ciudades del país, con la intención de que dicho espacio tuviera la capacidad no solo de operar con suficiencia presupuestaria, sino también de apoyar a otros espacios públicos. La idea era consolidarlo como una plataforma de gestión eficiente y autosustentable, capaz de recibir donaciones, establecer alianzas público-privadas e incluso acceder a financiamiento bancario para ampliar sus actividades y funciones.
De hecho en el último informe de resultados 2024-2025 del Parque Central, se destacó que por primera vez en su historia, el espacio había generado ingresos propios cercanos a los 9 millones de pesos, gracias al fortalecimiento administrativo, la estandarización de procesos y la presentación de una cuenta pública.
A dos años de la creación de este organismo descentralizado, se habla de “áreas de oportunidad” como argumento para desmantelar el modelo, sin que se hayan detallado fallas graves ni se hayan documentado irregularidades, lo que plantea la duda de si ¿fracasó la descentralización o nunca se le dio la oportunidad de funcionar plenamente?
EN MEDIO del cierre a la exportación del ganado, el senador por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, propuso una reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal con la que busca dar respuesta a la crisis que enfrenta el sector ganadero del país.
La detección del gusano barrenador en el sur del país que afecta al ganado y pone en riesgo la sanidad del hato nacional, ya ha generado pérdidas estimadas en más de mil millones de pesos para los productores, tan solo en el caso de Chihuahua.
Ante esta situación, el legislador plantea modificar los artículos 4, 6, 55 y 56 de la ley mencionada para permitir una regionalización en la atención sanitaria, sin que esto implique quitar autoridad a la Federación.
La iniciativa propone que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) pueda actuar de forma diferenciada por regiones, con mayores capacidades para implementar operativos, vigilancia y control, según las condiciones sanitarias específicas de cada zona del país.
Vázquez Robles explicó que la intención es responder con mayor agilidad ante emergencias sanitarias, sin tener que esperar decisiones centralizadas. También retomó un modelo de regionalización ya publicado este año por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que reconoce la necesidad de actuar con estrategias diferenciadas frente a la propagación del gusano barrenador.
La iniciativa fue turnada a la comisión correspondiente del Senado, donde será analizada antes de ser llevada al pleno para su votación. Mientras tanto, los ganaderos siguen a la espera de soluciones que les permitan reanudar exportaciones.
UNA DELEGACIÓN del Senado de la República regresó a Washington D.C. para continuar las gestiones diplomáticas encaminadas a frenar la posible imposición de un impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México.
Las reuniones, que se realizan esta semana, forman parte de una segunda visita de trabajo promovida por legisladores de distintos grupos parlamentarios.
En representación de Morena participan las senadoras Andrea Chávez Treviño y Karina Ruiz Ruiz, así como los senadores Ignacio Mier Velazco y Alejandro Murat Hinojosa.
Durante los primeros encuentros, la delegación ha sostenido reuniones con representantes del cuerpo diplomático mexicano, así como con organizaciones sociales de migrantes y legisladores estadounidenses.
El objetivo es evitar la aplicación de un posible gravamen del 3.5 % a las remesas, medida que se ha discutido en ciertos sectores políticos de Estados Unidos y que, de implementarse, afectaría directamente a millones de familias mexicanas.
La senadora Karina Ruiz, quien representa a los mexicanos en el exterior, advirtió que la medida sería perjudicial para ambas naciones, tanto en lo económico como en lo social. Por su parte, Chávez Treviño señaló que la prioridad es proteger el fruto del trabajo de las personas migrantes y mantener canales de diálogo abiertos con el Congreso estadounidense.
El canciller Juan Ramón de la Fuente reconoció recientemente los avances de esta agenda legislativa, impulsada en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Washington. La delegación continúa con reuniones previstas en el Capitolio, donde esperan reforzar el posicionamiento de México frente a esta posible iniciativa fiscal.
